Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba hoy el protocolo para reubicar a los menores migrantes de Canarias, Ceuta y Melilla
El programa prevé trasladar a unos 3.000 jóvenes a otras comunidades a partir del 28 de agosto para cumplir con la orden emitida por el Tribunal Supremo
La autonomía de llegada será la responsable de los traslados, que serán financiados por el Estado. / EFE
EFE
El Gobierno tiene previsto aprobar este martes el protocolo que detalla cómo se llevará a cabo la reubicación de menores migrantes no acompañados, un modelo con el que prevé trasladar a unos 3.000 jóvenes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades a partir del 28 de agosto.
El real decreto, que será debatido y previsiblemente aprobado hoy en Consejo de Ministros, es la segunda norma que el Ejecutivo saca adelante después del real decreto ley del pasado 18 de marzo, que modificó la ley de extranjería para crear este mecanismo de derivación obligatoria de los jóvenes entre comunidades.
Este modelo ha generado tal rechazo entre las autonomías que once de ellas -10 presididas por el PP y Castilla-La Mancha- han recurrido el texto que lo creó ante el Tribunal Constitucional y la mayoría de las presididas por el PP dieron plantón al Gobierno la semana pasada en una Sectorial que se iba a celebrar sobre este tema.
El real decreto que se aprobará hoy establece el protocolo que habrá de seguirse para los traslados de los jóvenes y la participación en el proceso del Ministerio Fiscal, al que se comunicará la propuesta de traslado del joven y se pedirá informe en el caso de que este no quiera ser reubicado.
El texto dicta que la comunidad de origen deberá emitir un informe sobre la situación de cada joven, para lo que tendrá que realizar una entrevista personal a cada uno de ellos.
La autonomía de llegada será la responsable de los traslados, que serán financiados por el Estado mediante el fondo previsto en el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo, dotado con 100 millones de euros.
Los desplazamientos los realizarán profesionales de la entidad pública de origen, que deberán intercambiar información con los de destino sobre la situación de cada niño o adolescente.
El nuevo real decreto señala también que, en caso de que la comunidad se niegue a acoger a los menores, los profesionales que acompañen al joven pueden pedir ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo comunicarán al Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino.
Y establece que, si el menor no tiene autorización de residencia en España, esta deberá ser tramitada, con carácter preferente, por la Subdelegación del Gobierno correspondiente antes del traslado.
Al margen de este real decreto, el Gobierno prevé aprobar también hoy una declaración de emergencia dotada con 40 millones de euros y la creación 1.200 plazas para la derivación de menores solicitantes de asilo desde los recursos autonómicos de Canarias a centros gestionados por el Estado en la península.
En este caso, se trata de una medida que busca cumplir con la orden emitida por el Tribunal Supremo del pasado 25 de marzo, en la que requirió al Ejecutivo central acoger en sus recursos estatales a alrededor de mil jóvenes no acompañados solicitantes de asilo que son atendidos por Canarias al considerar que, como peticionarios de protección internacional, son competencia del Estado.
Proyecto de Ley de Información Clasificada
Además, el Consejo de Ministros aprobará el Proyecto de Ley de Información Clasificada y la remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, según han informado esta noche fuentes del Ejecutivo.
Las mismas fuentes explican que este Proyecto de Ley sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo (1968) y establece por primera vez la desclasificación automática de información clasificada, cuando transcurran unos determinados plazos.
La ley establece que el tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años.
"De esta forma -señalan-, España se sitúa en línea con las legislaciones más avanzadas en materia de información clasificada", e incluso, añaden "países como Francia, Dinamarca o Suecia tienen plazos más extensos para la desclasificación que los previstos en esta ley".
Así mismo, el proyecto de ley estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.
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