¿Por qué usted, ciudadano, no puede reformar la Constitución? El debate de 1978 que "recortó" la democracia

Si, por algún casual, ustedes, ciudadanos, se han planteado que a tal o cual artículo de la Constitución le haría falta una renovación o, incluso, creen que estaría bien añadir algún nuevo precepto, olvídense. Eso queda reservado a la clase política. La Constitución no permite que sea la sociedad quien impulse este tipo de reformas.

Esta es la historia de cómo los españoles casi llegaron a tener ese derecho y lo perdieron en apenas una hora de debate en 1978. Un "recorte" de la democracia contra el que solo se opuso Manuel Fraga. 

Cuando los siete 'padres' de la Constitución terminaron de redactar un texto, tras 29 largas jornadas, a finales de 1977, los ciudadanos españoles tenían, en potencia, la capacidad de plantear reformas de la Carta Magna. No era sencillo. Se requerían medio millón de firmas para elevar una propuesta a las Cortes Generales, pero el camino estaba marcado. Sin embargo, seis meses después y un debate que apenas ocupa cinco folios de las más de 3.800 páginas que contienen las 67 sesiones parlamentarias para tramitar la Constitución, esta vía se cerró. 

La "desnaturalización"

Fue el 20 de junio de 1978, en la última reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Pública, cuando Gabriel Cisneros, quien gozaba ya de esa categoría de 'padre de la Constitución', defendió la enmienda de la Unión de Centro Democrático (UCD) para eliminar del procedimiento de reforma de la Carta Magna la iniciativa legislativa popular. Lo hizo, incluso a riesgo de fomentar la "partitocracia", porque dar ese poder a los ciudadanos "desnaturalizaría" la "rigidez" que se había dado al procedimiento para cambiar la Constitución. 

Le respondieron otros tres de esos siete progenitores que tuvo la Constitución. Gregorio Peces-Barba, del PSOE, y Jordi Solé, del PSUC, dieron la razón a Cisneros. El diputado socialista, que años después sería presidente del Congreso, señaló que permitir ese tipo de iniciativas a la ciudadanía no tendía a "favorecer la existencia de la democracia, sino por el contrario, a causar graves dificultades" a la misma. El parlamentario comunista, que sería más tarde ministro de Cultura, ofreció otro argumento: eliminar ese derecho de la ciudadanía reforzaba "el protagonismo del Parlamento y de los partidos políticos como canales de expresión".

El "bloque de cemento"

En aquel debate, Fraga se quedó solo. El más vinculado al régimen franquista, habiendo sido ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969, fue quien defendió con mayor arrojo la necesidad de mantener aquel derecho de los ciudadanos. Aquel 20 de junio defendió una Constitución que no fuera "una masa de cemento que pudiera llevarse por delante" un rápido cambio social, sino que tuviera "una serie de aliviaderos" para "dar salida a las nuevas necesidades sociales y, por supuesto, también dar garantía a lo que ya se ha pactado en el texto constitucional". 

"La voz del pueblo, si no es la de Dios, debe decir la última palabra en democracia", sentenció, en un ejemplo claro de cómo algunos jerarcas del franquismo supieron leer que su supervivencia política pasaba por amoldarse al nuevo régimen. En ese mismo discurso, aseveró que aquel "nuevo recorte" a la democracia semidirecta era "un error grave". Nadie le escuchó. Un mes después, en el pleno del Congreso, volvió a hacer el mismo alegato. Nadie le respondió. Aún quedaban por delante 32 sesiones parlamentarias, pero el asunto no se volvió a debatir. Y así, usted, ciudadano, perdió el derecho a plantear reformas a la Constitución. 

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