La fiscal superior de Madrid alerta de que "radicalización" del debate político favorece los ataques contra menores migrantes

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha aprovechado este miércoles su discurso anual con motivo de la apertura de tribunales en la Comunidad para calificar de "intolerable" que se trate de criminalizar a los menores migrantes cuando muchos de ellos son víctimas de organizaciones criminales "y lo único que intentan es tener un futuro que no pueden conseguir en sus países de procedencia".

Lastra ha apuntado directamente a "la polarización del debate político y la radicalización de las posiciones ideológicas", sin citar partidos concretos, porque a su juicio "crea un clima de hostilidad hacia los colectivos vulnerables que favorece que, más tarde, se ejecuten acciones violentas contra sus miembros". La mención tiene lugar después de que este martes el Congreso protagonizara un agrio debate sobre regularización de inmigrantes a cuenta de una propuesta de Vox --apoyada por el PP-- que fue rechazada por la mayoría.

Vía Barajas

Lastra ha realizado su advertencia tras ofrecer algunos datos. Así, ha señalado que e el ámbito de protección hay que destacar el elevado número de expedientes de determinación de edad de menores extranjeros procedentes no solo de la Comunidad Autónoma de Canarias, sino también, y "de manera mucho menos controlada y muy numerosa, a través del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid". Ha señalado especialmente a vuelos procedentes Casablanca y Egipto.

Así, de los 1.937 niños y niñas adolescentes no acompañados registrados en 2024, 1.110 (casi un 57,5 %) accedieron a la Comunidad de Madrid por esta vía (fueron 399 en 2023). "Esta situación ha supuesto un verdadero colapso del sistema -ha añadido durante su discurso-. No solo de las infraestructuras aeroportuarias, sino también de los recursos destinados a acoger a estas personas, entre ellos, los centros de primera acogida.

También se ha referido a la repercusión en área sanitaria, pues se cuenta únicamente con un centro hospitalario para realizar, en su caso, las pruebas radiológicas, lo que está suponiendo retrasos de hasta 8 meses en la emisión de informes.

Defensa de la Justicia

En el mismo acto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, ha realizado una intervención muy similar a la de la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General, Isabel Perelló, con motivo del acto formal de apertura de tribunales el pasado 5 de septiembre. Así, ha advertido lde que la “ciudadanía no puede estar recibiendo mensajes que, excediendo toda crítica legítima, enarbolan el eslogan de la politización”.

Para el máximo responsable de los jueces y juezas de la región esas críticas “debilitan la confianza en las instituciones y por ello, deterioran de una forma inadmisible los cimientos del Estado de Derecho”. Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el marco del solemne Acto de Apertura de Año Judicial 2025-26 en la Comunidad de Madrid.

En otro momento se detuvo en la denominada ley de eficiencia de la Justicia en el marco de la cual se articulan los nuevos tribunales de instancia. "Una premisa es unánime: sin el incremento del número de Jueces en España, cualquier reforma está avocada al fracaso”, manifestó el presidente del tribunal superior al respecto. 

A la ceremonia han asistido, además de los integrantes de la Sala de Gobierno del propio Tribunal Superior madrileño, el ministro de justicia, Félix Bolaños, hasta diez vocales del órgano de gobierno de los jueces, magistrados del Tribunal Supremo y representantes del Ministerio Fiscal, encabezados por la fiscal Superior de Madrid. También asistieron representantes de los distintos colegios profesionales; de la Abogacía, los Procuradores y los Registradores y representantes del Gobierno autonómico.

Rodríguez ha informado de que a lo largo de 024, en los órganos judiciales madrileños superaron los 1,2 millones de asuntos ingresados, lo que representa más de la séptima parte del conjunto de asuntos ingresados en el conjunto de los órganos judiciales del Estado. Se consolida de este modo -ha explicado- una tendencia imparable, que viene siendo progresión sostenida en los últimos cinco años, e implica un 22% de incremento sobre el año 2023.

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