El Gobierno y la Generalitat reforzarán la hacienda catalana para gestionar de forma compartida el IRPF

El Gobierno y la Generalitat pondrán este lunes la primera piedra para mejorar la financiación de Cataluña, algo que llevan meses negociando. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, una de estas mejoras consistirá en reforzar el papel de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para, entre otras cuestiones, pueda gestionar de forma compartida el IRPF con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

El acuerdo que las dos administraciones firmarán en una reunión en Barcelona de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat reconocerá la voluntad de Cataluña de "profundizar en su autogobierno" a través de "desplegar la hacienda catalana para gestionar de forma progresiva los impuestos". Precisará, además, que esta voluntad es "compatible" con un "modelo tributario federal" que dé a todas las autonomías "mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección" sobre sus tributos, según fuentes de la negociación.

¿Cómo se traducirá a corto plazo este mayor despliegue de la hacienda catalana? El acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat situará como ejemplo a seguir el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), conocido como el impuesto de matriculación. En el pasado mes de febrero, el Gobierno y la Generalitat ya pactaron que la agencia catalana utilizaría aplicaciones de la agencia estatal para "asumir progresivamente tareas de gestión en el impuesto".

Pues bien, en el pacto que se alcanzará en la comisión bilateral de hoy se recogerá que "lo acordado respecto" al impuesto de matriculación "se puede replicar en el IRPF y en otros impuestos" en ámbitos como la asistencia al contribuyente, la gestión y el control. En definitiva, se acuerda que por primera vez se gestionará el impuesto de forma conjunta y se deja abierta la puerta a que la Generalitat vaya ganando poco a poco mayor protagonismo. No se recoge, sin embargo, que la meta final sea que la Generalitat recaude de forma exclusiva el IRPF en 2026.

El acuerdo que se suscribirá obligará a reforzar la ATC. Fundada en 2008, actualmente cuenta con algo más de 800 empleados, a los que la Generalitat ha anunciado que sumará otros 200. Además, el ejecutivo catalán ha encargado a Indra un nuevo plan de crecimiento para ir poco a poco ganando músculo para tener la capacidad necesaria para poder asumir otros tributos.

Modelo exportable

Otra de las cuestiones clave del pacto es que deja por escrito que, aquellos avances tributarios pactados entre el Estado y la Generalitat, serán exportables al resto de autonomías del régimen de financiación común -todas, salvo Euskadi y Navarra-. Así, en el texto que se ha trabajado entre las dos administraciones se refleja la apuesta por un "modelo de gestión tributario en red" entre la hacienda estatal y las administraciones tributarias autonómicas, por lo que las comunidades que lo deseen podrán "asumir progresivamente mayores competencias gestoras", atendiendo siempre a una "coordinación" con la agencia del Estado.

Con este redactado el Gobierno puede alegar que no se dan privilegios a la Generalitat -una de las cuestiones que siempre ha defendido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- e intentar blindarse ante posibles impugnaciones. Por su parte, la Generalitat puede reivindicar que Cataluña lidera la reforma de la nueva financiación. Está por ver si el acuerdo de este lunes también reflejará cambios en el modelo actual de reparto de recursos entre las autonomías, que la Generalitat quiere que se haga siguiendo el principio de ordinalidad y con una cuota de solidaridad añadida.

Sin el apoyo de ERC garantizado

La negociación de la financiación se ha producido a tres bandas: aunque las conversaciones formales son entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Salvador Illa, también ha participado ERC. El motivo es que la necesidad de mejorar la financiación surge del acuerdo de investidura de Illa que firmaron hace un año el PSC y el partido de Oriol Junqueras.

Por ahora, los republicanos no ven con buenos ojos lo que han pactado el ejecutivo estatal y el catalán. Consideran que deja en una posición de "subordinación" la hacienda catalana respecto a la estatal. El propio Junqueras salió el sábado a presionar a Sánchez y a Illa para que dieran a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) un papel mucho más protagonista, ya que en el pacto de investidura se fijaba que era la Generalitat la que iba a "gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos", si bien se establecía que sería "en coordinación con el Estado y la Unión Europea". "La gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña corresponden a la ATC, salvo los de naturaleza local", se reafirmaba en aquel pacto. Si no lo hacen, les advirtió de que ERC no negociará los presupuestos estatales de 2026 ni tampoco los de la Generalitat. Eso dejaría a los dos ejecutivos sin la ley más preciada de cualquier gobierno, las que le permite tener cuentas públicas actualizadas.

Como medida de presión a los socialistas, Junqueras anunció que su partido registrará en los "próximos días" en el Congreso una proposición de ley para que Cataluña pueda recaudar "todos los impuestos". Una propuesta, en principio, más ambiciosa que la que acordarán este lunes el Gobierno y la Generalitat en la comisión bilateral. Su idea es, con esta norma, atraer a los socialistas a sus posiciones. De nuevo, con la amenaza de los presupuestos bajo el brazo: esta ley a cambio de negociar las cuentas públicas.

Así pues, nadie pone en duda que en la cita de este lunes entre gobiernos se pondrá la primera piedra para mejorar la financiación de Cataluña. La incógnita es si, más allá de los socialistas, tendrá algún otro apoyo. Para que algún día salga adelante deberá pasar por el Congreso y hoy por hoy no cuenta con los votos suficientes.

En la reunión, la delegación catalana estará liderada por el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y la de Economía, Alícia Romero. La del Estado estará encabezada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Hacienda, Jesús Gascón. Destaca la ausencia de la ministra Montero, que nunca se ha sentido cómoda en esta negociación, sobre todo desde que asumió el rol de candidata del PSOE en Andalucía.

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