Una jueza investiga a Colau por las 'superilles' de Barcelona

Nuevo frente judicial contra Ada Colau y su equipo de gobierno El Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona ha abierto una investigación a la alcaldesa y la teniente de la alcaldía Janet Sanza al considerar de que hay indicios de que podría haberse cometido un delito urbanístico y otro de malversación por las 'superillas' o ejes verdes del Eixample, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica. La magistrada María del Carmen Suárez ha admitido a trámite la querella que interpusieron el arquitecto jefe del consistorio en la época de Pasqual Maragall, Josep Antoni Acebillo, y los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas.

Esta querella se interpuso a los pocos días que la fiscalía archivara las denuncias interpuestas por estas tres mismas personas y la plataforma Salvem Barcelona. Por ahora, la jueza no se ha pronunciado sobre la petición de la paralización de las obras de las 'superilles' en el Eixample para, según los demandantes, "evitar la plena consumación" de los delitos que consideran que se puedan estar cometiendo y los perjuicios que se pueden directos que pueden ocasionar y que cifran en más de 100 millones de euros. En este sentido, la togada ha solicitado el parecer de la fiscalía.

Infracción de la normativa

Los querellantes recalcan que "nos hallamos ante una infracción normativa manifiesta de la ley del suelo que puede tener efectos devastadores", tanto para particulares, como comercios en general e, incluso, generar "problemas de accesibilidad a los propios domicilios de servicios básicos". En su opinión, también afecta al erario público, "pues solo el concepto de arrancado del asfalto y su eventual reposición" supondría unos gatos de 100 millones de euros.

El escrito añade que se está promoviendo "un cambio radical en la vialidad y en el sistema de movilidad" en el centro de la capital catalana, "eliminando por la vía de hecho la circulación de vehículos en las calles afectadas". Pese a esa trascendencia y "su evidente impacto" en las personas, bienes y negocios, este proyecto se ha tramitado como si "se tratara de simples obras ordinarias de urbanización, ignorando las implicaciones urbanísticas que tal decisión tiene" y que "obligaban a una previa o simultanea modificación del Planeamiento Urbanístico vigente, concretamente del PGM". Y recalcan que la actuación municipal también "contraviene" la ley del suelo que reserva a los PGM el "trazado y características de la red viaria",

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