El Congreso aplaca al Gobierno al ralentizar tres de sus leyes bandera: vivienda, 'mordaza' y 'sí es sí'

El Gobierno y el PSOE comenzaron 2023 con energía en el Congreso. A finales del año pasado, pidieron a Meritxell Batet que permitiera la habilitación de enero (mes sin actividad parlamentaria) para avanzar en las tramitaciones de tres propuestas legislativas: la ley de vivienda, la derogación de la ley 'mordaza' y la de eficiencia organizativa del servicio público de justicia. Dos meses después, las tres están atascadas.

Atasco es una palabra que suele emplearse en el Congreso. Es la palabra con la que, por ejemplo, Unidas Podemos describe el estado de siete propuestas legislativas atrapadas en el limbo de las prórrogas de enmiendas, entre ellas la proposición de nueva ley de salud mental o la de bebés robados. Ambas acumulan dos años de… Atasco.

Es la palabra que usa Ciudadanos para referirse a su propuesta de nueva ley sobre el ELA. El pleno del Congreso la tomó en consideración hace meses, pero no avanza. Sigue olvidada en un cajón a la espera de que la mayoría de la Mesa de la Cámara decida sacarla de la quietud más absoluta.

Atasco es también el término que empieza a caracterizar el trámite de la ley de vivienda. Va camino de los dos años. Aquí, al menos, ha habido intentos de acuerdo y empujones a la negociación. El último, el pasado martes. Parecía que sería una reunión definitiva. Fuentes parlamentarias que participan en las conversaciones entre Gobierno y PSOE, por un lado, y Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, por otro, transmitieron a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que se trataba de un punto de inflexión. 

Pero lo que se vislumbraba como un instante decisivo, un giro de guión, tornó en decepción. El primero en anunciarlo fue el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien en rueda de prensa, terminado el encuentro, dijo que en el documento enviado por el área de Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no quedaban reflejadas las propuestas de su formación. Una fuente implicada en la negociación confirmó el parón a este medio, pero evitó hablar de pesimismo o ruptura. “Seguimos negociando”, dijo. Sigue habiendo luz al final del túnel.

Es complicado para Unidas Podemos, ERC y EH Bildu el punto que afecta a la contención de los precios de alquiler en zonas tensionadas. Cómo regular esto con eficacia es difícil. Es más complicado aún para las formaciones independentistas lo que se refiere a la conciliación competencial entre administración central y administraciones autonómicas. 

Cataluña tiene una norma al respecto, que respalda Esquerra sin ambages, y por ello la formación republicana niega cualquier planteamiento que se entrometa en la normativa que avaló el Parlament. Los diputados vascos que dirige Mertxe Aizpurua en el Congreso no están poniendo el acento tanto en la delimitación competencial como en la eficacia de la medida, que todavía no atisban, y de ahí las reservas.

Habrá más reuniones porque el Gobierno y el PSOE quieren aprobar la ley. El presidente, Pedro Sánchez, afirmó el pasado miércoles en la Cámara, en respuesta a una pregunta precisamente de Aizpurua, que “ojalá” haya norma esta legislatura. Enfatizó que la “asignatura pendiente de la democracia” española, y por tanto de su Ejecutivo, es facilitar el acceso a una vivienda a los jóvenes. De legislatura faltan ya pocos meses. La urgencia empieza a notarse.

Otro aspecto clave de la negociación es una enmienda ‘antiokupa’ presente en una ley distinta, la de eficiencia organizativa del servicio público de justicia. El grupo socialista, a instancias del PSC, registró una propuesta para modificar la redacción, consistente en la agilización de los desahucios de inmuebles okupados. El compromiso forjado entre el PSOE y sus socios tiene que ver con la negociación de la ley de vivienda, sin embargo. Tiene que ver con sacar este aspecto de la norma sobre la justicia e incluirlo en la normativa de vivienda, pero con un planteamiento considerablemente diferente. 

El destino de esta enmienda, así como la huelga de los letrados de la justicia, están contribuyendo a que esa tercera ley en discordia que el PSOE quería mover en enero se encuentre, también, atascada.

Una comisión que no llega

La tramitación en enero de la nueva ley de seguridad ciudadana, destinada a derogar la “ley mordaza”, la impulsó la mayoría de los diputados socialistas. La dirección de Patxi López sabía que PNV, ERC y EH Bildu estaban por la labor. Y se pusieron manos a la obra. De hecho, el 1 de febrero la ponencia se reunió para cerrar el informe y enviarlo a la Comisión de Interior.

Todas las fuentes consultadas reconocieron que tanto a finales de enero como a primeros de febrero se había avanzado mucho en el texto. El 90% del contenido se había pactado y contaba con respaldo parlamentario suficiente. Cuestiones controvertidas se pulieron. 

Por ejemplo, eximir de responsabilidad a los organizadores de una manifestación que se tornaba violenta si previamente habían adoptado las debidas medidas de seguridad. Por ejemplo, en la rebaja de los topes de las multas y en el ajuste de los importes a la capacidad económica del sancionado. Por ejemplo, en la grabación de imágenes de los agentes. O, por ejemplo, en los preavisos de empleo de material antidisturbios en una concentración.

Pero cuatro escollos continúan. La devolución de los migrantes en frontera, que PSOE y Unidas Podemos pactaron tramitar a través de las modificaciones pertinentes de la ley de extranjería, es uno de ellos. Otro es cómo tipificar la falta de respeto a un agente. Un tercero versa sobre la desobediencia o resistencia a la autoridad. El último, acerca del uso de pelotas de gomas por parte de la policía.

El día que se reunieron para aprobar el informe, PSOE y Unidas Podemos presentaron sendas propuestas respecto a la multa por desobediencia (que deberá ser manifiesta, plantearon) y respecto de la sanción por falta de respeto (que deberá ser compatible con el ejercicio de la libertad de expresión). 

Fuentes parlamentarias han informado a este medio que no hay avances de ninguna clase en esos cuatro escollos. Si bien ERC facilitó la aprobación del informe en ponencia, dejó claro que no estaba dando un trágala. “Cero avances”, reitera una fuente. Ahora mismo, Esquerra no daría su voto a favor. Tampoco EH Bildu. Por tanto, la pinza PSOE-Unidas Podemos-PNV es insuficiente para acabar con la vigente ley de seguridad ciudadana, de 2015, época de gobierno del PP. 

Ésta es la razón por la que no se convoca la Comisión de Interior que habría de convertir el informe en dictamen, y en consecuencia, enviar al pleno el documento. Fuentes del Congreso señalan al respecto que el trabajo no cesa. 

Si a estos parones se añade la ralentización de la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’, cabe deducir que la agenda legislativa del Gobierno no atraviesa su mejor momento. Pueden cambiar las tornas en un visto y no visto. Puede desatascarse la ley de vivienda, incluso la derogación de la ley mordaza, sin duda. Pero la del ‘sí es sí’ pinta peliaguda. Habrá que esperar al 7 de marzo, fecha prevista para la toma en consideración. Y luego habrá que estar pendiente de los ritmos, derivados, en el Congreso, de las relaciones políticas. Relaciones, ahora mismo, en un momento incierto.