Cuatro polémicas de la Constitución en casi medio siglo: del 155 a la sucesión de la Corona

Cada año, el 6 de diciembre, la Constitución copa todo el protagonismo en conmemoración del referéndum que se celebró en 1978 para su aprobación. Después, una vez se cierran las puertas del Congreso, el interés en la carta magna se disipa. Todo el mundo sabe que está ahí, pero rara vez da de qué hablar. No obstante, ha habido varias ocasiones en sus poco más de 47 años de vigencia que han generado polémica, desde su modificación con 'agosticidad' y premura a la aplicación del artículo 155.

La sucesión de la Corona

Cuando Felipe VI y Letizia anunciaron su compromiso en 2003 desconocían el debate que, en parte, iba a haber sobre su matrimonio. Pocas semanas después del anuncio, José Luis Rodríguez Zapatero, entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, proclamó su intención de reformar la Constitución para eliminar la primacía del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona española, sin que esto afectase a la situación de Felipe, entonces príncipe, que es el menor de los tres hermanos.

La reforma se hizo urgente cuando los ahora monarcas anunciaron que tendrían una hija, la actual princesa Leonor. Existía el miedo de que naciese un segundo hijo varón que se colara en la línea sucesoria. Durante años se debatió sobre esta modificación. Sin embargo, la complejidad de realizarla -requería dos tercios de las Cortes Generales, unas nuevas elecciones, una segunda aprobación y un referéndum- fue retrasando su puesta en marcha. Finalmente, el nacimiento de la infanta Sofía desactivó los temores y la Constitución sigue primando al hombre como rey.

La reforma exprés

El procedimiento ordinario de reforma de la Constitución -la aprobación de dos terceras partes del Congreso y Senado- se ha empleado en tres ocasiones. Dos de ellas con gran consenso. En 1992, por unanimidad, para introducir el sufragio pasivo de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales. En 2024, solo con el voto en contra de Vox, se eliminó la palabra "disminuidos" y se sustituyó por "personas con discapacidad". Sin embargo, este amplio acuerdo falló en 2011.

En plena crisis económica, aprovechando la discreción que otorga el mes de agosto, PSOE y PP, sin el respaldo de ningún otro partido, reformaron el artículo 135 para garantizar el principio de estabilidad presupuestaria vinculando a todas las Administraciones Públicas. Es decir, establecieron la obligación de cumplir con un límite de déficit público y de deuda. La jugada, exigida por la UE, fue muy criticada por el resto de partidos, que denunciaron no ser escuchados.

El artículo 155

En su listado de primeras veces, la Constitución tardó mucho tiempo en anotar la aplicación del artículo 155. Este precepto, estudiado en las facultades de Derecho por obligación más que por la importancia que había tenido durante 40 años, entró de lleno en el debate político en 2017, ante la inminente declaración unilateral de independencia de Catalunya. El 27 de octubre de aquel año, el Senado aprobó la aplicación del 155 por primera vez en la historia.

A la ya compleja situación se sumó la novedad: ¿qué implicaciones tenía el 155?, ¿cómo se activaba? Todas aquellas preguntas, respondidas sobre el papel, tuvieron que aplicarse a la realidad. Y de aquella polémica, el debate en 2023 y 2024 sobre la aprobación de la Ley de Amnistía. La carta magna prohíbe los "indultos generales". Esto es, establecer un listado de nombres concretos, pero ¿aprobar una ley que establezca a qué colectivos debe amnistiarse? En junio de 2025, el Tribunal Constitucional ya avaló la norma.

Jurar la carta magna

En los últimos años, la Constitución ha sido protagonista de varios plenos en el Congreso, pero no por méritos propios. A la habitual dicotomía de "jurar o prometer" la carta magna que enfrentan todos los parlamentarios al comienzo de legislatura, se ha sumado si hay que añadir alguna coletilla más. En agosto de 2023, tras las elecciones generales, hubo diputados que lo hicieron "por imperativo legal" o con alusiones a "los presos políticos" o a la "República catalana". El revuelo estuvo garantizado.

Sin embargo, como ocurre desde hace décadas, la polémica no pasó de la esfera política. En la sentencia 119/1990, el Tribunal Constitucional dejó claro que usando la expresión 'por imperativo legal' se cumplía la fórmula de juramento. Y abierta la veda, cualquier añadido parece válido. No obstante, el PP ha reformado el reglamento del Senado para que el acatamiento de la Constitución se limite a "sí, juro" o "sí, prometo". Puede que empiece así la polémica que rodee a la carta magna en los próximos años.

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