Illa encara los presupuestos en sintonía con ERC y Comuns tras superar el primer 'round' en el Parlament

El primer 'round' de Salvador Illa en el Parlament se salda sin rasguños significativos para el Govern, que sale sin haber perdido ni una votación en la reválida de la suma de la investidura. Con un redactado pulido al milímetro, el PSC se ha garantizado una suerte de 'juntos, pero no revueltos', con ERC y los Comuns para aprobar las principales carpetas de la legislatura: no ha habido propuestas conjuntas con los socios prioritarios, que afrontan procesos congresuales para redefinir sus proyectos, pero sí una coreografía coordinada y la retirada a tiempo de dos puntos menores para evitar reveses.

Era un imperativo para el president proyectar en el debate de política general que, pese a su minoría, es capaz de garantizar una estabilidad cuya prueba de fuego serán los presupuestos de 2025. Eso sí, ha constatado que eso implica hacer concesiones que llevarán aparejadas incomodidades admitidas por el propio president y un calendario que se dilatará más de lo que querría. Con los unos en materia de financiación singular; con los otros en políticas de acceso a la vivienda.

El Parlament apoya la financiación singular de Cataluña y descarta el referéndum

No ha habido siquiera un intento entre los tres partidos de izquierdas de consensuar textos sobre las dos principales carpetas que marcaran las cuentas porque, especialmente los republicanos, no quieren que cuaje que en Cataluña opera un nuevo "tripartit". Los socialistas sabían que esa pretensión sería en vano, que en plena batalla campal por el poder en la sede de la calle Calàbria no se lo pueden permitir y que el papel de oposición "exigente" que ERC quiere desempeñar es el que "deben hacer" dadas sus circunstancias. Lo resumen así desde el PSC: "A los amigos, no se les molesta y se les cuida".

El perímetro de la legislatura

Porque la realidad es que, con la mayoría independentista hecha añicos no hay alternativa a Illa ni suma que no pase por el PSC; pero que con 42 diputados necesita atar en corto a esos 'amigos'; más aún con Junts dispuesto a ejercer de azote tanto del Govern como de sus exsocios ahora que han entrado en barrena. Con esa filosofía de hacer de la necesidad virtud -Pedro Sánchez ha sentado cátedra con el PSC como principal valedor-, el president ha radiografiado el perímetro en el que deberá moverse para tirar la legislatura adelante.

En el toma y daca en el Parlament con ERC, el president ha tenido que comprometerse explícitamente con que los presupuestos que la consellera Alícia Romero está negociando incluyan ya un incremento de recursos para la Agència Tributària de Cataluña. En Presidència asumen que va a ser un quebradero de cabeza de carácter "más técnico que político", porque aseguran tener el apoyo incondicional de Sánchez para que la financiación singular salga adelante por muchos callos que pise dentro y fuera del PSOE. Pero es evidente que esta cuestión es para Illa, que se codeará con los presidentes autonómicos del PP este sábado en los festejos del día de la Hispanidad en Madrid, todo un desafío.

El marco fiscal de las cuentas

El favor de los Comuns viene, en cambio, por el flanco de la vivienda, materia en la que al PSC también le ha tocado transigir. Más allá de los 50.000 pisos en seis años y 4.400 millones en una legislatura para aumentar el parque público que el president ha vendido a bombo y platillo para escenificar que la agenda material se abre paso tras una década de 'procés', el grupo de Jéssica Albiach ha pedido más osadía para poner coto a quienes hacen negocio con la vivienda. Así, los socialistas se han apuntado al carro de pedir que el Govern regule los alquileres de temporada antes de finales de año, cosa que no fue posible en el Congreso por el 'no' de Junts ni tampoco en mayo en el Parlament porque el PSC se abstuvo, además del rechazo de los posconvergentes. E Illa también se ha comprometido a activar el régimen sancionador para quienes incumplan los topes de precios que fija la ley de vivienda.

Significativo es el marco conjunto que han dibujado los tres partidos en materia de fiscalidad. La pista de aterrizaje con el Hard Rock que no fue posible en marzo y que desembocó en el adelanto de las elecciones del 12 de mayo, sí que ha sido posible ahora: se eliminará la reducción de la fiscalidad del juego para "no facilitar" el proyecto, todo con el visto bueno del PSC. También se ha rubricado el incremento en un 50% de la tasa turística para destinarla a políticas de vivienda y la reducción de cruceros en Barcelona ya en 2025 -ambas demandas estrella de los Comuns-; y se mantiene el acuerdo sellado con el Govern de Aragonès para reducir el IRPF de las rentas inferiores a 35.000 euros.

Retiradas a tiempo

Consciente de que no había margen con la ampliación del aeropuerto, auténtico anatema para el partido de Ada Colau, el PSC ha optado por escurrir el bulto y secundar la propuesta de Junts. Sin embargo, para el president se trata de un proyecto estratégico al que no piensa renunciar y para el que ha apretado el acelerador. De la misma manera que ha retirado dos puntos, uno genérico sobre el diálogo para consensuar entre los partidos catalanes la resolución del conflicto político que ha cambiado por el apoyo a reclamar a los jueces la aplicación de la amnistía y uno sobre el proyecto de ley del Estatut dels Municipis Rurals por una discrepancia en la inversión con el resto de grupos.

Pasado el debate de política general, ahora sí, empieza la cuenta atrás de los presupuestos con una constatación: si en la pasada legislatura era el PSC quien marcó el paso de la agenda de Aragonès, ahora son ERC y los Comuns, con fuerza desigual, quienes intentarán hacer lo propio; a la espera de si Junts decide jugar la partida o Puigdemont mantiene la orden de no dar oxígeno.

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