La Fiscalía insta al juez Pedraz a declararse no competente para investigar odio contra el equipo israelí en la Vuelta

La Fiscalía de la Audiencia Nacional insta al juez Santiago Pedraz a declarar su falta de competencia en relación con una denuncia presentada por la organización pro israelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por los ataques sufridos por el equipo ciclista Israel–Premier Tech durante varias etapas de La Vuelta a España. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 abrió diligencias previas y pidió informe al Ministerio Público sobre si este órgano debería asumir la investigación este asunto y su posible admisión a trámite.

Fuentes fiscales informaron este jueves al juez en el sentido de que los hechos denunciados no son competencia de la Audiencia Nacional, al no estar contenidos en ninguno de los supuestos que contempla la ley al respecto. En consonancia con esta falta de competencia, ha eludido informar respecto a las medidas cautelares solicitadas en la denuncia, en la que se pedía la "cancelación inmediata" de la prueba deportiva.

Odio y desórdenes públicos

La denuncia fue presentada la semana pasada por parte de la organización pro israelí por delitos de odio, desórdenes públicos, delitos contra la seguridad vial y lesiones, y se dirige tanto contra los autores materiales “como contra los instigadores y amparadores institucionales”, entre los que ACOM señalan a la red RESCOP/BDS y a dirigentes y formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, “que han promovido activamente la exclusión del equipo israelí”, según el comunicado que hicieron público tras la presentación de la denuncia. También se dirige contra responsables de la Vuelta y el ministro de Exteriores.

En una ampliación de su denuncia presentada el pasado lunes, la asociación solicita a la Audiencia Nacional la cancelación inmediata de La Vuelta 2025 como "medida cautelar urgente, "ante el riesgo cierto e inminente para la vida e integridad de los deportistas y del público". Subsidiariamente, requieren refuerzos extraordinarios de seguridad, prohibición de concentraciones en los tramos de carrera e identificación y detención preventiva de los grupos ya implicados en los bloqueos

“Lejos de tratarse de manifestaciones pacíficas, los hechos documentados, evidencian acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad”, afirma en su reclamación ante la Audiencia Nacional, que si el juez acepta la petición de la Fiscalía debería ser presentada de nuevo ante los juzgados ordinarios.

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