El Supremo se suma al malestar de la carrera judicial contra las reformas de Bolaños

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad elevar al Gobierno y las Cortes Generales, a través del Consejo General del Poder Judicial, un acuerdo en el que se suma al malestar general de la carrera judicial con la ley de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia y la reforma en profundidad de la ley orgánica del poder judicial prevista. En concreto, se muestran muy duros con la modificación anunciada en el acceso a la carrera judicial, que los magistrados reclaman que se realice mantiendo el "rigor" con el que se ha desarrollado tradicionalmente a través del sistema de oposición.

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El órgano, presidido por la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, y formado por el vicepresidente del alto tribunal, Dimitry Berberoff, los presidentes de las cinco Salas y otros tantos magistrados elegidos por sus compañeros, señala que la ley de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia y la modificación "en profundidad" de la LOPJ "han originado un intenso debate sobre cuestiones de indudable importancia y, a la vez, han puesto de manifiesto la ausencia de atención sobre otros extremos respecto de los que esta Sala de Gobierno ha reclamado, reiteradamente, la necesidad de una solución".

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las más próximas al Ejecutivo -Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales-, han convocado un paro de 10 minutos este miércoles para protestar a las puertas de los juzgados por las reformas anunciadas y la forma con la que se pretende actualizar la plantilla fiscal y judicial, a través del acceso directo a ambas carreras de los que ahora las ejercen como sustitutos o suplentes.

El acuerdo del Supremo, emitido justo la víspera de esa movilizacióna, admite que resulta "necesario adecuar la planta judicial a la media europea", de la se está "lejos", pero "para lograrlo" no se "puede prescindir del rigor en la selección de los que vayan a cubrirlas por medio de procedimientos coherentes con los artículos 14, 23 y 103 de la Constitución. Esto es, que se resuelvan únicamente con arreglo a criterios de mérito y capacidad en condiciones de igualdad, como los ya existentes, acreditados por una larga experiencia".

La Sala de Gobierno "sigue esperando desde hace años la regulación de su gabinete técnico y la mejora retributiva de sus letrados; la corrección de la insuficiente valoración de los puestos de trabajo de los funcionarios [...] en él destinados; así como actuaciones eficientes, que permitan superar las graves carencias y deficiencias que padece, desde las más elementales, incluida la conservación de su sede, hasta las relativas a la dotación de medios, avanzados y eficaces, en el plano tecnológico".

No puede ser ajena al Tribunal Supremo la extendida inquietud pues tiene que ver con las condiciones de ejercicio de la potestad de juzgar

El acuerdo denuncia que esas cuestiones "vuelven a ignorarse", con la única previsión de un servicio común de tramitación, mientras que sus puestos de trabajo están peor retribuidos que los de juzgados dependientes de las comunidades. A esos asuntos específicos unen ahora "la más general y actual sobre la propuesta de nueva ordenación del acceso a la carrera judicial y respecto de la manera de resolver la situación de jueces sustitutos y magistrados suplentes. No puede ser ajena al Tribunal Supremo la extendida inquietud que han creado pues tiene que ver con las condiciones del ejercicio de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sobre la que está llamado a pronunciarse en último término".

En este sentido, la Sala de Gobierno hace suyas las palabras de la presidenta del alto tribunal en el acto de entrega de despachos a la última promoción de la carrera judicial el pasado 23 de enero, cuando señaló que el vigente modelo de acceso a la carrera judicial garantiza la objetividad y la transparencia en la acreditación de la idoneidad y suficiencia profesional para el ejercicio de la función jurisdiccional. De ahí que "el acceso a la judicatura no precise de reformas especiales sino de medidas de apoyo, como las becas, para preparar el proceso selectivo".