El Supremo considera “insultante” la estrategia de defensa de Santos Cerdán y la compara con la del ‘procés’

Al Tribunal Supremo no le gusta nada la estrategia de defensa elegida por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán para tratar de librarse de las serias imputaciones que hay en su contra, que pasan por atribuirle el papel de responsable de la trama de presunta corrupción en la adjudicación de obra pública que se conoce como caso Koldo. Fuentes del alto tribunal consideran "insultante" enmarcar al juez instructor, Leopoldo Puente, en un "complot" que, junto con Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría elegido al expolítico socialista por su "actuación en el Gobierno".

En el último escrito de la defensa para solicitar su puesta en libertad, que fue rechazado este viernes por el magistrado, se situaba su imputación en un intento de "influir en la acción del Gobierno", lo que desde el alto tribunal se califica de "disparate", porque en gran medida supondría considerar que la unidad investigadora del instituto armado "maneja al alto tribunal" y ha conseguido arrastrar a la supuesta conspiración contra el Gobierno de Pedro Sánchez no solo a Puente, sino también a los magistrados que admitieron la exposición elevada que dirigió contra él el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y los que forman la Sala de Apelación, que ha confirmado las decisiones del instructor.

A las fuentes consultadas en el alto tribunal por EL PERIÓDICO todo ello les recuerda la forma en la que la mayoría de los acusados en el 'procés' llevó su defensa, más encaminada hacia la opinión pública y organismos internacionales que al tribunal que debía juzgarlos, aunque en su caso era más sencillo sostener la persecución política, porque lo que se juzgaba era la celebración de un referéndum ilegal por saltarse la Constitución, no prácticas propias de la corrupción de la administración. En los estrados de la defensa por el entonces líder de Òmnium Cultural estaba uno de los abogados de Cerdán, Benet Salellas, que fue diputado de la formación antisistema CUP.

"Contenido extrajurídico"

En el informe en el que Anticorrupción se oponía a la libertad de Cerdán, el fiscal jefe, Alejandro Luzón, calificaba de "insostenibles" las alegaciones de "contenido parcialmente extrajurídico", trufadas "de impertinentes consideraciones políticas y abiertamente especulativas", con las que la defensa del político, ejercida también por Jacobo Teijelo, sostenía la existencia de un plan para encarcelarle. Además, negaba todas las afirmaciones de la defensa sobre la supuesta colaboración de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, con la Guardia Civil a través de una cerrada defensa de la autenticidad de los audios. Sostiene que estos se remontan a 2019, pero el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba -también imputado en la trama, pero en la Audiencia Nacional- no facilitó al comisionista Víctor de Aldama teléfonos hasta 2021.

En ese extremo coincide con el juez Leopoldo Puente, que en el auto en el que adelanta que la prisión de Cerdán no llegará a 2026, sostiene que "los archivos de audio, que constituyen ciertamente el más intenso de los indicios incriminatorios frente al señor Cerdán, fueron hallados en el registro domiciliario que se practicó por orden del Juzgado Central de Instrucción número 2". Es decir, que "no procedió a entregar las grabaciones voluntariamente, como parecería corresponderse con el papel de agente encubierto o agente provocador que, indistintamente, la defensa de Cerdán le atribuye".

La defensa de Cerdán se mantendrá firme en sus acusaciones que se vertebran en la manipulación de los audios y en que el juez Puente ordenó a la UCO investigar a aforados sin haber cursado el correspondiente suplicatorio, extremo que el propio magistrado ya ha justificado en la necesidad de comprobar si hay indicios para actuar contra ellos o no antes de dar ese paso. Fuentes de la defensa afirman a este diario que deben "actuar como si hubiese justicia", porque de otro modo serían "cómplices de un estado de cosas anómalo", de ahí que no piensen modificar su estrategia, aunque no parezca que les vaya a dar resultado ni en el Supremo ni en el Constitucional, a donde acudieron en julio en amparo.

La misma estrategia de Cerdán de acusar a los agentes de la Guardia Civil la siguió el exministro José Luis Ábalos, quien denunció a los uniformados por interceptar un sobre que decía iba a su nombre siendo diputado, y por tanto, aforado ante el Tribunal Supremo. Tanto los juzgados ordinarios de Madrid como el propio magistrado Leopoldo Puente rechazaron cualquier irregularidad en las pesquisas de la UCO.

Tampoco es que tratar de atacar el propio sistema o, al menos a la parte que afecta a una persona, sea una forma de defensa novedosa. Cuando estalló el caso Gürtel el PP acusó al juez instructor, Baltasar Garzón, de formar parte de una conspiración con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por haber coincidido en una cacería el fin de semana anterior a las detenciones. La campaña supuso la dimisión de este último por haber participado en la montería sin la preceptiva licencia de la comunidad autónoma donde se celebraba.

Estrategia de la ruptura

El abogado Antonio Alberca explica que este tipo de defensa fue denominada por el jurista francés Jacques Vergès "estrategia de la ruptura", que busca la negación de la autoridad al sistema judicial, al mismo tiempo que se concentra en obtener réditos en "sede política", según completa el jurista José Vicente Rubio Eire.

En su libro 'Estrategia judicial en los procesos políticos', Vergès alude a este tipo de estrategias rupturistas, que él mismo planteó en la defensa judicial de los argelinos insurgentes contra Francia durante la Guerra de Independencia de Argelia. Vergès manifestó años después, refiriéndose a estos juicios: "Era consciente de que la condena de los acusados estaba programada dentro del marco estrecho del proceso, pero esta relación de fuerza podía cambiar si entraba en juego la opinión pública internacional".

Esta campaña judicial-mediática acabó dando sus frutos, recuerda Rubio Eire, quien destaca que el presidente francés permutó las condenas a muerte de los implicados por condenas perpetuas de trabajos forzados, que con el paso de los años fueron amnistiados.

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