Sánchez carga contra el pacto PP-Vox en Extremadura por frenar las renovables y cuestionar "derechos de ciudadanía"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar en Extremadura, al considerar que "traiciona" la historia de una comunidad marcada por la emigración. En una comparecencia junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Barcelona, ha cuestionado el contenido del pacto que permitirá a María Guardiola seguir al frente de la Junta con el apoyo de Vox.

Sánchez ha sostenido que el acuerdo "cuestiona los derechos de ciudadanía" que los extremeños han reclamado históricamente fuera de la región. "Estoy convencido de que esos padres y esas madres lo que deseaban es que en los lugares de acogida se reconocieran derechos de ciudadanía. Y eso es precisamente lo que cuestiona este pacto", ha afirmado.

Migración y derechos

El jefe del Ejecutivo ha contextualizado sus críticas en la historia reciente de Extremadura, una comunidad que durante décadas ha sido emisora de población hacia otras regiones y países. En este sentido, ha subrayado que ese pasado migratorio forma parte de la identidad colectiva y ha advertido de que el acuerdo entre PP y Vox va "en sentido contrario" a ese reconocimiento de derechos.

Además, ha acusado a ambas formaciones de esconder un "recorte de derechos" bajo el concepto de desregulación. "Es un término siempre abstracto que implica el desmantelamiento de estructuras institucionales y sociales", ha señalado, recordando que "la desregulación fue lo que nos trajo la crisis financiera de 2008".

Energía y desarrollo económico

Uno de los principales reproches del presidente se ha centrado en la política energética recogida en el acuerdo. Según Sánchez, el pacto supone "frenar y oponerse al desarrollo de las energías renovables", un sector que ha vinculado directamente con la reindustrialización de Extremadura.

A su juicio, la apuesta por mantener la central nuclear de Almaraz y eliminar la ecotasa energética responde a un posicionamiento de "negacionismo climático" que puede poner en riesgo inversiones y proyectos en marcha. "Se está haciendo casus belli de la principal fuente de energía que tiene España", ha advertido.

El presidente también ha contextualizado estas decisiones en un escenario internacional marcado por tensiones energéticas, aludiendo a la guerra en Irán y su impacto en los precios del gas, el petróleo y la electricidad.

Advertencia de recursos

Sánchez ha ido más allá y ha anunciado que el Gobierno central actuará si el acuerdo se traduce en normas que vulneren derechos. "El papel lo aguanta todo, pero el Gobierno de España va a recurrir con toda la fuerza del Estado", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado actuaciones previas frente a decisiones autonómicas que, según ha dicho, intentaban "debilitar" derechos como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo o las estructuras de diálogo social.