El PP está decidido a endurecer su discurso económico contra el Gobierno, como se evidenciará este jueves en la votación sobre la reforma de las pensiones. La posición de los conservadores no puede ser más crítica: además de poner en duda la sostenibilidad del sistema, dan por hecho que la propuesta del ministro José Luis Escrivá afectará "muy negativamente" a la creación de empleo. Y que será, dicen fuentes de la cúpula del PP, el siguiente Gobierno quien realmente deba acometer una reforma "real".

Al voto en contra a la propuesta del titular de la Seguridad Social (que ha trabajado durante meses un acuerdo con sus socios de coalición, Unidas Podemos, y que ha peleado casi voto a voto la del resto de grupos que sostienen al Gobierno para sacarla adelante) se suma el rechazo que el PP prepara a la prórroga de la excepción ibérica lograda por la vicepresidenta Teresa Ribera. Según confirman en la dirección del PP, su posición en este momento será un no a pesar de que se abstuvieron el pasado verano en el decreto que contenía la puesta en marcha. 

En el equipo económico conservador recuerdan que aquello fue un paquete más extenso y que por ese motivo terminaron optando por la abstención después de llamar “timo ibérico” a la propuesta de Ribera.

Según explican en el Ministerio de Transición Ecológica, la vicepresidenta consiguió el apoyo en Bruselas para extender el mecanismo en caso de que sea necesario, y evitar el contagio de los precios del gas sobre la electricidad. Desde febrero no ha sido necesario utilizarlo. El PP cree que el objetivo del Gobierno es exclusivamente “propagandístico” en año electoral y siguen defendiendo que España está subvencionando la energía a Francia y Portugal. Los populares se reservan el voto definitivo al análisis completo del decreto cuando llegue al Congreso, pero en Génova dicen ya que el escenario probable será un voto en contra

Lo que parece claro es que el PP mostrará un rechazo claro a dos cuestiones clave en materia económica del Gobierno, y todo ello a dos meses de las elecciones autonómicas y municipales. Aunque en la dirección nacional niegan un cambio en la estrategia, “a muchas cosas no nos hemos opuesto y hemos apoyado otras muchas”, dicen, también recalcan que en este momento las posiciones están muy alejadas.

Pensiones, punto de inflexión

Probablemente, la reforma de las pensiones ha sido el verdadero punto de inflexión. Feijóo fue el primero que enarboló hace dos semanas la crítica más severa contra el modelo de Escrivá, del que además mantiene no haber recibido ninguna información. Fuentes del PP matizan: “Tres hojas de Excel. Lo que pedimos es que nos manden los datos que dicen que Bruselas tiene”.

En su reciente visita a la capital comunitaria, donde compartió una cena con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen (a la que llegó tarde por problemas con el avión), el líder popular quiso defender y explicar el rechazo de su formación. En la cúpula conservadora aseguran que en ese encuentro con Von der Leyen se trataron distintos temas de manera más amplia, pero que sí abordó en más en profundidad el asunto de las pensiones con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

El líder popular evita mostrar discrepancias públicas con los dirigentes europeos después de que Escrivá haya asegurado que cuenta con el aval total de Bruselas. En su ministerio reconocen que la luz verde oficial no llegará hasta el próximo verano cuando, en realidad, se debe producir el examen para el cuarto desembolso de los fondos de la UE. Sin embargo, algunos cargos del PP dejan entrever dudas sobre si Europa está siendo en este caso demasiado laxa con el Gobierno de Sánchez. “Es opinable”, dicen en la dirección.

Aunque Feijóo cuenta con que Europa no se opondrá a la propuesta de Escrivá (el primer partido de la oposición insiste en que lo que evalúa ahora la Comisión es exclusivamente la sostenibilidad fiscal del sistema y que, realmente, no se pronuncia sobre si el sistema que propone el Gobierno es bueno, crea empleo o aumenta el número de cotizantes), también descuenta que en 2025 habrá que hacer ajustes.

El PP ve reforzada su posición tras la opinión emitida por la Autoridad Fiscal hace días, que puso en entredicho la propuesta del ministro de la Seguridad Social, al estimar que implicará en el medio plazo un agujero de un punto del PIB. Es decir, más de 13.000 millones de euros. El partido de Feijóo ve “una patada hacia adelante” lo que plantea el Gobierno, que lo fía todo a haber incorporado una salvaguarda, una especie de mecanismo de ajuste si se produce una desviación en las cuentas. Pero ese examen llegará en 2025 y no antes. “Si la Airef tiene que dar su visto bueno en 2025… Por qué no va a darlo en 2023. Lo que dice es que no lo da”, insisten en la dirección conservadora. 

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. EFE

A las críticas del Gobierno sobre la falta de alternativa del PP, Génova sigue manteniendo que la única fórmula posible para mantener la sostenibilidad del sistema es crear empleo. Y se muestran contundentes a la hora de afirmar que la subida de las cotizaciones prevista en la reforma impide crear puestos de trabajo y perjudica la actividad de los empresarios. La postura es exactamente la misma que defiende la CEOE. Como publicó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, la pinza entre Feijóo y Antonio Garamendi al respecto se ha evidenciado.