ERC facilita que el Congreso reclame al Gobierno información sobre los negocios de Cerdán con la trama Koldo

El PP ha logrado la abstención de ERC para aprobar una iniciativa en el pleno del Congreso para exigir al Gobierno que informe a la Cámara Baja sobre la posible mediación del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y que actualmente se encuentra en prisión preventiva, para que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández fuera contratado en una de las empresas de la trama Koldo. Sin embargo, los republicanos catalanes se han opuesto a otras dos peticiones planteadas por los populares y que, por tanto, han decaído.

"España no puede permitirse un Gobierno que confunda la lealtad institucional con el silencio y la ausencia de explicaciones ante las tramas de corrupción en su seno, como tampoco se puede permitir una Administración que rehúya las exigencias de transparencia legalmente establecidas", apunta la moción presentada por el PP ante el pleno del Congreso que se ha votado este jueves.

La Cámara Baja, con el bloque de la investidura casi al completo -solo el diputado del BNG Nestor Rego se ha abstenido- ha rechazado los dos primeros puntos de la moción que instaban al Ejecutivo a remitir un informe al Congreso sobre los "aplazamientos tributarios concedidos a la empresa 'Pilot Real Estate S.L.'", vinculada al empresario Víctor de Aldama, con el fin de contrastar la posible intermediación de Koldo García. También han tumbado otra petición de información sobre las actuaciones de Hacienda frente a la empresa 'Have Got Time S.L.', relacionada con la trama.

Sin embargo, sí ha salido adelante el último punto, el cual insta al Gobierno a informar sobre si Santos Cerdán medió para la contratación del exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero en la empresa Servinabar, dado que se le contrató antes de que transcurrieran dos años del cese de Fernández Guerrero, para lo que obtuvo la pertinente autorización de compatibilidad que otorga la Oficina de Conflicto de Intereses. Ha sido la abstención de ERC y el voto afirmativo, en este caso, del BNG, lo que ha permitido que la iniciativa saliera adelante. No obstante, al tratarse de una moción, su aprobación no es vinculante y, por lo tanto, el Ejecutivo no deberá informar si no quiere.

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