El Gobierno apunta prevaricación en el caso contra el fiscal general: "No hay ninguna prueba"

"Algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”. Choque de trenes entre el poder legislativo y el judicial después del auto que sienta a las puertas del banquillo al fiscal general, Álvaro García Ortiz. El Gobierno ha subido el tono y deslizado prevaricación en la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado de dar por concluida la instrucción y proponer juzgar al fiscal general por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido la “presunción de inocencia” del Fiscal General del Estado, como hicieron desde Moncloa tras conocerse el auto, pero fue un paso más allá para poner en duda el auto del juez Hurtado porque “no hay ninguna prueba directa que determine que filtrara nada”.

Aun subrayando la “honestidad y buen trabajo de la mayoría de jueces y fiscales”, cargó contra la “evidencia” de que “algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”. Desde el Gobierno ponen en duda también que no se tuviesen en cuenta los testimonios de los periodistas que negaron haber recibido una filtración por parte del Fiscal General del Estado para insistir en su “presunción de inocencia”. “Máxime en este caso”, subrayó la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros llamando la atención sobre la supuesta falta de pruebas para sustentar el auto de procesamiento. 

Estos son los 4 indicios en los que se basa el juez Hurtado para querer juzgar al fiscal general

Como ya hizo este lunes el ministro de Presidencia y Justicia, la portavoz del Gobierno Alegría negó “rotunda y categóricamente que hubiese habido instrucciones” por parte de la Presidencia del Gobierno al fiscal general, como se apunta en el auto. “Eso no sucedió nunca”, zanjó para “lamentar que haya hecho ese tipo de afirmaciones sin ninguna prueba”.

En el escrito, el magistrado afirma que "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" se produjo un "frenético intercambio" de mensajes entre ambos "con la finalidad de ganar el relato" de que el pacto de conformidad partía de la defensa del empresario Alberto González Amador y no del ministerio público.

En privado, fuentes Moncloa insisten en que cualquier que se haya leído el auto compartiría la impresión de que es "difícil de entender" la conclusión sobre la que se sustenta. Mantienen también que seguirán respaldando al fiscal general aunque, tras los recursos, sea firme el auto de procesamiento. "Álvaro [García Ortiz] cuenta con todo nuestro apoyo hasta el final", señalan. "Con las pruebas que hay sobre la mesa, hasta el final", subrayan para argumentar que no pueden forzar su dimisión por "algo no demostrado y sobre lo que no hay ninguna prueba".

En el Gobierno confían en el proceso judicial y en que "la verdad se abrirá camino en este caso". Una confianza que argumentan en que haya "luz sobre las pruebas y no sobre los relatos" de este caso "paradigmático". Para ello, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, remarcó tras conocerse la decisión judicial que cabe recurso de apelación y vaticinar que, "sin duda, prevalecerá la verdad".

Próximos pasos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló directamente, a través de las redes sociales, la supuesta intencionalidad política detrás del auto de Hurtado y agitó la denominada 'guerra sucia judicial'. "La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal", arremetió este lunes.

Con la tensión en máximos, en el Gobierno no descartan ningún paso cuando el auto sea firme, como prevén. Sin querer referirse directamente a una supuesta prevaricación, ni tampoco hacer suyas las acusaciones del titular de Transportes, la portavoz del Gobierno defendió no moverse de su valoración ante la pregunta de si consideraba injusta la decisión del juez Hurtado. "Difícil de entender", repitió para argumentar que se trata de "una expresión lo suficientemente prudente, pero también lo suficientemente explícita".

El auto ha servido de pegamento del Gobierno con sus socios parlamentarios, incluido Podemos. Para el socio minoritario de la coalición, un procesamiento del fiscal general "manda un mensaje muy peligroso si lo que termina imputado es la lucha contra el fraude y la lucha por la verdad frente a los bulos".  La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mostró su “perplejidad ante lo que estamos asistiendo”. “No he visto un auto semejante”, aseguró en los pasillos del Senado tras la sesión de control al Ejecutivo este martes. Sin referirse tampoco directamente a prevaricación, sí insinuó una estrategia coordinada contra el Gobierno al llamar a “respetar la separación de poderes” y también “el resultado de las urnas”. Tras ello, conminó “a los poderes fácticos y al PP” a utilizar la herramienta de la moción censura, “pero basta ya de torpedear a todas las instituciones en nuestro país”.