DECRETO-LEY DEL GOBIERNO

El PP rechaza acoger más menores migrantes por un “reparto partidista” pero asegura que “cumplirá la ley”

Los populares insisten en que no pueden contribuir más a la acogida, pero Tellado afirma que sus CCAA “siempre cumplen la ley” si llega a aprobarse. También anuncian recursos a la Justicia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la secretaria general, Cuca Gamarra, en el Congreso.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la secretaria general, Cuca Gamarra, en el Congreso. / Jesús Hellín

Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

El PP rechaza acoger a nuevos menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas donde gobierna si el Ejecutivo central no pone a su disposición más medios y refuerza la financiación. Fuentes de Génova insisten en esta postura poco después de saber que el Consejo de Ministros aprueba este martes el real decreto-ley que busca reubicar a un total de 4.000 menores llegados a Canarias y 500 procedentes de Ceuta. El decreto es el resultado de la negociación con Junts tras dar por imposible la reforma de la Ley de Extranjería a la que el PP se niega por entender que debería abordarse más allá del artículo 35 para hacer estructurales los criterios de reparto.

El portavoz conservador en el Congreso, Miguel Tellado, insistió en que el Gobierno "intenta cambiar unilateralmente" la Ley de Extranjería para "obligar a las CCAA a gestionar el resultado de su mala gestión" y volvió a repetir que su partido "no puede compartir este reparto porque se hace de forma partidista". También confirmó que las comunidades buscarán mecanismos, incluidos los recursos ante la Justicia. Pero Tellado confirmó que si el real decreto ley se aprueba, "no encontrarán ninguna comunidad autónoma del PP que incumpla la ley". Eso implicaría recurrir la decisión y oponerse políticamente pero, al final, aceptar a los menores que correspondan a cada territorio.

Las comunidades autónomas más afectadas por el fenómeno migratorio como Andalucía, la Región de Murcia, Ceuta obviamente y Baleares, llevan meses insistiendo en que han sobrepasado su capacidad de acogida y que no disponen de recursos suficientes para poder asumir con todo lo que conlleva a nuevos menores de edad procedentes de otros países.

Fuentes de la dirección nacional afirman que "los territorios del PP se negarán a acoger si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías". En el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo afirman, como han hecho tantas otras veces, en que "son personas a atender y no paquetes a recepcionar".

El real decreto ley del Gobierno llega un día después del acuerdo presupuestario en la Comunidad Valenciana para el que el PP ha tenido que aceptar muchas exigencias de Vox, también en materia de inmigración y que el número dos del partido ultra, Ignacio Garriga, resumió de la siguiente manera: "Ni un mena más en la Comunidad Valenciana", dijo. En Génova rechazan las críticas de "racismo" hacia esa autonomía, afirmando que se mantienen en la postura defendida en los últimos meses y que aplicarán todas las autonomías.

"Este planteamiento es consecuente con la postura del PP y que fue suscrita por Feijóo y por el presidente canario, Fernando Clavijo. Si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida de los inmigrantes menores de edad las autonomías del PP no podrán colaborar en su adaptación a nuestro país", afirman.

En aquel acuerdo que suscribieron Feijóo y Clavijo en septiembre del año pasado en Canarias se recogíaun fondo de contingencia propio para las autonomías con recursos suficientes para todos los menores acogidos hasta que cumplan la mayoría de edad, y el compromiso del Estado de sufragar los recursos extraordinarios de las CCAA cuando vean sobrepasadas sus capacidades de atención de menores.

En Génova repiten que considran "insolidario" tener a los menores "hacinados en centros sobresaturados" y consideran que el Gobierno propone criterios partidistas para el reparto de los menores. "El Gobierno que ya troceó la gestión de fronteras y el control de la inmigración para contentar al independentismo catalán se abre ahora a mandar inmigrantes con carácter discrecional y con criterios políticos", sostienen.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ya anticipó que llevará el acuerdo a la justicia y lo denunciará en la Unión Europea, mientras que la presidenta balear, Marga Prohens, también anticipó que no aceptará más menores si no hay "criterios justos y equilibrados" y "más financiación.

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