El Gobierno se vuelca en la batalla por el aborto y va al choque con las comunidades del PP

El Gobierno ha convertido el derecho al aborto en un nuevo ariete contra el PP y varias de las comunidades autónomas gobernadas por los conservadores. Un choque tras el que se acusa a los populares de ceder a la agenda de la ultraderecha, como en materia de inmigración, memoria democrática o derechos LGTBI, y que replica la estrategia utilizada en las últimas elecciones generales. La batalla declarada al plan de Madrid para informar sobre el “síndrome postaborto” se elevó primero a Génova para conminar a los populares a un acuerdo que blinde en la Constitución el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y ahora se busca extender este marcaje a los territorios, donde no se estaría garantizando plenamente la normativa vigente. Así se denunciaba en el requerimiento a Madrid, Illes Balears, Aragón y Asturias para crear el registro de médicos objetores al aborto, como mandata la actual normativa.

La misiva enviada por Pedro Sánchez les da un plazo de tres meses antes de emprender acciones legales y las reacciones han sido antagónicas. Desde el Principio de Asturias, la única comunidad del PSOE requerida, se ha respondido que se garantiza ya este derecho y que “a la mayor brevedad” se aprobará el decreto para crear dicho registro. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el contrario, ha avanzado que se tomará su tiempo en responder y criticado que “obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer no parece propio de una democracia liberal”.

Cuando en el PP se alimenta un clima preelectoral, sin descartar que más comunidades adelanten elecciones junto a las previstas para el primer semestre de 2026 en Castilla y León y Andalucía, el Ejecutivo redobla su contraofensiva frente las comunidades que gobiernan. Ya sea en materia de vivienda, como se visibilizó la pasada semana en la conferencia sectorial del ramo con un plan de medidas vinculadas al reparto de más de 7.000 millones de euros en subvenciones y ayudas destinadas al sector residencial, o con mociones en parlamentos de condena al “genocidio” en Gaza para que se retrate cada grupo.

La defensa del derecho al aborto ya provocó un choque con Castilla y León en la pasada legislatura por su ‘protocolo antiaborto’ dando pasos en el Consejo de Ministros para reclamar su suspensión. Ahora se trata más de amenazas, pues no está previsto llevar al Consejo de Ministros de este martes la aprobación de un requerimiento formal. Se trata de una misiva para reclamar de forma amistosa “que cumplan antes de tener que tomar ninguna medida”, explican fuentes de Moncloa.

El detonante de esta reacción de Moncloa que busca extenderse las comunidades fue la decisión aprobada por el Ayuntamiento de Madrid la pasada semana, a iniciativa de Vox, para informar, “de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el Síndrome Post Aborto a través de las diferentes áreas implicadas”. Entonces, el propio Pedro Sánchez se encargó de extender la denuncia sobre la “regresión de derechos fundamentales” a otras instituciones gobernadas por el PP con el apoyo de Vox, más allá de la capital. Principalmente, según denunció, derivando a “clínicas privadas” a las mujeres que busquen abortar, habitualmente fuera de las comunidades autónomas donde residen.

La carta que envió este lunes para instar a la creación de registro se cerraba precisamente con el aviso de que “el Gobierno de España seguirá empleando todos los medios a su alcance para asegurar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo puedan hacerlo en la sanidad pública y con todas las garantías”. En otro de los pasajes de la misiva trasladaba que “el respeto al derecho a la objeción de conciencia no debe ser, en ningún caso, un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, sea cual sea su territorio”.

No es la primera vez que se envía una carta en esta línea. En la anterior legislatura lo hizo la por entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, y en la actual la ministra de Sanidad, Mónica García, avisando sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra los gobiernos autonómicos que no cumpliesen.

Recursos al Tribunal Constitucional

Al frente de las comunidades autónomas y del propio Ayuntamiento de Madrid se sumará el del Congreso. Los socialistas promoverán una reforma de la Constitución, a la que ya se ha opuesto el PP, para blindar el derecho al aborto. Asimismo, el Ejecutivo modificará el Real Decreto 825/2010 para impedir la difusión de "información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo". La reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de IVE tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).

El Gobierno entra de lleno a la batalla con asuntos que, como la cuestión propalestina, generan amplio respaldo social y situarían a los populares en posiciones alejadas de la centralidad. Un marcaje que se está haciendo más intenso con la Comunidad de Madrid, con recursos al Tribunal Constitucional por su plan para no declarar la Casa de Correos como lugar de memoria democrática o contra la reforma de la ley LGTBI, llegándose a anular uno de sus artículos.

Para los populares se trata de “cortinas de humo” ante las investigaciones judiciales por corrupción que acechan al entorno de Pedro Sánchez y al PSOE, pero también para recuperar impulso entre el electorado feminista tras polémicas como la gestión del ministerio de Igualdad, que dirige Ana Redondo, en la crisis de las pulseras antimaltrato. "Cumpliremos lo que diga la ley, pero la verdad de lo que hay detrás de eso es otra", reprochaba este lunes el presidente de Aragón, Jorge Azcón, para acusar a Sánchez de intentar evitar que se hable de que "hay indicios más que evidentes, casi concluyentes, de que el PSOE se está financiando de forma ilegal".

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