La pareja de Ayuso logra una nueva suspensión de su declaración por fraude fiscal mientras se analiza la ampliación de delitos

Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha logrado volver a suspender -y ya van tres veces- su comparecencia ante la jueza Inmaculada Iglesias, que le investiga por fraude fiscal y falsificación de documento. La titular del Juzgado de Instrucción número 19 ha ampliado recientemente las imputaciones en una pieza separada por el presunto uso de una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de Quirón.

El abogado Gabriel Rodríguez Ramos considera que "la unidad fáctica" que comparten las dos piezas investigadas y "la afectación de cualquier declaración" en este momento puede afectar al derecho de defensa, y por ello solicitó la suspensión de la cita fijada el 29 de noviembre hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva su recurso contra la ampliación de las imputaciones. La jueza acepta su petición, según ha conocido este diario en fuentes jurídicas, en espera de conocer la decisión del tribunal de apelación sobre hechos que apuntan a posible corrupción en los negocios y administración desleal.

La pareja de Ayuso recurrirá la nueva investigación contra él mientras amplía su ofensiva contra quien le llama delincuente

Para la defensa del empresario, "la pieza principal y la pieza separada comparten un hecho nuclear con efectos nosoloo en la liquidación tributaria sobre la que se pretende tomar declaración, si no lo que sea el objeto de la pieza separada". Esta situación afecta a un posible pacto con la Fiscalía para evitar el juicio por fraude aceptando la culpabilidad y pagando lo defraudado, ya que ello no evitaría que la causa siguiera adelante por otras conductas presuntamente delictivas.

Por esta razón se solicitó un aplazamiento comparecencia, que ha sido suspendida por tercera vez, en los dos anteriores casos por incomparecencia de sus socios también investigados o a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Mas Madrid. La defensa también reclama la aceleración "al máximo" de la tramitación del recurso de apelación.

Por otra parte, la defensa reprocha a la jueza que permita a los partidos políticos ejercer acusaciones populares en la nueva pieza incoada cuando a su juicio carecen de "legitimación para formular pretensiones relacionadas con hipótesis de conductas desarrolladas por un ciudadano particular de naturaleza patrimonial". A su juicio no se han afectado a bienes de titularidad colectiva, "sino a personas jurídicas concretas que, además, descartan ser víctimas de nada".