López Viejo, condenado por Gürtel, saldrá de prisión para asumir "valores solidarios" con refugiados ucranianos

Una de las caras más visibles de Gürtel, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo -destituido en 2009 por la presidenta Esperanza Aguirre tras iniciarse la investigación judicial de la trama-, podrá salir puntualmente de la prisión donde cumple los 27 años de condena que le impuso el Tribunal Supremo. Lo hará para colaborar en una organización de ayuda a refugiados ucranianos para avanzar en la asunción de "valores solidarios alejados del ánimo de lucro excesivo que presidió su actividad delictiva", según considera el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional.

López Viejo, uno de los agentes más activos a la hora de promover la adjudicación de contratos de la Comunidad de Madrid al grupo empresarial del cabecilla Francisco Correa, entró en prisión en mayo de 2018, pero no fue hasta octubre de 2020 cuando el Tribunal Supremo dio firmeza a las condenas dictadas contra él por delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Ya el pasado mes de junio la justicia había otorgado beneficios penitenciarios al líder de la trama que motivó condenas por corrupción al Partido Popular y costó la presidencia a Mariano Rajoy. Desde ese momento Correa puede salir diariamente de prision para trabajar y también los fines de semana, después de que el juez central de Vigilancia Penitenciaria le haya concedido el tercer grado con el visto bueno del fiscal.

En el caso de López Viejo, el auto dictado el pasado 18 de julio, adelantado por El Confidencial, la Audiencia Nacional autoriza a la administración penitenciaria para coordinarse con la Fundación Altius con el fin de facilitar las actividades de voluntariado que López Viejo realizará los lunes, miércoles y sábados de 16.00 a 20.00 horas.

Reparación social

Para el juez central de vigilancia José Luis Castro "no cabe duda que la actividad del interno en la Fundación Altius va a incidir, a través la ayuda a personas que están sufriendo las consecuencias de una terrible e injusta guerra en Ucrania, en su propio posicionamiento ante el delito cometido, la reparación social la posibilidad de cumplimiento del fin resocializador de la pena".

La resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, inicide en que la actividad en la citada fundación permitirá al exconsejero comprender " las necesidades mínimas de muchas personas que sufren carencias que afectan a su vital, y especialmente a personas y familiares que han tenido que desplazarse a nuestro país escapando de una guerra vil y cruel, dejando atrás su tierra, su cultura, sus costumbres".

El magistrado explica también en su auto que López Viejo ha realizado "durante el disfrute de permisos actividad de voluntariado" en la citada fundación, como así consta en una carta del director de la institución.

Curso de animación a la lectura

El auto también da cuenta de que en el caso de López Viejo hay que tener en cuenta la antiguedad de los hechos delictivos, que ha venido pagando su responsabilidad civil -mediante abonos fraccionados por valor de de 200 euros cada uno-, su buen comportamiento en prisión, así como el "prónóstico de reincidencia bajo".

La Junta de Tratamiento, por su parte, ya informó de que el exconsejero "presenta una alta implicación en la ayuda a sus compañeros", ha participado en programas de justicia restaurativa e incluso ha impartido cursos a otros intern, cosomo el de "Animación a la lectura y teoría de la comunicación".

Según el documento, López Viejo ha disfrutado ya de 8 permisos de salida y, si bien aún no ha cumplido la mitad de su condena, debe tenerse encuenta la "finalidad retributiva" de la misma, y en este sentido valora sus actividades en la fundación "como resarcimiento a la sociedad de los perjuicios irrogados con la comisión del delito".

Se añade que ha asumido "su responsabilidad delictiva, manifestando su arrepentimiento". Según un informe del educador del centro, dicho arrepentimiento tiene que ver con sus "acciones contrarias a un principio de responsabilidad fiscal y tributaria que hubiera permitido modificar realidades sociales vulnerables".

En todo caso, "seguirá clasificado en segundo grado disfrutando de los permisos propios de su clasificación si se dan los requisitos legales y una positiva evolución, consolidando los factores positivos que ya existen, permitirá obtener en el futuro no lejano mayores cotas de libertad".