El abogado de González Amador apunta al fiscal general y a uno de los periodistas por la filtración: "No había compromiso con su fuente salvo que fuera su fuente"

El abogado Gabriel Rodríguez Ramos, que ejerce la acusación particular en el juicio contra el fiscal general del Estado en nombre del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha argumentado este jueves por qué eleva a definitiva su petición de cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos.

El abogado se ha preguntado por qué razón tanto el fiscal general como su jefa de prensa, Mar Hedo, y el periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos no han querido compartir con la investigación en el Tribunal Supremo las comunicaciones que tuvieron en la noche del 13 de marzo -momento en el que se produce la filtración-, "o más sencillo, las que no tuvieran". "¿Habría habido algún problema si las mismas no existieran? ¿Qué problema supondría para el secreto con las fuentes?", ha añadido, en referencia al periodista. "No hay ningún compromiso con su fuente salvo que fuera su fuente", ha apuntado. García Ortiz, por su parte, borró sus mensajes en sus dispositivos electrónicos.

El abogado ha incidido a lo largo de su alegato en que el fiscal general y su jefa de prensa ocultaron a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y a su responsable de prensa el proceso de confección de la nota que fue remitida al día siguiente de que El Mundo hablara de un ofrecimiento de la Fiscalía para el acuerdo y de que éste había sido frenado "desde arriba", una información falsa que trató de ser desmentida desde el Ministerio Público. "Decidieron hacerlo al margen de ellos", ha señalado, para apuntalar su tesis acusatoria, en un alegato en el que ha ido repasando todos los hechos de la, según el instructor,, "frenética" noche en la que se involucró a varios fiscales para obtener el correo finalmente filtrado.

"Relato institucional" de culpabilidad

En cuanto a la nota de prensa, el letrado ha leído su contenido, en el que apuntaba a un reconocimiento del delito por parte de la defensa del empresario, y ha señalado que añadir estos datos "no era necesario para neutralizar ningún bulo ni para saber de donde había salido o dejado de salir la propuesta de conformidad". A su juicio, lo que se lanzó fue "un relato institucional de confesión y culpabilidad firmado y en boca del ministerio fiscal", contra su cliente.

También se ha referido al uso por parte del ex líder de los socialistas madrileños Juan Lobato de un documento con el mismo contenido que el correo que le había sido reenviado por la asesora en Moncloa Pilar Sánchez Acera, el abogado de la acusación apunta a que se utilizó el diario digital El Plural para "blanquear" el uso ilícito de este documento. "Hacía falta que se publicara antes en un medio", ha explicado. "Disponían de un documento antijurídico, y al publicarlo en un medio para transformarlo en un documento ya lo habían blanqueado", señalando que así pudo ser utilizado políticamente contra Díaz Ayuso.

A partir de ahí, Rodríguez Ramos ha relatado el uso por parte de esta información que se hizo desde el Gobierno, incluso por parte del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para señalar al empresario, algo que no hizo más que aumentar con una "intensidad argumental diaria" a nivel nacional. Así, "ese relato de culpabilidad quebró la presunción de inocencia, y eso día a día por parte de miembros del Gobierno de España que le llaman delincuente confeso", ha insistido el abogado.

El papel de los periodistas

En cuanto a los periodistas, el abogado ha comentado que como "tienen derecho a acogerse a no revelar sus fuentes con la amplitud que ellos consideren", sus declaraciones en este juicio "no pueden ser valoradas como una declaración testifical normal" y por ello deben ser tomadas en cuenta "con especiales cautelas".

Así, ha vuelto a centrarse en el periodista de la Cadena Ser para concluir que "no existe un solo elemento objetivo" que sostenga sus manifestaciones sobre cómo accedió al correo horas antes de que este llegara a las 21.59 de ese 13 de marzo al Gmail del fiscal general. Lo mismo ha señalado con respecto al subdirector de elDiario.es, José Precedo, que aseguró tener el citado correo desde el 6 de marzo. A juicio de esta parte, sus manifestaciones, al igual que las que realizó el periodista de La Sexta Alfonso Pérez Medina, no sirven de prueba de descargo para García Ortiz.

Para el abogado, aunque no se llegue a la prueba directa contra el fiscal general, el punto segundo de la nota de prensa -donde se hablaba del reconocimiento de delitos- estaba decidido a las once de la noche anterior a la difusión del mensaje "y fue dictado a Mar Hedo por García Ortiz". Ello serviría ya para demostrar que se vulneró por la Fiscalía el deber de reserva y sigilo, según Rodríguez Ramos, que ha añadido que "los medios que utilizan los políticos no valen para el ministerio fiscal, pero es que además García Ortiz filtró el mail a la Cadena Ser", ha concluido. Ha defendido también la indemnización de 300.000 euros para compensar el "dolor" causado a su cliente.

Alegato del Colegio de Abogados

Después ha sido el turno del Colegio de la Abogacía de Madrid, cuyo representante, Ignacio de Luis, ha calificado de "muy reveladora" la testifical del fiscal al que se otorgó el caso de González Amador, Julián Salto, a la hora de valorar que lo ocurrido para reclamar los documentos necesarios para elaborar la nota de prensa no fue "nada normal". Ello fue a su juicio por razón de la pareja del investigado, que no era otra que la presidenta de Madrid. La clave es la causa-efecto, en una noche que la investigación llegó a calificar de "trepidante". Esta parte también pide para García Ortiz cuatro años de prisión.

De Luis también se ha referido al "tema del cianuro", la expresión que utilizó la fiscal jefa de Madrid señalando su interés en introducir algo más de intención en la nota de prensa. "La cuestión es meter una carga venenosa a lo que tenía que ser un mero comunicado informativo para aclarar si la oferta venía de un lado u otro", ha explicado, lo que redunda en la "unidad de acto" de los implicados "porque aquí se quería algo más", ha defendido. El abogado del Colegio madrileño también ha calificado "sorprendente" el testimonio del fiscal de protección de datos "que viene a justificar la quiebra de seguridad".

Sobre García Ortiz, el representante del Colegio de la Abogacía ha dicho que "hay que normalizar" el derecho al silencio al que se acogió el fiscal general para no responder a las preguntas de las acusaciones, aunque ello tiene como consecuencia la aminoración de su credibilidad. En cuanto a la aseveración que realizó al término de su comparecencia, de que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende, Ignacio de Luis ha apuntado que esta frase "poética" tiene "un competente de autoincriminación inadvertido".

¿Delito de prevaricación?

Foro Libertad y Alternativa es la única de las partes que propone que García Ortiz también sea condenado por el delito de prevaricación. Lo justifica en un abuso de sus facultades como funcionario del fiscal general que excede el delito de la revelación del secreto, por la "finalidad torticera" que tenía su orden de que le fueran remitidos los documentos sobre el caso de González Amador a su mail particular. También ha aludido a la "sincronía" entre la obtención de los documentos por el fiscal general y las informaciones sobre este asunto en la Cadena Ser.

El abogado de Manos Limpias, Víctor Soriano, que este miércoles rebajó en un año -hasta los tres años de cárcel- su petición para García Ortiz, ha manifestado que fue el propio fiscal general el que se colocó en posición de custodio de los correos, y por ello también acusan de un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Le acusa también de crear "una corriente de opinión masiva" y, además, un perjuicio también para la causa pública y la confianza de la ciudadanía en el poder judicial y el Estado de Derecho. A lo que se suma el alto cargo que el acusado ostenta, porque "se le debe suponer una actuación impoluta".

Por su parte, Juan Antonio Frago que, en nombre de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, solicita la pena más alta, seis años de cárcel, considera "totalmente acreditada el nexo causal" entre el periodista de la Ser y el fiscal general, a través de una "descarga de datos de 18 minutos", que entiende que fue una llamada por Whatsapp. Esta acusación también quiso reinvindicar a la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, que con su interrogatorio ha puesto en riesgo su "futuro profesional", porque no será renovada al frente del Ministerio Público madrileño.

Justo para concluir su alegato, el abogado de la asociación de fiscales ha comparado el borrado de datos de sus dispositivos por parte del fiscal general con el caso del asesino de sus hijos José Bretón. "Los niños nunca aparecieron, pero el borrado de la prueba en este caso eran los niños", ha llegado a señalar, para añadir que otros casos de borrado de prueba son la desaparición de fardos de droga en Campo de Gibraltar o cuando "se tira la droga por el inodoro".

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