Los jueces no olvidan las palabras de Sánchez: dos asociaciones piden que rectifique o denuncie

Una vez pasada la fecha clave de la apertura del año judicial, que comenzó este 2025 con un contundente discurso de la presidenta del Tribunal Supremo calificando de "impropias" las reiteradas descalificaciones a los jueces por parte del Ejecutivo, los jueces siguen reclamando una respuesta más concreta por parte del presidente del Gobierno después de que éste manifestara en una entrevista televisiva que hay jueces "haciendo política" en relación con las causas que afectan a sus familiares más cercanos.

Este martes, la segunda asociación en número de afiliados, Francisco de Vitoria, y la minoritaria Foro Judicial de Independiente han emitido un comunicado en el que instan a Pedro Sánchez, si considera que existen miembros del Poder Judicial que dictan sus resoluciones persiguiendo una finalidad política, que identifique tales hechos y presente "las denuncias o querellas correspondientes, ya que esas conductas serían constitutivas de un ilícito penal".

En una reclamación que hacen extensiva al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ambas asociaciones señalan agregan que "en caso de no hacerlo, rectifiquen y se desdigan de las manifestaciones vertidas, pues el recto ejercicio de sus cargos no es compatible con expresiones que cuestionan el normal funcionamiento de las instituciones públicas y menoscaban la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia".

En el caso del ministro, critican que tras el acto de apertura de los tribunales señalara en una entrevista que las manifestaciones de Sánchez eran la constatación de "una realidad incontestable", llegando incluso a pedir al Consejo General del Poder Judicial que "dé un toque serio por algunas instrucciones indefendibles»", "como si el CGPJ pudiera inmiscuirse en la labor jurisdiccional de jueces y magistrados", apunta el comunicado.

Daño a la separación de poderes

Consideran que más allá del derecho a la libertad de expresión y de la legitimidad que en democracia ha de tener la posibilidad de criticar el contenido de resoluciones judiciales, "estas declaraciones suponen un daño gravísimo a la separación de poderes y a la confianza que los ciudadanos han de tener en sus jueces y magistrados".

A juicio de ambos colectivos, el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia no se han limitado a mostrar su discrepancia con algunos autos y sentencias, "lo que sostienen es que en nuestro país existen jueces y magistrados que, en lugar de someterse al imperio de la ley, dictan sus resoluciones siguiendo un interés estrictamente político". Estas conductas, según recuerdan, suponen "el más grave delito que un juez puede cometer en el ejercicio de su función", y comparan estas afirmaciones como si desde una asociación judicial "se dijese alegremente que hay unos pocos ministros en el Gobierno de España, o unos pocos diputados o senadores, que son corruptos".

El mensaje que se transmite al ciudadano que "si un juez actúa así, cualquiera puede hacerlo", a lo que se une la normalización de este tipo de discurso, según apuntan, "hasta el punto de que participan del mismo los máximos representantes del poder ejecutivo".

Por todo ello, concluyen que en una democracia avanzada, "no es de recibo que un presidente del Gobierno y un ministro de Justicia trasladen a la ciudadanía acusaciones tan graves sobre el ejercicio de la función jurisdiccional, y que ello no tenga consecuencia alguna" e instan a rectificar o denunciar las graves conductas que señalan en sus manifestaciones.

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