El grupo socialista en el Congreso y sus aliados habituales de la izquierda están dando los últimos retoques a la comisión de investigación de la llamada 'Operación Cataluña', de manera que pueda constituirse la semana próxima y cuente ya con calendario de comparecencias y plan de trabajo. Es lo que han señalado a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, tres fuentes parlamentarias al tanto de las conversaciones.

El segundo paso para hacer realidad la comisión se produjo este miércoles en la Mesa del Congreso (el primero se dio en septiembre del año pasado, cuando el pleno avaló la petición de ERC, Grupo Plural y EH Bildu). Hace apenas 48 horas, los grupos remitieron las propuestas con los nombres de los diputados y diputadas que la formarán y el órgano de gobierno de la Cámara las avaló. Devolvió la pelota a los propios grupos, pues deben trabajar acuerdos a partir de ahora para cerrar el diseño de la mesa de la comisión y concretar agendas, orden de trabajo y plazos.

El PSOE ha postulado a Sonia Ferrer, Begoña Nasarre, Felipe Sicilia y David Serrada; el PP, a Luis Santamaría, Ana Belén Vázquez y José Antonio Bermúdez de Castro: Vox, a Javier Ortega-Smith, María Teresa López y Juan Carlos Segura; Unidas Podemos, a Enrique Santiago y a Ismael Cortés; ERC, a Gabriel Rufián y a Pilar Vallugera; el Grupo Plural, a Miriam Nogueras y Josep Pagés; Cs, a José María Espejo; el PNV, a Mikel Legarda; y EH Bildu, a Jon Iñarritu.

Tenemos prisa”, apunta una fuente. El cálculo electoral influye en la celeridad. Aunque es cierto que la constitución de la comisión acumula un retraso más que considerable, ya que el aval del pleno se produjo en septiembre de 2022, la premura tiene más que ver con estrategias que con el cumplimiento de una promesa.

Será una comisión problemática para el PP, y esto entronca directamente con el cálculo electoral. Habrá urnas el 28 de mayo con el fin de renovar los ayuntamientos y numerosas asambleas autonómicas. Mucho en juego porque después se celebrarán las elecciones generales. Pedro Sánchez se está afanando en revalidar mandato y la demoscopia no está pintando el mejor escenario para ello. Varios sondeos sistemáticamente sitúan a Alberto Núñez Feijóo en la victoria.  

Comisión problemática para el PP, como decíamos, porque la comisión que avaló el pleno en septiembre y que la Mesa del Congreso reactivó a primeros de mes quiere investigar con más exhaustividad la actuación de la cúpula del Ministerio de Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz. A finales de febrero, el diario 'El País' publicó nuevas conversaciones del entonces secretario de Estado de seguridad sobre operaciones parapoliciales dirigidas contra el independentismo y Podemos. Días después trascendió que la Fiscalía pide 15 años de prisión para el exministro por su papel en el 'caso Kitchen', diseñado para robar a Luis Bárcenas la información referida al PP que poseyera.

La corrupción, de nuevo

La posibilidad de que antiguos altos cargos del Partido Popular vuelvan a desfilar por una comisión de investigación parlamentaria es un menú apetecible para el PSOE y sus aliados, y más en época preelectoral como la actual. Si las pretensiones de los grupos que están cerrando los flecos se cumplen, las primeras comparecencias se producirán en abril, después de las vacaciones de Semana Santa (primera semana). Estas se propagarán por mayo, que es mes de elecciones. El día 28, urnas. La comisión de la 'Operación Cataluña' vivía en el olvido, pero pronto se va a mudar a primera línea de actualidad

El fantasma de la corrupción volverá al Congreso. La actividad parlamentaria sólo se detendrá a lo largo de la última semana de campaña, es decir, la del 22 de mayo. Muchos días hasta entonces para que la comisión avance y genere los primeros titulares.

El PSOE, si no se le tuercen los planes, doblegará al PP en la particular batalla de comisiones de investigación que comenzaron a librar hace un mes. El grupo de Cuca Gamarra ha intentado la creación de una sobre el caso de 'Tito Berni' o caso Mediador. El exrepresentante socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo habría participado en una trama destinada a la consecución de fondos europeos para proyectos de energías renovables. Ya no está en el Congreso el implicado, dimitió y renunció el pasado mes, pero la onda expansiva que ha generado por haber tenido la Cámara como escenario de encuentros y reuniones es grande.

El PP no va a tener suerte porque la dirección socialista apalabró con ERC y EH Bildu el esclarecimiento político de este caso en comisiones ya creadas, no en comisiones nuevas. De paso, se comprometió a convocar a altos cargos de Interior y de la Guardia Civil para que expliquen el caso Cuarteles, destapado por El Periódico de España y medios del grupo Prensa Ibérica. El ministro Fernando Grande-Marlaska acudirá a la comisión de su ramo el lunes próximo y altos cargos del instituto armado lo harán más adelante. Con ambos movimientos el PSOE aplacó la intentona del PP.

Se ha apoyado para ello en los intereses de sus aliados parlamentarios, indignados por las informaciones sobre cómo Fernández Díaz maniobró para desacreditar al independentismo catalán mientras tuvo la cartera de Interior. El resultado es la inminente creación de la cuarta comisión de investigación con afectación al PP en seis años.

Mayoría implacable contra el PP

Un repaso rápido. En mayo de 2017, el Congreso creó una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. No dio tiempo a que terminaran los trabajos. En septiembre de ese año, la Cámara Baja acogió la primera de las comisiones sobre “la utilización partidista en el Ministerio del Interior bajo el mandato del ministro Fernández Díaz”, que sí logró acabar. Y en febrero del año pasado concluyó la andadura de la segunda de las comisiones sobre el uso “ilegal de efectivos, medios y recursos” del mismo Departamento.

Dos conclusiones de aquella de septiembre de 2017: 1) Interior, mientras lo dirigió Fernández Díaz, obstaculizó “la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular”; y 2) este departamento llevó a cabo “una inaceptable utilización partidista” de efectivos, medios y recursos pùblicos.

La comisión que acabó en febrero del año pasado incidió en tales presupuestos: la “operación kitchen”, inserta en la macrocausa del “caso Tándem”, tenía como objetivos “acceder a información que presuntamente obraba en poder del extesorero del Partido Popular” Luis Bárcenas y luego destruirla y eliminar pruebas y eludir eventuales responsabilidades. La Comisión, además, concluyó que “la cúpula directiva del Partido Popular ordenó que se utilizara a los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior”. La sede del partido en la calle Génova de Madrid fue uno de los centros de operaciones, según remarcaron los firmantes.

Lo va a tener complicado el PP para escabullirse, entre otras razones porque hasta la fecha no ha podido hacerlo nunca. La mayoría progresista está siendo implacable con el pasado del partido que hoy dirige Feijóo. En febrero de 2022, 195 diputados/as votaron a favor del dictamen de la comisión de investigación que perfiló la implicación de Génova en las operaciones ilegales del Ministerio de Fernández Díaz. En septiembre de este mismo año, 191 diputados/as respaldaron la creación de la comisión de la “Operación Cataluña”. Mala pinta, pues, para el grupo de Cuca Gamarra. Y en época electoral, además, cuando lo negativo pesa el doble.