Anticorrupción desmonta los argumentos de Cerdán para pedir su libertad: "El aforamiento no implica mirar para otro lado"

La Fiscalía Anticorrupción no ve motivos para revocar la situación de prisión en la que se encuentra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán desde el pasado 30 de junio, y tacha de "insostenibles" las alegaciones de "contenido parcialmente extrajurídico", trufadas "de impertinentes consideraciones políticas y abiertamente especulativas", con las que su defensa trata de presentarle como víctima de un intento de "influir en la acción del Gobierno". El ministerio público defiende ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que le mantenga preso, por su "papel director" en la trama de presunta corrupción investigada, en la que aparece como "responsable de los pagos por las adjudicaciones amañadas" con capacidad para "alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados".

Las acusaciones populares personadas en el procedimiento trabajan en su propio escrito para oponerse a la libertad de Santos Cerdán con explicaciones en la misma línea de la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO que lo interpondrán este mismo martes o a lo sumo este miércoles.

Respecto a la petición de la defensa relativa a que se informe al Congreso sobre los aforados investigados a partir de aparecer en conversaciones de Koldo García, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, recuerda que "el aforamiento", que obliga a cursar un suplicatorio a la Cámara a la que perteneza el diputado o senador en cuestión, "no implica que se mire hacia otro lado si se tiene conocimiento de algún indicio delictivo que afecta a una persona aforada", puesto que deben hacerse unas mínimas comprobaciones para determinar si se debe comenzar una investigación o descartarla.

"Para provocar el conocimiento por esta Sala de casos como el que nos ocupa, cuando en los hechos a investigar hubieran intervenido otras personas, además de la posible intervención del aforado, no basta con constatar la existencia de tal aforado, se hace necesario objetivar indicios de cierta consistencia o solidez en apoyo de su implicación en los hechos", explica el ministerio público, lo que justifica que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenara el análisis de las comunicaciones intervenidas al exasesor del exministro José Luis Ábalos.

Añade que el comisionista Víctor de Aldama, en su declaración ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 en noviembre "aseguró que había entregado a Santos Cerdán un sobre con 15.000 euros y detalló las circunstancias que rodearon dicha entrega, vinculadas precisamente a las adjudicaciones de obras, lo que ratificó y amplió ante la Sala Segunda" del Supremo cuando declaró un mes después. Ante ella "se refirió ya a la relación de Santos Cerdán con la mercantil Acciona, que meses después, ha aflorado en las grabaciones intervenidas". Las pesquisas, tras cursarse el correspondiente suplicatorio, se iniciaron después de corroborarse que había indicios suficientes para dar ese paso, no antes.

Anticorrupción va uno a uno descartando los argumentos de los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo. Así, rechaza que la causa estuviera bajo secreto cuando se envió a prisión al exdiputado, porque solo lo estuvo para realizar los registros y hasta una semana después de presentarse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que aparece confirmada la implicación de Cerdán.

Sin manipulación

También descarta el fiscal cualquier manipulación de las pruebas intervenidas en el domicilio de Koldo García, aunque las bolsas tengan distinto número de precinto. Explica que "la razón" por la que el "de la entrada y registro y el del volcado en el Tribunal Supremo no coinciden obedece a que el primero" de ellos "tuvo que ser roto en el Juzgado para proceder al clonado del dispositivo que, una vez concluido, fue depositado en una nueva bolsa de precinto con, lógicamente, un nuevo número". Todas esas vicisitudes se reflejan en un acta lo que descarta la infidelidad en la custodia de pruebas alegada.

La fiscalía también niega que los teléfonos que el comandante Rubén Villalba -imputado en la causa en la Audiencia Nacional- entregaba al comisionista Aldama estuvieran "contaminados", argumento con el que la defensa sostenía que se permitía el control de las grabaciones existentes en la causa por el instituto armado. Anticorrupción explica que los "terminales, nuevos, se le entregaban por parte del comandante Villalba para mantener una línea de comunicación segura y exclusiva entre ambos" y se consideraban "contaminados" cuando Aldama "los empleaba para hablar con terceros".

"Las grabaciones aparecen completas, sin saltos ni supresiones, se extienden a lo largo de varios años, resultan en la mayor parte de los casos inequívocas y aparecen relacionadas con otro abundante material documental como son las conversaciones de la citada aplicación de mensajería instantánea mantenidas por Koldo García con José Luis Ábalos y el propio Santos Cerdán", así como con el entonces director general de Carreteras, la expresidenta de ADIF y distintos empresarios.

"Todo ello facilita no solo la identificación de los intervinientes sino también el conocimiento de los necesarios antecedentes, situación o emplazamiento de las conversaciones y, con ello, su adecuada interpretación", remacha Anticorrupción. Por si hay dudas, la fiscalía señala que al menos parte de ellas son de 2019 y Villalba no empezó a proporcionar teléfonos a la trama hasta 2021.

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