El juez cita como imputada a Leire Díez y como testigo a uno de los abogados de Cerdán por intentar desacreditar al jefe de la UCO

Con varias denuncias en Madrid y Extremadura de distintos colectivos no podía tardar mucho el día en que la excargo del PSOE Leire Díez fuera llamada a declarar ante un juez. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha sido el primero que ha puesto fecha a su comparecencia como imputada. Será el próximo 11 de noviembre, el mismo día en que ha citado a Jacobo Teijelo, uno de los dos abogados de Santos Cerdán, y al empresario Javier Pérez Dolset, quienes, a diferencia de ella, lo harán como testigos. También está citado ese día el guardia civil Rubén Villaba, imputado en el caso Koldo, con el que también se reunió la exmilitante socialista

En su auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el magistrado les cita por la denuncia interpuesta por Hazte Oír contra Leire Díez por los delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias, pero solo la admite a trámite por los dos últimos, que son respecto a los que informó a favor la fiscalía. El primero, señala la resolución, solo puede ser investigado a instancias de la persona agraviaba, y el magistrado considera prematuro pronunciarse ya respecto a la estafa procesal.

En el escrito del colectivo pro vida, que todavía debe ser ratificado por su representación legal, se relata que la entonces militante socialista "recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes socialistas".

Para ello "se reunió en el mes de febrero de 2025 con Alejandro Hamlyn, empresario acusado por un presunto delito de fraude de hidrocarburos". Durante el encuentro, al que también asistieron Pérez Dolset y Jacobo Teijelo, "la denunciada ofreció a Alejandro Hamlyn un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)", resume el magistrado en la resolución.

Según publicó El Confidencial, durante esa reunión, Leire Díez manifestó: “Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él”. A continuación afirmaba que “desmontando eso, se desmontan muchas otras cosas”

El auto añade que, según la denuncia, en marzo Leire Díez Castro se reunió también "con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para 'desmontar la Guardia Civil' y 'echar por tierra las causas judiciales' que afectan al partido socialista". El juez Zamarriego también le tomará declaración como testigo el 11 de noviembre.

El magistrado considera que estos hechos "resultan en principio subsumibles, al menos y a nivel indiciario, en el tipo delictivo descrito en el artículo 430 del Código Penal, que sanciona la venta de influencias reales o presuntas que se afirman tener con los empleados públicos al objeto de hacer valer estas para obtener de la Administración una actividad ventajosa para el que compra esas influencias, y en el tipo delictivo descrito en el 424.1, que sanciona la conducta consistente en ofrecer dádiva o retribución de cualquier otra clase por parte de un particular a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo".

De ahí que proceda a admitir a trámite la denuncia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, "sin perjuicio, claro está, de lo que se pueda acordar en un momento ulterior" en función de cómo avance la instrucción, se cuida de precisar el magistrado, que también llamará a declarar como testigos a los periodistas que publicaron las grabaciones del encuentro u otras informaciones relativas a los mismos hechos investigados.

En la rueda de prensa que ofreció Leire Díez tras publicarse las grabaciones, la exmilitante socialista trató de enmarcarlos, dentro de su labor como periodista, en una investigación que desarrollaba sobre hidrocarburos. Sus explicaciones fueron interrumpidas por el comisionista Víctor de Aldama, imputado en el caso Koldo, pero también por una de las causas relativas a fraude fiscal relacionado con empresas dedicadas a hidrocarburos.

Suscríbete para seguir leyendo