Justicia

Los letrados mantienen la huelga pero tramitarán el pago de alimentos a menores y la celebración de bodas

Desde el Ministerio se les pide el cese de los paros, pero no hay ofertas concretas, según los huelguistas | Justicia apunta se trata de una huelga de "personas privilegiadas" que han elevado sus exigencias buscando una doble subida salarial

Un grupo de Letrados de la Administración de Justicia se manifestó durante la primera jornada de la huelga indefinida que empezó el pasado 24 de enero.

Un grupo de Letrados de la Administración de Justicia se manifestó durante la primera jornada de la huelga indefinida que empezó el pasado 24 de enero. / EP

Cristina Gallardo

Tras el fracaso de la negociación entre los letrados de la administración de justicia y el Ministerio, que tiene como consecuencia la continuación de las protestas que afectan desde el pasado 24 de enero a la actividad de los órganos judiciales de toda España, el comité de huelga que representa a las tres organizaciones convocantes de los paros ha realizado una serie de "recomendaciones" para que, en un "en un ejercicio de responsabilidad", se expidan los mandamientos de pago o transferencia en relación a las pensiones de alimentos de menores y que se celebren bodas en los Registros Civiles. Se trata de dos de las actividades que lleva a cabo este colectivo que se estaban viendo más perjudicadas por el conflicto.

Esta recomendación se realiza, según un comunicado del comité de huelga "dados los perjuicios causados a los ciudadanos y demás operadores jurídicos por unos servicios mínimos abusivos establecidos por el Ministerio para ganar el dato de las cifras". Igualmente, recomiendan a sus compañeros avisar de las previsibles suspensiones a los abogados con el fin de evitar desplazamientos innecesarios.

La reunión entre representantes de las tres organizaciones profesionales que convocaron los paros y el Ministerio de Justicios terminó a primera hora de este viernes sin acuerdo, tras un encuentro que se prolongó durante casi 16 horas.

Según el comité de huelga, por parte de la interlocución desarrollada por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, no se ha realizado oferta concreta más allá de “estudiar” salarios adecuados a los grupos de población, limitándose a solicitar reiteradamente la desconvocatoria inmediata sin compromiso concreto alguno. Justicia apunta por el contrario que se trata de una huelga de "personas privilegiadas, que cobran entre 40.000 y 60.000 euros año", y que han elevado sus exigencias "utilizando un lenguaje bélico" y buscando una doble subida salarial.

"No se trata de trabajadores que no llegan a fin de mes o peligra su puesto de trabajo", según manifestó el secretario de Estado en declaraciones a la prensa. Ha llegado a decir que, como vasco, ha negociado muchas veces bajo presión, "pero eso se acabó cuando acabó el terrorismo", en alusión a la concentración de letrados a las puertas del Ministerio al inicio de la reunión este jueves.

Desde el momento del inicio del encuentro, a las cinco de la tarde del jueves, los representantes de los funcionarios ni siquiera habían comido nada, señalan a El PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de este colectivo. Añaden que desde las doce de la noche las dos partes se encontraban sentados en la mesa de negociación "mirando al techo", sentados frente a frente sin entablar diálogo alguno.

Por parte del Gobierno sin embargo, se afirma que los funcionarios han abandonado la mesa de negociación después de haber elevado sus exigencias respecto a las inicialmente planteadas y sin plantear ninguna otra alternativa. Además de negarse a desconvocar la huelga para avanzar en el diálogo y la negociación, "decidieron plantear una nueva propuesta al Ministerio elevando sus exigencias salariales con un planteamiento que supondría una doble cláusula de enganche".

Cambio de interlocutor

Hasta la fecha la protesta tiene como balance que más de 152.000 los juicios y vistas han sido suspendidos en toda España, mientras que órganos como el Tribunal Supremo sigue en huelga en su mayoría, y permanece cerrado el registro general.

Precisamente los letrados de el alto tribunal han emitido un comunicado tras la ruptura de las negociaciones solicitando al comité de huelga que "solicite un cambio de interlocutor" al Ministerio, "de orden más elevado al Ministerio de Justicia y con mayor capacidad de decisión, que sea capaz de entablar un diálogo constructivo y real para el buen fin de la negociación". Dado que hasta el momento esta función la desarrollaba el secretario de Estado, la petición de los letrados del Tribunal Supremo parece apuntar al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Este colectivo, que integran 4.200 funcionarios en toda España, reclama una adecuación salarial que según esta parte cumple ya 14 años de retraso desde que en 2009 una reforma legal incrementó las tareas de las que son responsables. Justicia habla de una exigencia de la denominada 'cláusula de enganche' que el Ministerio no está dispuesto a asumir, y que consiste en que los letrados cobren un 85% de lo que cobra un juez.

Según Rodríguez, que ha comparado esta protesta con la que llevaron a cabo los controladores aéreos en 2023, la postura del comité de huelga es “insólita y contraria a la buena fe negociadora”. “Cuando uno se sienta en una mesa de negociación debe partir de las demandas inicialmente planteadas y estar dispuesto a hacer alguna concesión; la única propuesta hecha esta noche por los letrados de la Administración de Justicia demuestra una clara falta de voluntad de alcanzar cualquier tipo de acuerdo”, añade el secretario de Estado. Ha recordado que este año han tenido un incremento del más del 14 por ciento.

Por su parte, el miembro del comité de huelga -por parte de la Unión Progresista de Letrados- Juan José Yáñez ha señalado a las puertas del Ministerio que habían acudido a la convocatoria de la ministra Pilar Llop para iniciar un diálogo "honesto" que solucionara el conflicto. "Tras casi 17 horas de reunión ni hubo diálogo, ni hubo honestidad. El Ministerio de Justicia ha tomado de rehén a todos los ciudadanos españoles", ha manifestado.

La nueva propuesta presentada por los letrados de la Administración de Justicia, según el Ministerio, insiste en mantener la cláusula de enganche, que supondría referenciar la cuantía de sus retribuciones a las de los jueces y magistrados. La nueva exigencia supone que, además de que cada letrado, individualmente, cobre el 85% de lo que perciben los jueces de sus respectivos órganos judiciales.

Como el conjunto de la masa salarial de los letrados de la Administración de Justicia estará también referenciada a la masa salarial de la carrera judicial, en la práctica ello supondría una doble cláusula de enganche, es decir, una doble subida salarial.

Desde el Ministerio de Justicia se añade que se ha emplazado al comité de huelga estudiar una mejora de salario, basada en los grupos de población en los destinos de los letrados, que beneficiaría especialmente a los letrados con salarios más bajos, cuestión que los negociadores han rechazado.

Los letrados realizan una labor vital en la Administración de justicia, pues son los depositarios de la fe judicial y su intervención es clave en multitud de trámites que sin su firma no pueden salir adelante, como son la notificación de las sentencias. También son responsables la gestión de las cuentas judiciales, desde las que se realizan pagos tan importantes como los de alimentos, multas y depósitos, y calculan que ya hay unos 560 millones de euros pendientes de entregar como consecuencia de la huelga.

Jueces y abogados

Tras los últimos acontecimientos se han conocido las posturas de otros actores jurídicos como son los jueces. Hasta tres asociaciones han emitido comunicados en los que afean al Ministerio de Justicia que haya tardado tanto en convocar a los manifestantes e ignorado las reivindicaciones de este colectivo. Por otro lado, los jueces consideran inaceptable la denominada 'cláusula de enganche" porque "confunde las responsabilidades y funciones del Poder Judicial con la de un Cuerpo Superior de la Administración del Estado".

Además, el decano del colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha instado a los letrados de la administración de justicia a comunicar previamente, en todos aquellos casos que resulte posible, las previsibles suspensiones de cualquier tipo de acto procesal que no vaya a tener lugar por razón de la huelga convocada. “Hay que ser muy conscientes de que esta huelga también tiene un efecto perverso, con miles de profesionales y ciudadanos que, de conocer la previsible suspensión, hubieran evitado esos desplazamientos y esos gastos que conllevan, tan elevados en muchísimas ocasiones", explica en un comunicado.