La Fiscalía pide imputar en el caso Cuarteles al excomandante de personal de la Guardia Civil en Alicante

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado al juzgado que instruye el caso Cuarteles que cite a declarar como investigado al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio García Lloret, en su día comandante responsable de la Jefatura de Personal y Apoyo de la Comandancia de Alicante. Allí, según consta en el sumario del procedimiento, se llevaron a cabo unas periciales que constataron que este alto mando firmó como buenas obras que o bien no habían sido ejecutadas o no se correspondían con lo presupuestado.

En un escrito remitido el pasado 20 de septiembre al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid al que ha tenido acceso en exclusiva El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, la Fiscalía pide que García Lloret declare como imputado después de que en el año 2016 adjudicara diversas obras a la entidad Angrasurcor, una de las empresas propiedad del empresario Ángel Ramón Tejera de León, alias "Mon". En un auto reciente la jueza ya lo incluye como "denunciado", al igual que al teniente general Pedro Vázquez Jarava; al citado Tejera de León; al teniente coronel Carlos Alonso, que fue comandante en Ávila; y a un empresario autonónomo afincado en Alicante.

Tejera de León es el constructor canario sobre el que pivota el caso Cuarteles. La acusación sostiene que su asociación con el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que en el momento de los hechos era una de las cuatro personas con más poder dentro de la Guardia Civil, fue la que le permitió obtener casi tres millones de euros en adjudicaciones por obras de mantenimiento en 13 comandancias repartidas por España, entre ellas la de Ávila, donde se originó el caso, y Alicante, la última en sumarse.

Desfase entre lo pagado y lo acordado

Según el relato de la Fiscalía, la Comandancia de Alicante adjudicó en 2016 a Angrasurcor una obra por un importe de 58.062 euros para el cuartel de Dolores y otra por importe de 39.576 euros correspondiente a pequeñas reformas en los cuarteles de Castalla, Concentaina, Javarilla Bañeres de Mariolsa, San Miguel de Salinas, Muro de Alcoy, Bernidorm y Comandancia de Alicante.

García Lloret, comandante y responsable en esa fecha de la Jefatura de Personal y Apoyo, certificó el 20 de octubre de 2016 que las prestaciones a las que hacía referencia la factura más elevada emitida por Angrasurcor habían sido realizadas y recibidas de conformidad, a sabiendas de que tan solo se habían ejecutado obras por importe aproximado de 21.000 euros, y "en ningún caso el proyectado de corcho presupuestado", según el escrito fiscal.

Igualmente, sostiene la Fiscalía, el excomandante de Alicante certificó el 13 de diciembre de 2016 el fin de las obras y la conformidad de las pequeñas obras de cuarteles sabiendo que muchas reformas no habían sido ejecutadas y en otros lo habían sido por importe de 10.523 euros en vez de los 39.576 presupuestados.

Cohecho y falsedad

En el informe del 20 de septiembre firmado por la fiscal Elisa Lamelas Oliván, se concretan los posibles delitos atribuidos a los responsables. En concreto, el continuado de malversación de caudales públicos en concurso con falsedad en documento mercantil y el de cohecho, pero también de forma subsidiaria se plantea la posibilidad de que pueda procesarse a los investigados por tráfico de influencias.

De lo actuado hasta el momento, la responsable del Ministerio Fiscal concluye que de las obras realizadas en los cuarteles que están siendo objeto de investigación "hay partidas que no se ejecutaron en su totalidad, otras en las que los conceptos estaban sobredimensionados respecto de los metros cuadrados, las zonas pintadas o bien el coste de la hora, que era desproporcionado".

Por lo que se refiere a los expedientes de gasto, que fueron tramitados como "contratos menores y anticipos de caja fija" que fueron adjudicadas a sociedades relacionadas con el empresario Ángel Ramón Tejera, 'Mon', el informe de la Fiscalía concluye que se deduce que se emitieron facturas por partidas o unidades de obra que no fueron ejecutadas o lo fueron de forma parcial "y, pese a ello, dichas facturas se certificaron de conformidad por los responsables de las distintas unidades territoriales, causando el correspondiente perjuicio económico al erario público".

Cuatro empresas

En el periodo 2014 y 2019, las empresas vinculadas a 'Mon' obtubieron 2,9 millones de euros de adjudicaciones públicas. La Fiscalía cita concretamente a las empresas Angrasorcur S.L, Solocorcho S.L, Canarycork S.L., Impermercork S.L. y a otras dos entidades responsabilidad de particulares que colaboraban con él en los trabajos.

A la fiscal le llama la atención que para adjudicar todas estas obras no constara prospección previa de mercado, "siendo estas mismas sociedades las consultadas y adjudicatarias". Así ocurrió al menos, según lo acreditado hasta el momento, en los contratos menores de obra de los acuartelamientos en Navarrendonda de Gredos (Ávila), en el cuartel de Pliego (Murcia), Fuente de Cantos (Badajoz) y en los expedientes de gasto en Santa Cruz de Tenerife.