La UCO detalla las gestiones de la trama de Cerdán con el PSOE de Lambán y Uxue Barkos para lograr una concesión para Acciona

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla las gestiones que realizaron los integrantes de la trama presuntamente encabezada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en los Gobiernos autonómicos de Navarra y Aragón. Los uniformados concluyen que la participación de Cerdán "en lo concerniente al proyecto 'Mina Muga', en virtud de su vinculación a Servinabar, también se habría visto extendida a la intermediación con otros cargos públicos para la consecución de diferentes objetivos".

En concreto, en el teléfono de Koldo García los agentes descubrieron un mensaje de 3 de julio de 2018, en el que el entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes envió a su contacto telefónico "Lambán Javier", un archivo sobre la autorización de la Mina Muga, "agradeciéndole, se infiere, su participación en este asunto", dice la UCO.

Los agentes explican, además, que ese documento es "una autorización fechada el 8 de mayo de 2018 -misma fecha en que se habría tomado la fotografía del boceto manuscrito-, y emitida por el entonces alcalde de Remolinos Alfredo Zaldívar, para que la 'UTE Acciona Infraestructuras-Servinabar' realizara "los trámites administrativos precisos para la utilización de los antiguos espacios mineros como depósito definitivo de los excedentes de operación del Proyecto Mina Muga': material que debería depositarse en los antiguos huecos mineros existentes en las parcelas de titularidad municipal, toda vez que dicha localidad habría explotado tradicionalmente un macizo salino próximo al municipio".

Asimismo, el documento policial destaca que otro diagrama descubierto, de fecha 25 de abril de 2017, se proyecta una clasificación de determinados funcionarios de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón "en función de la posible predisposición u oposición a lo que se infiere pudieran ser los intereses de los investigados".

Cargos socialistas

Precisamente, entre la documentación aprehendida a Koldo García durante el registro de su domicilio, los agentes han descubierto una imagen de un manuscrito "en el que parece representarse de manera esquemática la planificación de una serie de contactos con cargos públicos vinculados al PSOE de Aragón, con la finalidad de tratar, como se verá más adelante, la concesión de una autorización del Ayuntamiento de Remolinos (Zaragoza) para el uso de un antiguo espacio minero como depósito de los residuos salinos generados por el proyecto "Mina Muga".

"Parece expresivo de que estaba previsto, a través de Koldo García y Santos Cerdán, recurrir a Francisco Javier Lambán, entonces secretario general del PSOE de Aragón y presidente del Gobierno Autonómico de dicha Comunidad, y a los que posteriormente serán identificados como Juan Antonio Sánchez Quero (presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y secretario general del PSOE en dicha provincia) y Alfonso Gómez Gámez (director general de Energía y Minas de Aragón entre 2015 y 2019), para que mediaran con el alcalde de Remolinos (entonces Alfredo Zaldívar), sobre algún asunto que culminara con 'una carta de compromiso y un convenio de obra', a suscribirse entre su consistorio y una persona identificada como "A. Martínez, dice el documento policial.

Navarra

En el caso de Navarra, el informe ha descubierto que el empresario vasco Antxon Alonso, supuesto socio de Cerdán en la mercantil Servinabar, y "escalón intermedio entre Acciona-Geoalcali y la Administración Pública, el 16 de abril de 2016 envió un correo a Miren Uxue Barcos (entonces presidenta Foral de Navarra) para solicitarle su presencia durante una reunión que mantendrían él y Fernando Merino (Acciona) con los inversores de Highfiels Resources (empresa matriz de Geoalcali)".

Los agentes han descubierto, también en relación con las supuestas gestiones, que Antxon Alonso se habría enviado a sí mismo el 16 de diciembre de 2017 un correo, "que estaría dirigido a Miren Uxue Barkos, -si bien no hay constancia de que el mismo se terminara enviando", en el que "pretendía transmitir su inquietud sobre varios asuntos relacionados con el proyecto 'Mina Muga'. Concretamente, planteaba trasladar su preocupación sobre la eliminación del residuo salino, y los problemas que esto ocasionaba para que el Ministerio de Medio Ambiente otorgase a Geoalcali la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable".

Más allá de los contactos a nivel regional mantenidos por Antxon Alonso y Koldo García, la aprobación de la concesión minera estaba supeditada a la Declaración de Impacto Ambiental favorable, que debía ser emitida por el Ministerio de Medio Ambiente. "A este respecto, no sería hasta el 31 de mayo de 2019 -momento en el que Ábalos ya formaba parte del Gobierno- cuando el proyecto minero obtendría la DIA favorable por parte del Ministerio", destaca la Guardia Civil.

Propuesto por el PNV

Si bien el proyecto minero se originó previamente al nombramiento de Ábalos como ministro de Fomento, para la UCO "cobra especial relevancia el hecho de que la DIA favorable no se obtuviese hasta la etapa ministerial de éste -principal periodo objeto de investigación-. Dicha resolución administrativa fue concedida por el entonces Director General de Biodiversidad y Calidad Ambiental Francisco Javier Cachón de Mesa. Con respecto a esta persona, como se verá en el siguiente epígrafe, fue propuesto su mantenimiento en el cargo por parte del PNV, trasladando Cerdán dicha petición a Koldo García junto con otros nombramientos".

Tal y como adelantó esta redacción, un audio interceptado a Koldo García evidencia que el que fuera asesor del Ministerio de Transportes se comprometió a que el Gobierno socialista autorizaría una concesión entre Navarra y Aragón: "Como han nombrado nuevo secretario de Estado y es la misma ministra de Medio Ambiente, esperamos que para el mes de abril, más o menos, primeros de abril, esté resuelto, y entonces ya pueda cumplir lo que prometí", dice de forma literal Koldo García en el archivo, que fue entregado por la UCO al magistrado que investiga en el Tribunal Supremo el caso Cerdán-Ábalos, Leopoldo Puente.

"Una vez que ya se ha constituido el Gobierno, ya están dando salida a los permisos; por parte de Navarra y Aragón han autorizado, es favorable, y solamente queda el DIA [Declaración de Impacto Ambiental] de Madrid", contesta Koldo García a su interlocutor, ante el que se compromete a sacar adelante la obra, que no llega a señalar, pero que al incluir a dos comunidades autónomas, Navarra y Aragón, requiere la participación del Ejecutivo central.

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