Patrimonio designa tras 18 meses a los peritos que tendrán que determinar si 'Mon' hizo las obras en las comandancias

"Procédase a la citación de los peritos designados por la Dirección General del Patrimonio del Estado para la aceptación del cargo". Un año y seis meses después de que el caso Cuarteles recayera en su juzgado, la jueza María Isabel Durántez ha logrado que la Administración, en este caso el departamento de Patrimonio dependiente Ministerio de Hacienda, le proponga los expertos necesarios para constatar las presuntas irregularidades en las obras adjudicadas en hasta 13 acuartelamientos de la Guardia Civil que fueron adjudicados al empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, conocido como 'Mon'.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid realiza esta citación, a la que no se añade fecha, en el mismo auto del pasado 5 de mayo al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica en el que amplía con un presunto cohecho las imputaciones por supuesta falsedad documental y malversación que ya pesaban sobre los cuatro investigados en este asunto, que además de 'Mon' son el teniente general Pedro Vázquez Jarava y el teniente Coronel Carlos Alonso, responsable de la Comandancia de Ávila en la que el empresario de Lanzarote obtuvo numerosos contratos y donde comenzaron las pesquisas judiciales. También se investiga a un profesional autónomo de la pintura subcontratado por Mon para realizar los trabajos, S. G. E.

Según ha establecido ahora la magistrada, y dada la naturaleza de los delitos que se les imputan, se abre la puerta a que si todos ellos son finalmente procesados sean sometidos a un jurado popular. Las investigaciones tienen el próximo 17 de mayo un hito importante con la citación de todos los investigados, si bien el teniente coronel Carlos Alonso lo hace para declarar a petición propia.

En cuanto a los peritos de Patrimonio, deberán certifican la principal sospecha elevada por Asuntos Internos: que los trabajos encargados no se realizaban, se hacían deficientemente, o se presupuestaban y cobraban más metros de muro pintado, pared demolida o cubierta arreglada de los que realmente se hacían. 

Esta diligencia se ha venido retrasado en el juzgado porque al principio el juez de Ávila donde comenzó el procedimiento contrató a una arquitecta para hacer las comprobaciones en dicha provincia, que entregó un meticuloso informe al respecto. Al pasar el asunto a Madrid y ampliarse a 13 comandancias, la experta declinó el encargo al estimar que excedía sus capacidades, y desde Interior se estableció que el asunto debía corresponder al departamento de Hacienda al ser el competente en controles del gasto por obras en servicios públicos. Los plazos en la designación de las personas adecuadas han durado hasta hoy.

El resultado de los peritajes se considera imprescindible por la juez para poder seguir avanzando en la investigación. El pasado 16 de enero, la fiscal del caso -que ahora ha sido sustituida por una experta en asuntos económicos- emitió un informe en el que mostraba su conformidad con el hecho de que la realización de estos controles corresponda finalmente a la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. La respuesta de la fiscal obedecía a una comunicación remitida al juzgado por el Ministerio del Interior, concretamente por la Subdirección de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad. En este documento se ponía de manifiesto la "imposibilidad" de que la perito designada inicialmente para llevar a cabo este trabajo en Ávila pudiera realizarlo en el resto de acuartelamientos.

En cuanto a este primer peritaje en los cuarteles de Ávila, constató la falta de calidad de las obras, que se incrementaron tras el nombramiento como Subdirector General de Apoyo del teniente general Pedro Vázquez Jarava a finales de 2015. El documento relata todo un conjunto chapuzas y deficiencias en las dependencias del instituto armado, como la realización de trabajos de pintura sin retirar antes los cuadros de las paredes, la aparición de manchas de salitre tras la intervención o falta de enchufes en las habitaciones reformadas.

Dos de las empresas presuntamente implicadas en las obras en estos cuarteles- Angrasurcor y Solocorcho- pertenecen a 'Mon', vinculado también al caso Mediador que se instruye en Canarias. La juez trata de aclarar si habrían conseguido de forma irregular las adjudicaciones para las obras de reacondicionamiento de las comandancias, además de inflar las facturas de estos trabajos, alguno de los cuales podría haber sido pagado a pesar de no haberse terminado.

Destino de los peritos

Los cuarteles de los que habla ese informe están en Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid. Las obras habrían permitido a las dos empresas "incrementar enormemente la facturación e ingresos", de acuerdo a la investigación realizada por Asuntos Internos de la Guardia Civil.

En espera del resultado de estas pericias, por el momento se cuenta con las declaraciones tanto de Tejera de León como de un segundo empresario, S G.E., que estaría vinculado con los mismos contratos. La identidad de esta persona se corresponde con el responsable de una empresa de albañilería en Alicante.

Las pesquisas han logrado concluir por el momento que el responsable de las empresas canarias habría alcanzado un acuerdo para contratar obras de impermeabilidad y pintura en un total de trece comandancias de la Guardia Civil. Las partidas destinadas a estas obras no son muy altas, pero se investiga si se incrementó irregularmente la facturación de las mismas, así como las razones por las que se optó precisamente por adjudicarlas a las empresas canarias.