Sánchez da por cerrada la "crisis política" por el 'procés' tras el aval del TC a la amnistía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, calificándolo como una “magnífica noticia” porque “estamos ya cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política”, a través de su judicialización. Para el jefe del Ejecutivo se refuerza así la “convivencia territorial y la coexistencia entre ciudadanos”, pero también que España es “un Estado social y democrático de derecho”.

En declaraciones a los medios a su llegada a la reunión del Consejo Europeo, en Bruselas, el jefe del Ejecutivo ha defendido el “debate” durante los dos últimos años, provocado por los múltiples recursos contra la norma, pero también hablado de “ataques” y relacionado la medida de gracia a los dirigentes del ‘procés’ con la desactivación del independentismo y la unidad territorial. “A pesar de todos los ataques, lo que hace este Gobierno es importante para algo que es fundamental si queremos garantizar la unidad de España, la convivencia entre ciudadanos y la coexistencia entre territorios”, aseguró. Una hoja de ruta que, añadió, “es lo que también de alguna manera avala el TC”.

El TC declara constitucional la amnistía del 'procés' con los votos de la mayoría progresista

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha ido un paso más allá para defender que la ley de amnistía no será completa hasta "aplicarse a la totalidad de los protagonistas del proceso independentista, incluyendo los dirigentes independentistas. Esta fue la voluntad del legislador, según apuntó, pero reconociendo que en un Estado de derecho, la norma "han de interpretarla y han de aplicarla los tribunales de nuestro país". En este punto, añadió que "hay recursos pendientes en tribunales".

En lo que ha incidido el titular de Justicia es en que "la amnistía es legal, es constitucional y es legítima", además de "útil porque ha conseguido ya la normalización política social e institucional en Catalunya". Con el aval del TC, argumentó en declaraciones a los medios desde el Congreso, se culminaría un proceso para "devolver a la política lo que nunca debió salir de la política". En este sentido, contrapuso que "hoy Catalunya es la locomotora de una España que crece en economía, que crece en empleo, que crece en derechos, que crece en convivencia", frente a una situación que en 2018 era de fractura. "Donde antes los catalanes pensaban que el mayor de los problemas era la relación de Catalunya con España, en torno a un 40%, hoy ese porcentaje es del 9% en la sociedad catalana", explicó. 

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ya defendió antes de confirmarse la sentencia, en base a la exposición razonada, los “efectos positivos” de la ley de amnistía en la normalización institucional con Catalunya y avanzado que tras el aval del TC deberá ser “aplicable en toda su integridad”, en referencia al freno adelantado por el Supremo. “La Catalunya de hoy nada tiene que ver con la de 2017”, apuntó en declaraciones a TVE, para situar esta norma como uno de los hitos “más importantes” para llegar a esta situación.

"Plenamente constitucional"

Sánchez tampoco ha evitado cargar contra el PP y el anterior gobierno de Mariano Rajoy por "haber renunciado a la política y descargado en el poder judicial toda la respuesta a esta crisis territorial y constitucional". Asimismo, apuntó a que desde que la norma salió del Congreso siempre defendió que era "plenamente constitucional".

Desde el punto de vista puramente político, Sánchez ya reivindicó este miércoles la normalización de la situación en Catalunya tras heredar “una crisis constitucional como probablemente no habíamos tenido en los últimos 45 años de nuestra historia democrática”. Con diálogo, defendió, se habría ido superando esta situación y encontrándose soluciones. “Las sociedades tienen que mirar hacia delante, no pueden mirar hacia atrás, no pueden quedarse cautivas del pasado”, arengó echando mano de su habitual argumentario para justificar el pacto con Junts para la investidura a cambio de la ley de amnistía.

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