CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Congreso de los Diputados: espacio libre de retratos franquistas

La Mesa del Congreso, previa notificación de los servicios jurídicos, usó el martes tres argumentos para no quitar el retrato de Manuel Fraga: la decisión depende sólo de la propia Mesa, Fraga fue figura clave en la transición a la democracia y la cuestión escapa al ámbito de la ley de memoria democrática

Imagen de la Sala Constitucional del Congreso en la que se ven los retratos de los ’padres’ de la Constitución, entre ellos el de Manuel Fraga, último por la derecha.

Imagen de la Sala Constitucional del Congreso en la que se ven los retratos de los ’padres’ de la Constitución, entre ellos el de Manuel Fraga, último por la derecha. / Congreso de los Diputados

Ángel Alonso Giménez

El Congreso de los Diputados es una institución autónoma para decidir cómo organiza su espacio, y por tanto, para decidir qué retratos coloca en sus paredes y qué retratos quita. No hay regulación o norma que le concierna, ni siquiera la ley de memoria democrática vigente desde finales del año pasado. Por si no bastara este argumento dado por los servicios jurídicos de la Cámara esta misma semana, no tiene visibles imágenes ni de ministros ni de militares vinculados con la sublevación militar de 1936 y/o con la dictadura posterior.

Pero... un momento. ¿Y el retrato de Manuel Fraga, ministro en el franquismo y luego líder de Alianza Popular y presidente de la Xunta de Galicia, que puede verse en la Sala Constitucional del Congreso? ¿Habría que quitarlo o no? EH Bildu considera que sí, y de hecho, se lo ha pedido a la Mesa, que es el más alto órgano de la jerarquía parlamentaria.

Y la Mesa, durante la reunión del martes pasado, debatió el asunto, tal y como han contado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, dos fuentes. Fue un debate breve, pero interesante.

Antes de abordar las consideraciones, mencionar la votación, o por ser más preciso, los posicionamientos de los nueve representantes de los grupos en dicho órgano. PSOE, PP y Vox (tres, dos y un integrantes, respectivamente) se pronunciaron a favor de que el retrato de Fraga pintado por Hernán Cortés luzca en la Sala Constitucional del Congreso, así como que permanezca otra sala bautizada con su nombre. Unidas Podemos se manifestó en contra. Resultado: 6-3. Fraga sigue.

La vicepresidenta tercera, Gloria Elizo, ante la imposibilidad de la retirada (al menos por ahora), planteó la opción de que se añadieran a los retratos de la época franquista puntualizaciones similares a las que meditó el Ayuntamiento de Madrid cuando lo gobernó Manuela Carmena.

Pensó en las estampas de los tres presidentes de las Cortes durante la dictadura, Esteban de Bilbao, Antonio Iturmendi y Alejandro Rodríguez Valcárcel, los tres visibles en la galería de la planta primera del palacio del Congreso, pero también en Fraga. Esas puntualizaciones vendrían a recordar que o no fueron elegidos conforme a principios democráticos o que en sus vidas públicas figura una trayectoria no relacionada con la democracia.

Ana Pastor, del PP, vicepresidenta segunda, se manifestó en contra de esa posibilidad. La presidenta, Meritxell Batet, y el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ambos del PSOE, reprodujeron el criterio de los letrados al respecto, y añadieron, sobre la permanencia o no del retrato de Fraga, que si bien fue ministro del franquismo, participó activamente en la redacción de la Constitución y fue figura clave de la transición a la democracia. 

Y precisamente por eso, en la Sala Constitucional, su retrato pervive junto a los de los otros “padres” de la ley fundamental. Y pervivirá. Por ahora.

Contrario a la ley

Como se ha dicho, no a todos los diputados/as les gusta verlo ahí, y tienen sus razones. El pasado 2 de marzo, EH Bildu envió un escrito a la Mesa para que se quite el cuadro, y de paso, para que la sala “Fraga Iribarne” se llame de otra manera.

El grupo vasco recurrió a los artículos 30 y 31, que son los que consagran el estatus de la propia Mesa, que es el más alto en la jerarquía de la Cámara, para sustentar sus solicitudes y recurrió luego a la ley. “Se considera contraria a la memoria democrática la exaltación personal, entre otros, de los dirigentes de la dictadura”, señala la formación que dirige en el Congreso Mertxe Aizpurua. Fraga dirigió las carteras de Información y Turismo entre 1962 y 1969, rememora acto seguido.

Por tanto, “resulta totalmente incomprensible y contrario” a la norma que “un ministro franquista cuente, aún hoy, con el reconocimiento y exaltación que suponen los cuadros y la sala dedicadas” al posteriormente “padre” de la Constitución. A EH Bildu le choca que “una institución pública tan relevante política, social e institucionalmente como el Congreso de los Diputados” acoja vestigios artísticos de este tenor.

Esgrime un argumento más en el escrito enviado a la Mesa: Fraga era “el ministro responsable de las fuerzas de orden público cuando ocurrieron los trágicos sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, hechos que tuvieron como consecuencia la muerte de cinco trabajadores y decenas de heridos tras la actuación de la policía armada en el desalojo de la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga” de la ciudad vasca. Era éste un lugar clave, recuerda el partido, en la organización del movimiento obrero de la época y de las reivindicaciones de los derechos laborales.

Conclusión: “Consideramos que el proceder de Manuel Fraga Iribarne (...) no responde al espíritu de la Ley de Memoria Democrática y, por lo tanto, no merece el reconocimiento público de una institución como es el Congreso de los Diputados”.

Los letrados del Congreso

En los informes que transmiten a los nueve representantes de la Mesa el día anterior a las reuniones, los servicios jurídicos de la Cámara expresan criterio acerca de los asuntos a tratar en el orden del día. En el que remitieron el lunes 6 de marzo abordaron la petición de EH Bildu.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha accedido al texto: “Esta cuestión se refiere a una materia propia del régimen interior, competencia exclusiva de la Mesa y sobre la que la misma decide de forma autónoma en virtud de lo previsto en el artículo 31.1.1º del reglamento y en el ejercicio de una potestad no reglada, sino de carácter discrecional”.

Para que se entiende rápidamente: no hay regulación sobre la colocación o retirada de retratos como los que menciona EH Bildu, así que la Mesa decide conforme a su funcionamiento interno. Punto.

La pregunta surge sola: ¿y la ley de memoria democrática? Fuentes de la Presidencia del Congreso, consultadas por este aspecto, corroboran que no hay nada en la norma que concierna a la Cámara, pues el artículo que atañe, el 35, carece de alusiones concretas o apelaciones directas. En él se habla de “ministros” y/o “militares” relacionados con la sublevación militar de 1936 y la dictadura. Sí, Fraga fue ministro de Franco, pero también figura fundamental de la transición. Es el argumento de la mayoría de la Mesa, órgano con la potestad exclusiva al respecto, cabe recordar.

Efectivamente, el punto 4 del citado artículo 35 dice: “Carecerán de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la Dictadura. A tal efecto, no podrán mostrarse en lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público”.

En el Congreso no hay retratos de personalidades con esas características. Los tres de los presidentes de las Cortes en época franquista no fueron ministros ni fueron figuras militares, de ahí que escapen a la regulación recientemente aprobada. Y en cuanto a Fraga, lo ya escrito.

Respecto a esos retratos de los tres presidentes de las Cortes durante la dictadura, Esteban de Bilbao, Antonio Iturmendi y Alejandro Rodríguez Valcárcel, no es la primera vez que caen en la controversia. En la legislatura 2008-2011, Iñaki Anasagasti, del PNV, y Joan Herrera, de Iniciativa Per Catalunya-Verds, dos históricos de la Cámara, plantearon al entonces presidente, José Bono, que los retirase. Acudieron a la ley de memoria histórica que había impulsado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya habrán deducido que no tuvieron éxito.