Galicia sigue la senda de Madrid y Andalucía y recurre el impuesto a las grandes fortunas

Galicia será la tercera autonomía —las tres del PP— en recurrir el llamado impuesto a las grandes fortunas implantado por el Gobierno central. Tras presentar sus respectivas impugnaciones la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid, el Consello de la Xunta acordó este jueves, en su reunión semanal, llevarlo también ante el Tribunal Constitucional por considerar que hay una “clarísima vulneración” de su autonomía financiera en materia de tributos cedidos. El presidente gallego, Alfonso Rueda, sostuvo que la Administración autonómica tiene “plenas competencias” en esta materia para legislar y la ley de Moncloa es “un ataque directo” al principio de autonomía fiscal.

Este nuevo impuesto, que se introdujo para aumentar la recaudación y armonizar la normativa autonómica, se configura como un tributo directo, personal y complementario del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), que grava la riqueza de las personas físicas por encima de los 3 millones de euros. Tiene además un carácter temporal.

El TC rechaza suspender cautelarmente el impuesto a las grandes fortunas

Como primer fundamento del recurso de inconstitucionalidad, el Ejecutivo gallego alega vulneración de su autonomía financiera, ya que tiene las competencias sobre el Impuesto de Patrimonio, que es precisamente sobre el que actúa el tributo de solidaridad a las grandes fortunas, anulando y desactivando cualquier bonificación que pudiera aprobar la comunidad.

También sostiene la Xunta que se vulnera el principio de seguridad jurídica, ya que la entrada en vigor de la norma, el pasado día 29 de diciembre, provoca que el pago del tributo se produzca casi de forma simultánea. Esta circunstancia, aduce el Gobierno gallego, “priva a los contribuyentes del tiempo mínimo necesario para prever su tributación”.

El tercer argumento que se expondrá en el recurso ante el Constitucional es que se conculca el procedimiento legislativo en el sentido de que el tributo no se incluyó en el texto inicial de la proposición de ley llevada al Congreso, sino que se incorporó posteriormente en el trámite de enmiendas a una norma sobre una materia completamente distinta, “incumpliendo de esta forma la doctrina del TC sobre la conexión mínima de homogeneidad, la cual dispone que no resulta posible introducir enmiendas que no guarden relación con el objeto del texto inicial”.

Y es que el impuesto a las grandes fortunas se introdujo como enmienda al proyecto de ley que regula los gravámenes temporales a la banca y a las empresas del sector energético.

El Tribunal Constitucional admitió precisamente esta semana el recurso presentado por Andalucía contra el impuesto a grandes fortunas, aunque denegó suspender su aplicación de forma cautelar. La Junta andaluza alegó que vulneraba siete artículos de la Constitución, cuatro de su Estatuto de Autonomía y cinco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Por otra parte, el Consello de la Xunta también aprobó ayer la nueva orden de ayudas de la Consellería de Medio Rural para los planes de reestructuración y reconversión de la viña en Galicia, que contará con un presupuesto de 3 millones en la convocatoria de 2023. El objetivo es aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas, mejorar los sistemas de producción sostenibles y la huella ambiental de este sector, según destaca la Xunta. Así, se pretenden disminuir los costes de las explotaciones y apostar por su redimensionamiento al llevar a cabo “reajustes estructurales”.

También busca fomentar la adaptación de las variedades a las demandas del consumidor y preservar las viníferas autóctonas gallegas. Con ello, asegura, aumenta el grado de profesionalización del sector, al tiempo que se potencia el recambio generacional, tal y como lo ha resaltado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior al Consello. Podrán beneficiarse los viticultores inscritos en el registro vitícola cuyas viñas se destinen a la producción de uva para vinificación, con una superficie máxima subvencionable de 20 hectáreas por persona.

El Gobierno gallego también autorizó la contratación del suministro sucesivo de la vacuna frente al herpes zóster, por un importe total de licitación de 6.887.858 euros. Con esta contratación, se continúa con la protección de las personas mayores de 18 años pertenecientes a grupos de alto riesgo como son: trasplante autólogo de progenitores hematopéticos; trasplante de órgano sólido; tratamiento con fármacos anti-JAK; personas estables con terapia antirretroviral; hemopatías malignas; y tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia.

Rueda traslada al embajador francés su “inquietud” por el retraso del Corredor Atlántico

Rueda recibió ayer en audiencia al embajador de Francia en España, Jean-Michel Casa, al que trasladó su “inquietud” por el retraso en la ejecución del Corredor Atlántico ferroviario en territorio francés. Un proyecto que para Galicia resulta “fundamental” dado que sin la participación de Francia, esta infraestructura no tiene razón de ser. El Corredor Atlántico atraviesa media España y Portugal y discurre por toda la fachada oeste de la UE hasta el norte. Su objetivo es que funcione como una autopista ferroviaria de viajeros y mercancías, pero su desarrollo no entra en los planes prioritarios de Francia. La previsión de la UE es que esta infraestructura esté operativa en 2030, pero el Gobierno francés ha aplazado hasta 2042 la conexión Burdeos-Dax y la continuidad desde Dax hasta la frontera española ni siquiera tiene fecha. Ante este escenario, Rueda le informó de la reunión mantenida el lunes de la pasada semana en Vitoria en la que Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco —a las que posteriormente se sumaron Navarra y Aquitania—, formaron una alianza para reclamar que Francia no se desentienda del proyecto y se comprometa a ejecutarlo en los plazos previstos. Además, los gobiernos de España y Portugal remitieron también una carta a Bruselas para que le urgiera a Francia a lo mismo.

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