El Supremo reduce a 75.000 euros la fianza al fiscal general en atención a la doctrina del Tribunal Constitucional

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado rectifica y reduce a 75.000 euros la fianza inicial que había impuesto al fiscal general del Estado para garantizar que pueda responder, en el caso de ser condenado, a la responsabilidad civil por un delito de revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

Este mismo martes, Álvaro García Ortiz, había ha hecho frente a esta obligación, que había sido fijada inicialmente en 150.000 euros, con parte de su patrimonio. El instructor justifica el cambio, que realiza de oficio, en el cumplimiento de la doctrina del Tribunal Constitucional, que no aplicó al sumar para el cálculo inicial de la fianza lo correspondiente a la multa a la que el fiscal general podría tener que responder si la sentencia que se dictará contra el resulta ser condenatoria. Es algo que el órgano de garantías declaró inconstitucional hace dos años.

En la Fiscalía confirmaron a EL PERIÓDICO que la presentación del aval ha tenido lugar mientras se ultimaba la presentación de un recurso directo de apelación ante la Sala de lo Penal del alto tribunal contra esta medida cautelar, por considerar que la cantidad impuesta es excesiva.

Y ello a pesar de que defensa de González Amador considera que 150.000 son insuficientes y reclama que se incremente a los 300.000 euros por el daño reputacional sufrido, al entender que la actuación del fiscal general al informar del pacto que su defensa ofreció a la Fiscalía en el marco de la causa por fraude a Hacienda abierta contra él contribuyó que se le haya llamado repetidamente "delincuente confeso". Ayer mismo pidió a Hurtado que lo reconsidere.

Se apartaba de la doctrina

El magistrado, sin embargo, acoge otro de los argumentos incluidos en el escrito de la acusación particular que ejerce el novio de Isabel Díaz Ayuso, que solicitaba la corrección de un error material al calcular la multa contemplada para el delito de revelación de secretos en el cálculo de los 150.000 euros establecidos inicialmente.

Afirma el juez que, sin responder directamente al recurso de González Amador, ahora se introduce un elemento que no fue tenido en cuenta cuando se fijaron los 150.000 euros y, “puesto que tiene repercusión favorable al acusado, no es cuestión de esperar más tiempo y prolongar la decisión sobre este particular, por cuanto que, aun sin necesidad de recurso, el propio juez, de oficio, puede hacer modificación en la cantidad, en función de las circunstancias que se le presenten”.

Ofrecimientos al fiscal

En cuanto a la presentación de la fianza, fuentes fiscales señalan a este diario que García Ortiz ha presentado un aval para asegurar la fianza, poniendo uno de sus bienes en garantía por carecer del efectivo que le reclamaba el juez Hurtado. Optó por ello pese a los ofrecimientos de familiares, amigos, y también por parte de ciudadanos anónimos para ayudarle, que ha rehusado.

Por otro lado, aún está pendiente que la Sala de apelación resuelva una petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que ejerce la acusación popular en esta causa, contra la decisión de Hurtado de no suspender a García Ortiz sus funciones por entender que dicha decisión no le corresponde, al ser de carácter administrativo y existir un vacío legal.

La asociación argumenta que suspender a García Ortiz del cargo es "imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso". En este punto, recuerda que si continuara como fiscal general durante el juicio él sería "el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes". También discrepan del argumento del instructor de que la suspensión cautelar de García Ortiz es de naturaleza administrativa y le corresponda imponerla --aunque existe un vacío legal que en principio, lo impide-- a la Inspección Fiscal.

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