La ex mano derecha de Almeida declara en el juicio que "no se le dio ningún trato especial" a Medina

La testigo Matilde García Duarte, que durante la pandemia de coid era la mano derecha del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido en el juicio que se ha iniciado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid por el pelotazo de las mascarillas que desde el Ayuntamiento de Madrid "no se le dio ningún trato especial" al correo que envió el empresario Luis Medina, en el que ofrecía los tapabocas al Consitorio.

García Duarte ha relatado que recibió una llamada de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde madrileño, que es amigo suyo desde "hace más de 15 años", en la que este le comunicaba que había contactado "con una persona que podía hacernos llegar material sanitario". Y sin conocer a Medina, la ex coordinadora general del Ayuntamiento de Madrid le dio un correo genérico del Consistorio para que este enviara su propuesta.

En esta direccion de 'email', que según la testigo era el mismo que se le daba a todo el mundo que ofrecía material sanitario, y que incluso había sido publicado en internet, el Ayuntamieno madrileño recibió "más de 1.000 ofrecimientos", ha completado García Duarte, que después ha insistido en que este empresario, que ha asegurado que "no sabía que era un personaje público", y que recibió "el mismo trato" que el resto de ofertas.

Asimismo, ha negado haber leído el contenido de un correo electrónico de 23 de marzo de 2020 que le fue remitido a su correo electrónico personal en el que se resumía todo lo que se había hecho en la operación de compra de mascarillas del mencionado Medina y su socio Alberto Luceño.

Una obligación "como española"

También ha comparecido en el juicio la testigo María Díaz de la Cebosa, filántropa y presidenta de una de las universidades privadas en España, que ha reconocido que Luis Medina se dirigó a ella para informarle de que tenía la posibilidad de comprar y traer mascarillas a España.

"Era un momento muy dificíl y Luis Medina me llamó y me dijo que tenía una empresa de comercio, de trading, y que tenía la posibilidad de traer mascarillas", pero que tenía que ser "vía de urgencia, lo tengo ahora, no sé cuanto tiempo podré mantener toda la mercancía", ha relatado Díaz de la Cebosa. La testigo ha explicado después que Medina le pidió "ayuda" para "acelerar" la operación en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento.

Al ser interpelada por las acusaciones, este testigo ha asegurado que su obligación "como española y como persona era moverlo" y que por eso se dirigió al pariente del alcalde madrileño: "Yo conocía a Carlos Martínez-Almeida, abogado nuestro y secretario de la fundación; y pensé que estaba en la misma situación de ver qué se podía hacer. Mira Carlos, tengo un antiguo alumno que tengo esta posibilidad" ha declarado la testigo, que ha completado que Medina es "un empresario que respetaba y una persona respetable".

No citan al alcalde

Por otra parte, el tribunal del juicio, que preside la magistrada Ángela Acevedo, ha rechazado citar como testigos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la delegada de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, como habían reclamado las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid: "No están vinculados con los hechos", ha asegurado la presidenta de la Sala, la magistrada Ángela Acevedo.

En el mismo sentido, el fiscal de Anticorrupción Luis Rodríguez Sol había defendido que la declaración del primer edil es "impertinente". Ha considerado que su comparecencia "no se sostiene" pues Martínez-Almeida “nunca intervino” en las negociaciones por parte del Ayuntamiento de Madrid, que fue el organismo público que compró las mascarillas.

Los representantes del PSOE y de Más Madrid habían solicitado al tribunal que se citara a declarar como testigo al alcalde de Madrid "para saber hasta donde llegó el engaño", según ha indicado el letrado de los socialistas y ha suscrito la abogada de la otra formación de izquierda.

Los letrados de ambos partidos consideraban necesaria la comparecencia del primer edil madrileño en el juicio habida cuenta de que desde el Consistorio llamaron para felicitar a los empresarios, al mismo tiempo que Martínez-Almeida "firmó un documento" para dar tramitación de todo el procedimiento para la compra de las mascarillas, pues los acusados dijeron que el escrito era necesario para la compra ante el Gobierno chino.

"Promete que nos veremos"

Además, las acusaciones del PSOE, que ejerce el abogado Alberto Cachinero, y de Más Madrid, encabezada por la letrada Nuria Zapico, han aludido a las grabaciones aportadas de forma reciente por Alberto Luceño, "que hacen referencia al señor Almeida". En concreto estos audios dicen, ha explicado Cachinero: "Me ha preguntado por todo. Muy agradecido y promete que nos veremos". Este contenido de los audios evidencia, explican las acusaciones, que "el alcalde tenía pleno conocimiento de estas negociaciones y el engaño llegó hasta el alcalde; esa relación aparecía vestida de un presunto desinterés económico".

Esta petición al tribunal se ha llevado a cabo durante el trámite de las cuestiones previas al tribunal que preside la magistrada Ángela Acevedo, que ha explicado a las defensas que decidirán, uno a uno, si aceptan emitir durante el juicio algunos de los audios recientes publicados en los medios de comunicación.

Los empresarios Alberto Luceño y su socio Luis Medina, hijo del Duque de Feria, se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid a partir de este martes, tres años después de que una querella de la Fiscalía Anticorrupción desvelara el pelotazo de casi seis millones de euros en comisiones que lograron embolsarse mediante una operación de compra de material sanitario -mascarillas, guantes y kits par diagnosticar covid- para el Ayuntamiento de Madrid en el peor momento de la pandemia. 

El precio pagado por los tabapocas, -6,24 euros por cada mascarilla- "fue, con gran diferencia, el más alto que un ayuntamiento español de más de 300.000 habitantes pagó por este tipo de producto", según señala en su escrito de acusación el fiscal del caso, Luis Rodríguez Sol". En torno a esas mismas fechas (entre el 23 y el 26 de marzo de 2020), por ejemplo, los Ayuntamientos de Barcelona y Zaragoza adquirieron este tipo de mascarillas por un precio unitario de 2,50 y 1,60 euros, respectivamente, según apunta Anticorrupción para reforzar sus acusaciones.