La Fiscalía rechazó investigar en enero a la UCO por "filtrar" datos de los discos duros de Ábalos que incluyen mensajes de Sánchez

La Fiscalía Provincial de Madrid rechazó investigar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargan de las pesquisas del caso Koldo después de que el exministro de Transportes José Luis Ábalos denunciara la supuesta filtración de datos contenidos en dos discos duros que fueron requisados en febrero de 2024 durante el registro de la vivienda de su exasesor y hombre confianza Koldo García: "No se arguye motivo alguno y directo por el que tuviera que investigar a dicho Cuerpo", destacaba el escrito del fiscal Rafael Fernández Paiz, firmado el pasado 28 de enero, en el que defendía que la información publicada venía "amparada por el derecho fundamental del secreto de las fuentes".

En esos discos duros, según ha asegurado el propio Ábalos a EL PERIÓDICO, también se incluyen los mensajes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desde el pasado fin de semana ha venido publicando el diario 'El Mundo'. Precisamente este martes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo iniciará acciones legales sobre la filtración de los mensajes de Sánchez si antes no se abre una investigación al respecto.

Sin embargo, la Fiscalía sostenía en enero pasado, antes de conocerse públicamente los mensajes de Sánchez, que los policías a los que el titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, Tomás Martín Gil, encomendó las pesquisas para conocer el origen de las filtraciones denunciadas por Ábalos se dirigieron a los medios de comunicación que publicaron las informaciones sobre el exministro de Transportes, cuyos periodistas se acogieron "a su derecho constitucional de no revelar las fuentes de información". "Y, por lo tanto, [los agentes] están limitados para determinar las fuentes de los medios de comunicación" y, sin esa información, prosigue el fiscal, "no se tiene acceso a uno de los posibles autores del delito de revelación y descubrimiento de secretos".

Particulares y funcionarios

La investigación se encomendó a la Policía Nacional, que según advirtió el fiscal, no recibió ninguna orden "de no investigar a la Guardia Civil (UCO) para conocer el origen de la información". Al contrario, se encomendó a los agentes que las pesquisas se extendieran "tanto a particulares como a funcionarios". Sin embargo, no pudieron llevar a cabo el encargo "al no poder identificar, ni de forma somera, a alguno de ellos".

Ábalos presentó un escrito en el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, que instruye la denuncia de Ábalos, en el que lamentaba que no se hubieran "agotado las líneas de investigación, principalmente investigar a la UCO, para conocer la filtración de la información". Y según el exministro los datos revelados están en poder del Juzgado Central de Instrucción 2 de Madrid en el marco del caso Koldo. En concreto, se trata de los discos duros que fueron requisados en la vivienda de Koldo, quien los habría guardado en su casa tras abandonar ambos el Ministerio de Transportes. En esos dispositivos Ábalos guardó también los mensajes de Sánchez, pues según explicó a esta redacción tenía intención de escribir unas memorias sobre su paso por la política.

El Ministerio Fiscal rechazó, en sentido contrario a las quejas de Ábalos, que no hubiera habido una "investigación auténtica y eficaz", sino que la Policía Nacional estableció que no podía "traspasar los límites constitucionales para continuar" sus pesquisas y, por tanto, solo se podía acordar "el sobreseimiento de la causa".

El juez archivó la causa

En un auto de 3 de marzo el titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, Tomás Martín Gil, de forma coincidente con la petición del fiscal Fernández Paiz, acordó confirmar la decisión que había adoptado el 30 de diciembre de dictar un sobreseimiento provisional de la denuncia por las filtraciones. En su resolución, el magistrado lamentó que el escrito del abogado de Ábalos incluyera "afirmaciones de trazo grueso, innecesarias para el ejercicio del derecho de acusación o defensa, al dibujar e insinuar conceptos del tipo de prevaricación [...] que en opinión del recurrente pretende amparar una situación de impunidad policial en perjuicio del mismo". Y también dio un toque de atención al ex secretario de Organización del PSOE sobre sus pretensiones, al asegurar, de forma literal: "No debiera sorprender al recurrente que el resultado tan previsible de la investigación diera lugar a la previsible resolución consecuente dictada".

En este sentido, en su escrito la Fiscalía también salió en defensa del instructor: "Que el juez de instrucción no estime la solicitud de diligencia de tomar declaración a miembros de la UCO (solicitud del denunciante del escrito de 2 de octubre) no supone que esté cerrando la investigación de forma prematura, sino que basa dicha pretensión de investigar a dichos miembros en meras noticias y lecturas que se realizan de manera sesgada en la que se atribuye a este Cuerpo como el origen de la filtración", zanjó el fiscal Fernández Paiz.

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