Las diferencias entre las pensiones vitalicias e indemnizaciones del Parlament y del Congreso

La polémica sobre si Laura Borràs debe cobrar del Parlament, en caso de ser condenada por prevaricación y falsedad documental, ha abierto un debate más extenso sobre los derechos económicos de los diputados de las Cámaras legislativas. Los Comuns plantearon una reforma para el caso concreto de la líder de Junts, centrada en evitar que alguien con una sentencia por corrupción pudiera percibir indemnizaciones de la Cámara catalana. Pero los socialistas se avanzaron y registraron una proposición de ley más amplia, que pasa por eliminar la prestación por cese y la pensión vitalicia de todos los expresidentes del Parlament. Ningún partido se ha opuesto a la iniciativa, pero hay matices.

Cs quiere ampliar el debate y eliminar también la prestación a los exjefes de la Generalitat, así como la asignación que recibe el líder de la oposición, unas reformas que afectarían a tres dirigentes socialistas –Pasqual Maragall, José Montilla y Salvador Illa–. Al otro lado, ERC mira hacia Madrid y pide acabar con las pensiones vitalicias que el Congreso y el Senado abonan a más de 200 diputados o a sus cónyuges viudos. En 2011, las Cortes eliminaron la norma, pero no se hizo con carácter retroactivo, por lo que dedican más de 200.00 euros al mes, lo que supone 2,5 millones de euros al año, a estas pagas.

El cobro de por vida

En el caso del Parlament, solo pueden recibir una pensión vitalicia los expresidentes jubilados que hayan ejercido el cargo durante más de dos años. Se trata de una asignación de un 60% del sueldo –que es de más de 155.000 euros anuales–. Actualmente la reciben Joan Rigol, Núria De Gispert y Carme Forcadell. Si no prospera la iniciativa del PSC, también tendrán derecho a recibirla Ernest Benach y Roger Torrent cuando se jubilen, mientras que Laura Borràs podría tener más difícil su concesión, porque ha cumplido los dos años de mandato cuando ya estaba suspendida como parlamentaria. Actualmente, estas pensiones cuestan unos 300.000 euros al año a las arcas públicas.

En el Congreso y el Senado había dos prestaciones hasta 2011: una pensión vitalicia –que permitía llegar a la pensión máxima– y unos complementos de ingresos. Para tener derecho a obtener la paga vitalicia era necesario haber ejercido durante un mínimo de siete años. Los que no llegaban a este tiempo podían pedir una complementación, más baja, que ya no existe, pero la reforma no fue de carácter retroactivo, así que la reciben 152 exdiputados y 63 cónyuges viudos. En total, tiene un coste anual de 2,5 millones de euros. Entre los que cobran más dinero, más de 3.500 euros al mes, figuran Mercè Pigem (CiU), Jaime Ignacio del Burgo (PP) y Pablo Castellano (PSOE).

La compensación ante la falta de paro

Los diputados no tienen derecho a cobrar el paro, pero las tres Cámaras prevén indemnizaciones para cuando son cesados y no tienen otros ingresos, ni públicos ni privados. Según la normativa catalana, cobran el 25% de la asignación mensual recibida según el cargo y multiplicada por el número de años ejercidos, o la parte proporcional en meses si se ha trabajado una legislatura. Si se ha ejercido durante dos, tres o cuatro, el porcentaje es del 50%, 75% y 100%, respectivamente. Se cobra mensualmente hasta que se agota la prestación o se consigue un nuevo trabajo y la última palabra sobre la concesión la tiene la Mesa.

Actualmente no hay ninguna prestación de este tipo activa. Las últimas diputadas que lo cobraron fueron Elsa Artadi (Junts) y Núria Picas (ERC) por un valor de 6.281 y 3.944 euros, respectivamente. Pero en legislaturas anteriores hay cuantías mucho mayores, debido a que algunos diputados estuvieron largos periodos en la Cámara. Por ejemplo, Albert Batalla (Junts) llegó a cobrar casi 40.000 euros, Dolors Camats (ICV) más de 33.000, una cifra similar a la de Glòria Renom (CiU), o Montserrat Capdevila (PSC) que cobró más de 22.000 –a pesar de sus implicaciones en el 'caso Mercuri'–. Pero una de las más altas fue la de Dolors Montserrat Culleré (PP) que recibió un total de 80.000 euros, tras pasar más de 27 años trabajando en la institución.

En el caso del Congreso, igual que en el Senado, la cuantía a recibir es equivalente a un mes de sueldo sin complementos –3.050 euros– por cada año de mandato o fracción superior de seis meses, hasta un máximo de 24 mensualidades. Por lo tanto, es una pensión que caduca a los dos años a más tardar. Lo máximo que se podría cobrar, tras 24 años en el cargo, son 73.200 euros, mientras que por una legislatura normal de cuatro años, la compensación es de 12.200 euros. Solo pueden cobrar esta paga los que hayan estado más de dos años activos. Actualmente, no hay ningún diputado cobrando esta prestación.

La indemnización extra para los presidentes

En el caso del Parlament, sin embargo, hay otra prerrogativa. Una indemnización extraordinaria en caso de haber ostentado la presidencia de la Cámara. Concretamente, tienen derecho a una asignación del 80% del sueldo –de hasta 155.000 euros– durante la mitad del tiempo que han ocupado el cargo, pero con un mínimo de una legislatura. Es decir, cuatro años. A día de hoy no hay ningún expresidente en esta situación, pero es la prestación de la discordia en el caso Borràs, porque le permitiría cobrar 120.000 euros hasta 2027, aunque fuera condenada por prevaricación y falsedad documental. Esta circunstancia no se da en el caso de los expresidentes del Congreso ni del Senado, aunque sus sueldos en ejercicio son más altos.

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