El tribunal apela al "efecto erizo" y frena los intentos de esgrimir que el jefe de los investigadores admitió "animadversión" hacia la defensa de los Pujol

La sesión del juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia Pujol, que se celebra desde noviembre en la Audiencia Nacional, ha comenzado este lunes en el mismo punto en que terminó el pasado 26 de marzo, salvo por el hecho de que el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, se ha empleado a fondo para impedir que las defensas que han seguido interrogando al policía que estuvo al frente de la investigación discutieran con él sus conclusiones. El magistrado ha insistido en que eso provoca el "efecto erizo", por el que se "escurren las respuestas", que en gran medida no han pasado de remitirse a su informe. Tampoco ha permitido que esgrimieran las palabras en las que el responsable policial admitió "animadversión personal" hacia las defensas.

El presidente ha señalado que "hubo una manifestación desafortunada del testigo, que fue debidamente aclarada", cuando dijo que sentía "animadversión personal" porque fue denunciado y apartado de su trabajo, aunque luego matizó que con ello se refería a sus representantes, no a los acusados. El magistrado se ha mostrado tajante: "No voy a consentir ninguna pregunta más sobre ello. Pregunten sobre hechos. Las generales de la ley -en las que al principio de cada interrogatorio se pregunta a los testigos por su relación con los acusados y si ella les impide decir verdad- ya las hizo el tribunal y las interpretará de la manera que corresponda".

Poder fáctico

Hace quince días el testigo respondió ampliamente al fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, la Abogacía del Estado y la defensa de la familia Pujol. Fue cuando el mando policial argumentó la "transversalidad" con la que el expresidente catalán extendía su influencia sobre las distintas administraciones, independientemente de las siglas políticas que las gobernaran. Este lunes, a preguntas del abogado José María Fuster Fabra, ha insistido en esa idea al señalar el "poder fáctico" que los Pujol tenían sobre todas las administraciones; el letrado ha considerado tal afirmación tan exagerada que ha señalado que le "ahorraba el 80% del interrogatorio".

Tanto la abogada de Alejandro Guerrero, Ana Bernaola, como el de Gustavo Buesa, Carles Monguilod, han tratado de hacer preguntas concretas sobre los informes policiales que les han sentado a ambos empresarios en el banquillo de los acusados junto a los Pujol. El último letrado se ha quejado de indefensión, porque el policía había contestado a preguntas del fiscal auxiliado por un ordenador, mientras que con las defensas se limitaba a remitirse a su informe.

En un momento determinado el testigo ha respondido: "La vinculación con actividad criminal la tengo construida". De Prada ha aprovechado para decir que esa teoría estaba clara, para a continuación constatar que no estaba contestando con el detalle que los abogados pretendían. Previamente, el magistrado ya había señalado que era misión del tribunal determinar si las conclusiones policiales eran "alocadas" y "arbitrarias" o "fundadas" y "justificadas"; los abogados deben reservar sus manifestaciones para el trámite de informe, porque discutir con el testigo provocaba lo que se conoce como "efecto erizo", en el que el testigo repele las preguntas y quedan sin respuesta.

Más de 5.000 millones de pesetas

A continuación declaró el agente que analizó movimientos contables de las cuentas de Josep Pujol en Andorra. El policía ha detallado ante el tribunal que los hijos del expresidente catalán movieron más de 5.000 millones de pesetas -más de 30 millones de euros- "de origen desconocido" entre sus cuentas en Andorra entre 1992 y 2004. El policía ha relatado los movimientos detectados entre los hermanos, por el mismo importe y el mismo día, lo que demostraría que se habrían concertado y sustentaría la acusación de asociación ilícita que pesa sobre ellos.

Tras detallar pormenorizadamente diversos movimientos entre cuentas, el agente ha explicado que, en su opinión, con ellos la familia pretendía "crear capas" para ocultar la procedencia del dinero. Es decir, trataba de "estratificarlo, diversificarlo e introducirlo en el sistema financiero de manera legal", ha apuntado el testigo, que se ha mostrado mucho más exhaustivo en sus explicaciones que el que fue su superior. Así ha citado distintos movimientos como uno que se produjo el 29 de diciembre de 1992, desde una cuenta de Zorzano, que supuso un ingreso de 2.270.000 pesetas en la de Josep Pujol, cantidad que se transfirió a la vez a todos los hermanos, lo que supuso unos 16 millones de pesetas. En otro momento ha cifrado en 115 millones de pesetas lo transferido entre hermanos.

El agente también ha defendido como ficticio el préstamo de 990.000 euros que Jorge Barrigón, de Cat Helicopters, hizo a Josep Pujol. El testigo lo ha relacionado con el dato de que Antonio Almerich, encargado de redactar las condiciones técnicas necesarias para los concursos públicos de la Generalitat, estaba en nómina de la empresa andorrana.

También identificó las transferencias recibidas "desde países con legislación más laxa que España", por casi 750.000 dólares, así como la existencia de subcuentas para operar con distintas monedas, entre las que citó francos suizos, yenes y dólares canadienses o americanos.

El tribunal ha anunciado que no habrá juicio ni el 24 ni el 25 de marzo y, probablemente, tampoco el 30 de abril, al coincidir con una vista de cuestiones preliminares del caso en el que se ha investigado a la presunta mafia china en Madrid, cuyo principal acusado es Gao Ping.

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