El último examen parlamentario del Gobierno: aprobar el decreto contra la sequía

Antes de que la política nacional estallara por los aires con el anuncio del adelanto electoral, el Congreso tenía planeado debatir este jueves dos leyes y un real decreto. Las dos normas ya quedarán en el olvido, después de que este martes se disolvieran las Cortes, pero el Gobierno de coalición aún se tiene que enfrentar a su último examen parlamentario de la legislatura, lograr que la diputación permanente de el visto bueno a ese último real decreto, el que contiene medidas por valor de 2.200 millones de euros para luchar contra la sequía.

Aunque la jornada electoral estuviera pasada por agua en la gran mayoría de España, la situación hidrológica lleva preocupando varios meses. En abril solo llovió el 22% de los valores normales de ese mes. Así, el Ejecutivo aprobó el 11 de mayo un real decreto que contenía ayudas directas al campo y nuevas infraestructuras para intentar atajar este problema y evitar que muchos agricultores decidan no cultivar este año por la escasez de agua, lo que provocaría un aumento directo de los precios de los alimentos.

Entre las medidas contenidas en el real decreto está la construcción de una desalinizadora en la Tordera, en Blanes (La Selva), que costará 220 millones de euros, otras en Málaga y Almería por 200 millones y la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones. Además, para ayudar a los regantes se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua. Este real decreto también contiene la prohibición de trabajar al aire libre cuando se declare alerta naranja o roja por calor extremo.

Los tiempos

Al aprobarse el real decreto el pasado 11 de mayo, a las puertas de la campaña electoral, el Gobierno tiene 30 días para que el Congreso lo valide o, de lo contrario, decae. Con la disolución de las Cortes Generales -Congreso y Senado- por el adelanto de las elecciones generales al próximo domingo 23 de julio, tendrá que ser la diputación permanente de la Cámara baja quien se encargue de ratificar o no el texto.

La diputación permanente, el órgano que se encarga de velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida y que está compuesto por una representación proporcional del pleno, deberá reunirse antes del próximo 9 de junio para debatir el texto. Aunque el PP acusó a Pedro Sánchez de "electoralista" y puede que los populares no den un 'sí' a la norma, no se esperan dificultades para que obtenga el visto bueno.