Puigdemont dilata el pronunciamiento del TC para que se le aplique la amnistía al recusar a tres jueces

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha sorprendido al Tribunal Constitucional, al recusar este lunes a tres de los 12 magistrados que componen el pleno: Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y José María Macías. Con independencia de la existencia de más o menos motivos para cuestionar la imparcialidad de estos tres magistrados de sensibilidad conservadora, la iniciativa implica que el recurso de amparo que presentó en julio, en el que pedía que se le levantara la orden de detención nacional que aún pesa en su contra, vea retrasada su tramitación, puesto que la propia impugnación ya no se admitirá a trámite este martes, como estaba previsto.

Fuentes del TC señalan a EL PERIÓDICO que el movimiento del presidente de Junts no se esperaba en la corte de garantías por el retraso que supone en la tramitación de su propia impugnación, sobre todo, porque en ella planteaba como medida cautelar que se le levantara la orden de detención que hay vigente en su contra para el caso de que vuelva a España. Señalan que los argumentos que esgrime no son novedosos y no se incluyen entre los que suelen prosperar en el Constitucional, según la política general de recusaciones que mantiene. Pero, sobre todo, porque, aunque fracase en su intento de apartarlos, la mayoría del pleno del TC sigue siendo progresista.

El pleno que comienza esta semana tenía previsto admitir a trámite los recursos de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a los procesados en rebeldía por el delito de malversación, que son, además del propio Puigdemont, los 'exconsellers' Lluís Puig y Toni Comín. No obstante, solo se podrá continuar con el plan previsto respecto a los amparos presentados por estos dos últimos, porque el paso dado por el presidente de Junts implica que, antes de tomar cualquier otra decisión, se deba resolver su recusación.

La ponencia del incidente contra los tres magistrados de sensibilidad conservadora ha correspondido a la magistrada Laura Díez Bueso, pero por mucha diligencia con la que esta la aborde será imposible que se resuelva en los próximos plenos convocados. De ahí que ya no se prevea decisión sobre la admisión a trámite del amparo del expresident hasta al menos octubre. Las fuentes consultadas señalan que incluso existiría el riesgo de que aún se retrasara más y le hubiera correspondido a otro magistrado y este no viera urgencia para adelantar la resolución de la recusación a otros asuntos que ya tuviera sobre la mesa.

Motivos de recusación

El incidente de recusación, de 36 páginas, argumenta que Enrique Arnaldo debe ser apartado de la resolución del recurso de amparo de Puigdemont por su relación con el PP, partido que reclamó su encarcelamiento insistentemente -dice-, y por su amistad con los miembros del tribunal que juzgó el 'procés' Manuel Marchena y Antonio del Moral, así como con el fiscal general del Estado que firmó la querella que abrió el procedimiento que acabó en la condena de los líderes indepententistas, el fallecido José Manuel Maza.

El abogado Gonzalo Boye argumenta que debe ser apartado por publicaciones de 2015, 2016 y 2021. En esta última destaca una elegía del exfiscal general que murió en Argentina. El incidente relaciona la pérdida de parcialidad que le atribuye con las alegaciones que planteó en su día contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y el entonces magistrado del tribunal Antonio Narváez, que acabaron apartándose de los recursos del 'procés'.

En el caso de Espejel, además de su relación con el PP, partido que el escrito esgrime que la aupó al TC, y su afiliación a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, la recusación se remité al voto particular que emitió a favor de la condena del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, que fue finalmente absuelto por la Audiencia Nacional.

Contra Macías alega entrevistas en las que participó y, en concreto, una en la que el escrito afirma que comparó a Puigdemont con los "nazis" y se declaró amigo del instructor de la causa en su contra en el Supremo, Pablo Llarena. También se critica la "frontal oposición" a la amnistía que mostró como vocal del Consejo General del Poder Judicial, lo que hizo que quedara apartado a instancias del fiscal general de las deliberaciones para determinar si la amnistía era constitucional.

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