La Audiencia Nacional recurre a la CNMV para investigar una estafa financiera piramidal

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga una presunta estafa piramidal, ha reclamado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le aporte "la información disponible sobre recomendaciones, advertencias o procedimientos sancionadores referentes a las mercantiles QRenta Agencia de Valores SA y Partisu XXI Group SL", según especifica un auto de 22 de febrero, a cuyo contenido ha tenido acceso esta redacción.

El 20 de enero de 2022 el instructor decidió aceptar la inhibición del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona. Y por eso investiga la querella que interpusieron los perjudicados en Cataluña.

Los afectados carecían de conocimientos técnicos sobre finanzas e inversiones, y demandaban una gestión de su patrimonio conservadora para mantener su patrimonio mediante instrumentos financieros de renta fija. Acusan a las compañías y a varios de sus directivos de haber cometido los delitos de estafa, administración desleal, alteración de precios y corrupción entre particulares. Los inversores desoyeron las peticiones de sus clientes y destinaron el capital que se les había entregado para su gestión a la inversión de fondos en renta variable y sicavs.

Las mismas empresas

También asignaron los fondos a comprar participaciones de empresas que cotizaban en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), consideradas inversiones de alto riesgo, siendo las beneficiarias en todos los casos las mismas empresas: Inkemia Gropu, Europa Wireless Telecom, K2 2006 Sicav., Sigma Activa Sicav., Annapurna FI y algunas más. Estas operaciones ocasionaron relevantes pérdidas para los inversores. Además, los querellantes sostienen que hay "indicios de que hubo incumplimientos en la información suministrada, de los riesgos existentes y de que se habría modificado su perfil inversor para beneficiar a QRenta".

El instructor reclama información a la CNMV porque este organismo regulador impuso en 2021 dos sanciones por infracciones muy graves a QRenta por un valor de 2 millones de euros por la inadecuada gestión de conflictos de interés en el asesoramiento sobre valores cotizados en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), pero también por deficiencias en los registros de órdenes y la organización interna.

Otros 3,1 millones

En el mismo sentido, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha ganado una veintena de sentencias a QRenta por valor de 3,1 millones de euros. En el último de estos fallos, la jueza daba por probado que esta compañía no informó a los clientes sobre la depreciación de las carteras. Además, en los informes que elaboraba de forma periódica sobrevaloraba los activos y la rentabilidad de la cartera que ofrecía.

Asimismo, García Castellón se ha dirigido al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), para que este organismo le informe de qué unidad policial de delincuencia económica puede elaborar una relación de posibles perjudicados por la presunta estafa y que determine los importes de las cantidades perdidas.

Posibles fraudes

También quiere que los agentes, a partir de la información aportada por los denunciantes, y la que pueda recabarse de bases de datos y registros públicos y bases de datos, determinen qué tipos de productos ofrecían los investigados y las condiciones de estos, y la posible existencia de indicios de fraudes.

Finalmente, solicita que la Policía Judicial elabore una relación de denuncias que hayan podido ser presentadas en dependencias de Cuerpo Nacional de Policía(CNP) y de la Guardia Civil sobre las mismas personas y hechos. El instructor pretende que los agentes detecten si los querellados han sido objeto de investigaciones previas.