Zaplana busca abogado

Eduardo Zaplana tiene abogado pero está buscando otro. El exministro de Trabajo, a quien la Audiencia de Valencia acaba de condenar a diez años y medio de prisión y al pago de una multa de más de 25 millones por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales (cargos todos ellos vinculados a la corrupción por el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de estaciones de ITV), está sondeando a letrados de reconocido prestigio tanto de la Comunitat Valenciana como de otros puntos del país con la intención de cambiar de manos su defensa.

El exfiscal anticorrupción Daniel Campos, ahora socio del bufete Cortés Abogados, se lleva encargando desde septiembre de 2018 de la representación legal del expresidente de la Generalitat, para quien el fiscal pidió finalmente 17 años de cárcel, sin que conste de momento que haya renunciado oficialmente a sus servicios. Pero eso no está siendo impedimento alguno para que el ministro de Trabajo, portavoz del Gobierno y portavoz parlamentario del PP en la etapa de Mariano Rajoy haya iniciado su propio casting para encontrar un sustituto. 

Proceso de selección

En este proceso de selección de personal, Zaplana ha tanteado, entre otros y a través de terceros, al penalista Francisco Ruiz Marco para ver si estaría interesado en encargarse de llevar su recurso de casación antes el Supremo. Se trata del letrado que, como defensor, ha librado de elevadas penas de prisión al empresario alicantino Enrique Ortiz hasta en media docena de causas con la corrupción en gran parte de ellas como denominador común.

Y es el acusador en el proceso por el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, donde consiguió que el Supremo anulara la sentencia que absolvía al único acusado del crimen, yerno de la víctima.

Una causa que se encuentra desde hace año y medio a expensas de lo que resuelva el Tribunal Constitucional, a donde la elevó Javier Sánchez-Vera, defensor del sospechoso, quien representó a Messi y a su padre en la acusación de fraude fiscal y en el que Zaplana también ha puesto los ojos.

El post relato

Fuentes conocedoras de estos contactos explicaron que en el post relato que el exministro hace de los mismos se invierte el interés sosteniendo que serían los letrados, y no él, quienes estarían pujando por ocuparse de su representación en esta nueva fase del proceso. Algo que, al menos en algunos de estos casos, este medio ha constatado que en absoluto responde a la realidad.

Sí que en el inicio del procedimiento se habría dado ese supuesto, el de al menos un conocido abogado procedente de la Judicatura interesado en ocuparse de la defensa del también exasesor de Telefónica. Una oferta que este habría acabado descartando por no tener la seguridad de que, dadas las relaciones personales del este letrado, fuera el defensor que más le conviniera. 

Rechazo de los grandes bufetes

De hecho, en los albores del caso Erial empleó Zaplana tanta energía en seleccionar al que después ha sido su defensor como la que ahora, en la recta final del proceso, está desplegando para sustituirle. 

En plena fase de instrucción, y tras declinar algunos de los grandes bufetes del país asumir su defensa por no encajar en su perfil de cliente, el exjefe del Consell contactó con varios letrados de forma simultánea hasta que, tras los descartes y un rifirrafe entre Milans del Bosch y Segrellés, sus primeras defensas, acabó inclinándose finalmente por Campos.

En su elección pesó tanto su relación con otro abogado, exfiscal al igual que él y amigo a su vez de un yerno de Zaplana, como la intervención de un letrado vinculado a Benidorm y socio de uno de esos bufetes que rechazó defender al exministro, a quien conocen desde hace tiempo los Barceló, la familia política del exministro.

El destino ha querido que alguno de los letrados descartados acabara después personado en la causa, aunque ejerciendo la defensa de otro de los acusados cuyo testimonio no ha sido precisamente favorable a Zaplana. 

Riesgo de fuga

De momento, y a expensas de que se produzca el cambio para el que el expresident está buscando candidato, será Daniel Campos quien comparezca junto a Zaplana en la vista fijada para las 12,30 horas del próximo día 7 de noviembre en la Audiencia de Valencia para decidir sobre la petición de su ingreso inmediato en prisión planteada por el fiscal anticorrupción Pablo Ponce por el riesgo de fuga, aun cuando la sentencia no sea firme.

Una solicitud que el fiscal presentó nada más ser notificada la resolución, pero que la sala tardó varios días en proveer y tres semanas más en señalar la vista para valorarla, cuando lo que al acusador público le preocupa es el riesgo de que Zaplana burle la acción de la Justicia dado lo elevado de la pena y la convicción de que dispone de medios para hacerlo.  

Difícil le va a resultar a Ponce convencer a la sala del peligro de fuga si en el tiempo que ha transcurrido desde la notificación de la sentencia, el pasado 15 de octubre, no lo ha hecho ya. "Lo suyo es que esa vista se hubiese señalado al día siguiente de solicitarlo el fiscal", apuntan fuentes del proceso.