Cumplió. El informático Isaías Herrero ha admitido este lunes ante el tribunal que la presidenta de Junts, Laura Borràs, "sabía", le daba instrucciones y se ponían de acuerdo los dos para fraccionar los contratos por servicios informáticos que le encargó desde la Institució de les Lletres Catalanes y que para ello presentaría el presupuesto real, que sería el que se aprobaría, y otros dos "comparsas" o falsos. En total, 18 contratos que no debían superar los 18.000 euros. En total: 336.000 euros entre e2013 y 2017. "Acordamos dividir el trabajo en varios contratos", recalcó el imputado, Borràs será interrogada en la recta final del juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC).

Antes de iniciarse la sesión, los magistrados desestimaron la suspensión del juicio y que se hayan vulnerado el derecho de defensa y el de la presunción de inocencia, tal y como denunció en las cuestiones previas la defensa de la política catalana. Cuando el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, le preguntó a Borràs sin reconocía las acusaciones, la líder independentista contestó: "De ninguna manera. No he cometido ningún delito".

Con la confesión, Herrero ratificó con el acuerdo al que llegó con la fiscalía antes de que empezara el juicio el pasado día 10 de febrero. A cambio de sus palabras, la acusación pública rebajará la pena de seis años de prisión que inicialmente le pide al informático, que, de esta manera, intenta evitar el ingreso en prisión. Un tercer acusado, el empresario Andreu Pujol, que colaboró en la maniobra de fraccionar contratos, también ha llegado a un pacto con la fiscalía.

Isaías Herrero: "Acordamos dividir el trabajo en diversos contratos"

Correo por correo

Herrero ha reconocido durante su interrogatorio todos los correos que le incautaron en su ordenador en la entrada y registro a su vivienda y en los que figuran los que se remitió con Borràs sobre el fraccionamiento de los contratos. "No debían superar los 18.000 euros", recordó. Con esta cantidad, la que era directora de la Institución podía adjudicar directamente servicios. Herrero, que antes había sido colaborador de la dirigente independentista en el ámbito universitario y de la investigación, se le encargó el diseño de una página web y otros servicios digitales e informáticos para la Institució.

El acusado ha llegado a admitir que la misma Borràs se le ofrecía para ayudarle con las facturas por esas labores, pero que él le respondía que no hacía falta, que él lo haría. Además, según su versión, se intercambiaban datos para poder llevar a cabo esa operativa y, según la versión de Herrero, se ponían de acuerdo en como realizar los presupuestos y las empresas que debían incluirse. Se marcaba con un "ok" para distinguir la propuesta que debía tirar adelante y que era la real.

A preguntas de la fiscalía, el informático imputado ha ido reconociendo cada uno de los contratos y explicando los conceptos (que pactaba, según él, con Borràs) que en estos documentos se exponen. "Se me había dado estas instrucciones y que presentaran tres ofertas", explico. La fiscala le preguntó: "¿Quién le dio las instrucciones?. Respuesta rápida: "La señora Borrás". Sobre una cadena de emails cruzados con la que fuera directora de la Institució, Herrero precisó que en ella se expone "como se ha de dividir precios y conceptos de una factura". Esa explicación la ha repetido una y otra vez.

La fiscala Assumpta Pujol ha preguntado a Herrero por cada uno de los correos electrónicos cruzados con Borras. Entre los email confiscados hay uno de Herrero a Borràs de febrero de 2013: "La verdad es que se me hace extraño y complicado tener que hacer este 'trapi'… ya se que es lo que hay, pero ponte en mi lugar, tener que implicar a varias personas para que me hagan facturas de 3 kilos. Tengo que hacer facturas por todos los lados para cubrir todos los proyectos”. La líder de JxCat responde: "El presupuesto tiene que quedar como si fuerais profesionales independientes por los totales, que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000+IVA”. "Se me había dado estas instrucciones y que presentaran tres ofertas", explico. La fiscala preguntó: "¿Quién se lo indicó?". La respuesta fue rápida: "La señora Borràs". "Trapis y marrones, es lo que en lenguaje coloquial era la manera en que se presupuestaba y facturaba".

Herrero ha asegurado que le habló al tercer acusado, Andreu Pujol, al que conoce desde la adolescencia, de que operativa que le habían indicado para fraccionar los contratos y que él estuvo de acuerdo en colaborar facilitándole presupuestos ficticios. El informático también ha admitido que "en algún presupuesto" utilizó la firma de su amigo "sin su consentimiento".

El informático ha rechazado contestar a las preguntas de la defensa de Borràs. Los abogados de la presidente dejaron constancia de su cuestionario, donde se pretendía interrogar a Herrero que sustancias tóxicas consumía o si había sido condenado con anterioridad. "He tenido problemas con la droga" y, sobre todo, en el 2017, cuando tuvo problemas con la policía y la justicia (fue condenado a cinco años de prisión por tráfico de estupefacientes y falsificación de monedas), relató después a su abogada, Marina Roig. "Acepté mi responsabilidad", agregó.

Prevaricación y falsedad

La dirigente independentista, que fue suspendida como presidenta del Parlament tras abrirse el juicio oral, ha llegado a denunciar una persecución política contra ella por ser independentista. La fiscalía le reclama, sin embargo, seis años de prisión y 21 años de inhabilitación, al igual que para Herrero, por un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento público. Un tercer imputado, Andreu Pujol Martin, se enfrenta a tres años de cárcel. Las defensas reclaman la absolución.

Las fiscalas Assumpta Pujol y Teresa Duerto relatan en su escrito que la junta de gobierno de la ILC acordó el 20 de marzo de 2013, cuando Borràs ya ostentaba la dirección, encargar la elaboración de un portal web y su mantenimiento a Herrero. "Actuando de mutuo acuerdo y con unidad de propósito", los dos pactaron que la retribución por estos servicios informáticos se haría a través de la contratación administrativa, "fraccionando indebidamente en diferentes contratos menores" (de importe no superior a los 18.000 euros, sin IVA). "De manera recurrente", la dirigente de Junts otorgó 18 contratos a Herrero, "directa o indirectamente a través de otras personas físicas o jurídicas interpuestas".