El Gobierno aprueba el decreto pactado con Junts para el reparto de menores migrantes desde Canarias

El Gobierno ha aprobado este martes un decreto-ley para activar la distribución a las comunidades autónomas de los menores migrantes que acoge Canarias tras llegar a un acuerdo con Junts. Se hará a través de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para plantear una solución estructural en lugar de puntual. Para ello se declarará la situación de contingencia migratoria extraordinaria en los territorios cuyo sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria.

El Ejecutivo dará ahora hasta el 31 de marzo a las comunidades autónomas para que aporten los certificados sobre las plazas de acogida que tienen activas y calcular así la reubicación este 2025 de 4.400 menores. El titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aclaró que para el reparto, en el caso de que no haya acuerdo unánime en la conferencia sectorial del ramo, se establecerán criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).

El PP rechaza acoger más menores migrantes por un “reparto partidista” pero asegura que “cumplirá la ley”

Según han trasladado fuentes de Junts, estos criterios significarán que Cataluña reciba entre 20 y 30 menores de los 4.500 que se distribuirán por toda la Península. En el caso de Madrid, al haber hecho un esfuerzo previo más reducido, le corresponderán alrededor de 700 plazas de acogida. Las compensaciones económicas, con todo, se realizarán teniendo en cuenta tanto las plazas de nueva creación como las que ya tenían hasta ahora las comunidades autónomas. Desde el Ejecutivo ha evitado negar estos datos, si bien prefieren esperar para definirlos a que las comunidades aporten los certificados. Si bien, Torres ha reconocido que "Cataluña y País Vasco son históricamente" comunidades con mayores datos de acogida.

Los criterios elaborados por el ministerio de Juventud e Infancia benefician a Euskadi y Cataluña, al tenerse en cuenta en el número de plazas de acogida criterios como el esfuerzo realizado previamente de forma voluntaria, aunque el principal será la población. Ambas comunidades están a la cabeza, junto a Navarra, por lo que serían las que menos plazas crearían de cara a la acogida de los 4.400 menores a reubicar. Se trata de unos 4.000 procedentes de Canarias y de 400 de Ceuta, según se había previsto en el mecanismo de reparto extraordinario.

Cataluña tiene en acogida a 1.065 menores migrantes, lo que supone el 24% del total, Euskadi 498 y Navarra 85. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que no se quedarán fuera del reparto, como critican los populares. El decreto aprobado, en sus disposiciones adicionales, establece que se creará en 2025 un crédito extraordinario de 100 millones de euros.

El acuerdo para la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración pactada con los de Carles Puigdemont allanó el desbloqueo de la distribución territorial de menores migrantes llegados a las costas canarias y ha permitido apurar las negociaciones. No a través de un reparto puntual para aliviar la situación de Canarias, el plan B que se puso sobre la mesa ante la falta de apoyos parlamentarios y el rechazo del PP, sino a través de una modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Esto es, para hacer obligatoria la acogida de menores migrantes en situaciones de presión asistencial como la actual.

El Gobierno confía en desbloquear "pronto" la distribución de menores migrantes tras el pacto con Junts para delegar competencias

La reforma de la ley de extranjería, como prefería el Gobierno, ofrece más garantías jurídicas y busca una solución estructural. Con todo, la Comunidad de Madrid ya ha avanzado que presentará un recurso. La competencia sobre los menores es de las comunidades autónomas, por lo que podría surgir un conflicto competencial si el reparto se realiza de forma obligatoria a través de otros mecanismos. De hecho, aunque a nivel parlamentario obtenga luz verde, su correcto desarrollo dependerá en buena medida de los populares, pues gobiernan en una mayoría de comunidades autónomas.

La pretensión del Gobierno, una vez recibidas las certificaciones o, en cualquier caso, recabar sus propios datos a partir del Ministerio de Interior, es convalidar el decreto a mediados del próximo mes de abril. A partir de entonces, se comenzará a reubicar a los menores, aunque este proceso podría verse retrasado ante la hipotética interposición de recursos o la falta de infraestructuras propias de las comunidades autónomas.

Amenaza de recursos

Si este acuerdo para los criterios de reparto ha servido para obtener el apoyo de los posconvergentes, parece alejar todavía más el entendimiento con el PP. Los populares, a pesar de gobernar en coalición con Fernando Clavijo en Canarias, ya arremetieron contra esta solución calificándola de “mezquina”. En las comunidades autónomas gobernadas por el PP también salieron en tromba a posicionarse en contra al considerar que se excluye a Euskadi y Cataluña.

Ahora, en Génova rechazan acoger más menores migrantes en las comunidades que gobiernan por tratarse de un reparto partidista, pero avanzan que se "cumplirá la ley". Frente a estos posicionamientos, el ministro de Política Territorial se ha dirigido a Feijóo para que elija: "Si es el de ahora, atado por Vox, o el que decía que iba a acoger a menores migrantes a pesar de las amenazas de Vox. Si no lo haces es porque las amenazas han surtido efecto".

Ante la amenaza de recursos por parte de las comunidades autónomas del PP, como el avanzado por la Comunidad de Madrid, en el Ejecutivo siguen defendiendo que la vía con mayor seguridad jurídica es la de una reforma de la ley de extranjería, en su artículo 35. El acuerdo de Carlos Mazón con Vox para aprobar los Presupuestos de la Comunidad Valenciana, precisamente, recoge entre uno de sus puntos que la comunidad "no aceptará" la acogida de menores migrantes. Frente a estas resistencias, desde el Ejecutivo advierten que el decreto tiene rango de ley y, por tanto, "es de obligado cumplimiento". "Esperemos que no lleve a que tengamos conflictos de carácter jurídicos", ha confiado Torres en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.