La trama de hidrocarburos de Aldama empleó un millón de euros para comprar su licencia a Ábalos y Koldo: "Lo tengo fácil jajaja"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un nuevo informe al juez del caso hidrocarburos en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que concluye que el socio del comisionista Víctor de Aldama y propietario de Villafuel, Claudio Rivas, generó un presunto fraude millonario cuantificado en 49,2 millones euros durante los años 2021 y 2022 de los que destinó aproximadamente un millón de euros a comprar voluntades políticas.

Concretamente la del exministro José Luis Ábalos a través de la compra del chalet en La Alcaidesa (Cádiz), un contrato de trabajo (en el que cobró sin prestar servicio alguno) para el que fuera su asesor Koldo García y pagos directos al propio Aldama "con el propósito de obtener influencia" para obtener la licencia de operador de hidrocarburos, "a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas".

El informe, al que ha tenido acceso El Periódico analiza los dispositivos de los investigados en el caso Koldo que ya tenía en su poder otro juzgado, el del también magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno entre los meses de septiembre de 2020 y diciembre de 2024. El documento ofrece novedades respecto a lo hasta ahora conocido, como que Aldama aseguró a sus socios que "la gestión resultaría fiable y de fácil ejecución", condicionando su disposición a intervenir ante el ministro de Transportes con "conocimiento previo de la cuantía económica que recibiría y a la valoración sobre si dicha contraprestación compensaría el inicio de las gestiones".

Así lo demuestra uno de los mensajes intervenidos, en el que la administradora de Have Got Time Leonor González Pano media entre Rivas y el comisionista Aldama en diciembre de 2020 y éste último accede a influir a favor de las empresas de hidrocarburos a cambio de dinero: «ÜKkkkk (sic) lo tengo fácil jajajajajjaja tendría que ver cuánto pagan para ver si interesa mover todo".

Así, la Guardia Civil concluye que Aldama logró el acuerdo para que el ministro José Luis Ábalos influyera en favor de los intereses de Claudio Rivas, y que esta influencia fue canalizada a través de su asesor Koldo García, "quien mantuvo contactos directos con distintos responsables ministeriales". Entre ellos el jefe de gabinete del entonces Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Juan Ignacio Díaz Bidart, y el jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marc Isaac Pons. "Por su parte, Víctor de Aldama intermedió con el director general de la Dirección General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández".

A lo largo de sus 182 páginas, el informe apunta también a que desde el momento en que la dirección de Villafuel fue asumida por María Luis Rivas, hermana de Claudio, en septiembre de 2021, esta empresaria dio instrucciones para alejarse de las presiones de Koldo. Entre las decisiones que adoptó, la de crear dos equipos de ‘compliance penal’ y prevención de blanqueo de capitales, destacan fuentes personadas en el procedimiento.

En todo caso, el informe entregado al juez Pedraz concluye que Claudio Rivas, al quién la Guardia Civil considera "máximo dirigente de la organización criminal", interesó la intermediación de Aldama con el propósito de obtener la influencia del ex ministro "y que incidiera en los órganos ministeriales correspondientes con el fin de agilizar la concesión de la autorización (como operador de hidrocarburos para Villafuel) y soslayar el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello, a cambio de una contraprestación económica".

La licencia, el "elemento nuclear"

Para los investigadores, dicha licencia constituyó "el elemento nuclear que posibilitó la operatividad de una estructura empresarial instrumental ideada para operar con efectividad en el mercado de los hidrocarburos mediante la ejecución de operativas defraudatorias", generando un "fraude multimillonario en un corto espacio de tiempo". El acercamiento al ministro también se realizó a través de una socia de Rivas, María del Carmen Pano, y su hija Leonor González (que fue pareja de Aldama).

La contraprestación para Ábalos se habría concretado a través de la instrumentalización de la suministradora Have Got Time que este industrial utilizó para la adquisición y entrega a Ábalos del citado chalet en Cádiz, "previamente elegido por el ministro", que la sociedad adquirió por 585.000 euros.

Como ya había trascendido a la opinión pública durante la instrucción del caso Koldo, el hoy diputado suspendido "dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico, todo ello bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado cuyas cuotas no fueron satisfechas, con excepción de la primera mensualidad y la fianza". Por esta gestión concreta, según la UCO Aldama percibió 292.416 euros procedentes de Have Got Time.

Los cobros de Aldama

Los agentes han podido rastrear también los movimientos de efectivo dentro de la trama para asegurar estos pagos. Así, acreditan que en diciembre de 2020 Pano disponía de fondos en efectivo tras haber retirado 108.500,00 euros de la cuenta de Ornus Import S.L. la cual había recibido previamente transferencias procedentes de la mercantil Bludger Combustibles ambas sociedades dominadas por Claudio RIVAS.

La primera entrega de fondos al intermediario Aldama se habría producido un día antes de la primera reunión en el Ministerio de Comercio e Industria, pero las conclusiones del informe añaden que "con posterioridad y ya integrado en el organigrama de la organización criminal" Aldama percibió otras cantidades "que ascendieron a 925.036,95 euros, igualmente justificadas en virtud del mismo contrato instrumental".

En cuanto a Koldo, "si bien demorado en el tiempo", la UCO apunta que fue beneficiado de un contrato de trabajo instrumentalizado por la mercantil Instalíbero District S.L., igualmente vinculada a Rivas. Dicha contratación, "bajo la apariencia de un puesto de consultor en seguridad y sobre el que no hay constancia de prestación efectiva de servicios", consta acreditado desde el 27 de enero de 2022. El 3 de marzo de 2022 recibió en concepto de nómina 1.950 euros, y seis días después, 5.000 euros en concepto de adelanto.

Suscríbete para seguir leyendo