La Audiencia de Sevilla eleva su choque con el Constitucional por el caso ERE a la UE y paraliza la revisión de las sentencias

La Audiencia de Sevilla ha dado finalmente el paso y ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la causa de los ERE en las que estimó parcialmente los recursos de distintos altos cargos, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, forzando una revisión de sus condenas. En su cuestión prejudicial advierte que estas resoluciones generan "un riesgo sistémico de impunidad" y piden la paralización de su aplicación en tanto no se resuelva por parte del TJUE si se adecúan a la legislación europea.

La cuestión prejudicial, en la que la Audiencia de Sevilla lleva meses trabajando, lleva al máximo nivel de tensión el choque entre la institución judicial provincial, que dictó las sentencias en la conocida como causa política de los ERE, y el Tribunal Constitucional que, con su habitual división interna, estimó parcialmente los recursos de los condenados. Con sus sentencias el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido, anuló las condenas forzando una revisión de las sentencias por una interpretación legislativa distinta que desvincula los delitos de prevaricación o malversación de la tramitación de proyectos de ley que fueron aprobados por el Parlamento. La Audiencia, que discrepa de este planteamiento, no ha llegado a revisar las condenas y ahora las deja paralizadas a la espera de una resolución del tribunal europeo.

La Audiencia, en su cuestión prejudicial, considera que hay "dudas" sobre la adecuación de las sentencias del Tribunal Constitucional al marco legislativo europeo por lo que rechaza su aplicación hasta que no no vengan avaladas por el alto tribunal de la UE. "Esta Sala no puede descartar que las sentencias del TC generen una interpretación desigual del derecho de la UE en materia de protección de los intereses financieros y una falta de aplicación uniforme del Derecho de la UE en la materia", recogen los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

En su cuestión prejudicial, una medida sin precedentes que enfrenta a la Audiencia con el TC, los magistrados estiman que las sentencias del Constitucional "suponen una vulneración del principio de legalidad penal nacional y una interpretación restrictiva de la legalidad penal ordinaria interna respecto a los delitos relacionados con la corrupción". Por este motivo, señalan que se genera "un ámbito de impunidad que habría de resultar incompatible con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima".

Choque por las responsabilidades penales

La discrepancia entre la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Constitucional de la causa de los ERE se basa en una distinta interpretación de las consecuencias penales de las decisiones adoptadas por los altos cargos del Gobierno andaluz en ejecución de los proyectos de ley de presupuestos que habían sido aprobados en el Parlamento Andaluz. El órgano que preside Cándido Conde Pumpido dio la razón a los recursos y estimó que parte de las condenas por delitos de prevaricación y malversación no tenían base suficiente. Por este motivo, anuló las sentencias y forzó una revisión de las mismas acorde con otra interpretación jurídica.

La Audiencia rechaza este planteamiento, que supone una revisión de todas las condenas de la pieza política basadas en atribuir una relevancia penal a todas las acciones políticas vinculadas con la causa de los ERE con independencia de si venían avaladas por el proyecto de ley de presupuestos aprobado en el Parlamento: "El hecho de que fueran aprobados no parece obstáculo para atribuir relevancia penal a las resoluciones aludidas dado que la consumación del delito se produce con el dictado de las resoluciones y resulta irrelevante que el Parlamento no detectara la ilegalidad".

"En coherencia con lo expuesto -continúan los magistrados- tampoco es dable sustraernos a la convicción de que resulta incompatible con los compromisos de España con la UE mantener la irresponsabilidad de los miembros de un Gobierno de una comunidad autónoma por su actuación en la elaboración, aprobación o elevación al Parlamento europeo", recoge la cuestión prejudicial que acusa al Constitucional de haber "suplantado" las funciones que le corresponden al Tribunal Supremo "como máxima autoridad en la función de interpretar y aplicar la legislación vigente" y haberse excedido de sus competencias: "Causa un daño institucional difícilmente reparable".

Cuatro cuestiones prejudiciales

La Audiencia, tras meses de debate, ha acordado centrar su estrategia contra las sentencias del Tribunal Constitucional ante la UE en cuatro cuestiones prejudiciales. En primer lugar, solicitan al organismo europeo que determine si hay una "extralimitación" del Tribunal Constitucional en sus competencias "invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizados por los tribunales ordinarios nacionales".

En segundo lugar, la Audiencia de Sevilla reclama que el TJUE se posicione respecto a las diferencias de interpretación en torno a las responsabilidades penales vinculadas a resoluciones que tengan como base el proyecto de ley de presupuestos. Así, los magistrados advierten que con la lectura del TC "se deja al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria de modo que pudiera generar una situación de desprotección del patrimonio público y una merma del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado y de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos públicos".

La tercera cuestión subraya que esta interpretación del Tribunal Constitucional al admitir los recursos de distintos altos cargos, entre ellos Chaves y Griñán, puede ser contraria a la normativa europea y "a las exigencias internacionales de luchar contra la corrupción política, contra el fraude y contra la actividad financiera que afecta a los intereses financieros de la UE".

Por último, los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, solicitan al TJUE que avale la posibilidad de no aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional y no anular por tanto las condenas a los altos cargos por la pieza política de los ERE debido a que "conducen a entender como lícitas conductas de determinados acusados (...) de forma contradictoria con las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, el fraude y las actividades ilegales".