Un sector mayoritario de los 15.000 funcionarios de las seis decenas de prisiones que rige el Ministerio del Interior están llamados a movilizaciones contra el Gobierno, cuando solo han pasado tres meses de la firma, el pasado 19 de octubre, de un acuerdo marco para la Administración del Siglo XXI. Lo han anunciado este jueves los sindicatos CCOO y ACAIP-UGT en rueda de prensa celebrada en Madrid.

"Cuando se firma un acuerdo es para cumplirlo", ha lamentado el presidente de ACAIP-UGT, José Ramón López, dirigiéndose públicamente a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Las centrales sindicales de los trabajadores de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias reclaman una reclasificación de las cárceles españolas, que conllevaría cambios en su modelo organizativo y condiciones laborales.

En octubre pasado, la Administración y los sindicatos penitenciarios se habían puesto como plazo de referencia el fin del año 2022, como ha recordado el dirigente de UGT para la Administración General del Estado, Carlos Álvarez. Las centrales denuncian "innumerables incumplimientos por parte de la Administración. ACAIP-UGT y Comisiones Obreras abandonaron el pasado día 9 una reunión con el Estado, y abandonan desde ahora, según han anunciado, "todas las mesas de negociación en el ámbito de prisiones".

La dirigente de CCOO Elisa Fernández ha pedido a la ministra "respeto por la negociación colectiva". y ha denunciado incumplimientos como el de la jornada de 35 horas, los permisos de teletrabajo o la disposición de fondos adicionales 2018-2020, que entra en su tercera año de postergación.

Déficit de personal

Silvia Fernández, secretaria general de Prisiones de CCOO, ha pedido en la rueda de prensa "poner en valor al trabajador penitenciario, porque es el garante de este servicio público esencial", y ha exigido al Gobierno que "no siga sembrando frustración".

José Ramón López ha aprovecha para subrayar una queja persistente de ACAIP-UGT: la falta de personal. Según su central, faltan 4.000 trabajadores en las cárceles administradas por el Estado (todas menos las vascas y las catalanas). "Si no tenemos personal, se merma la seguridad y se merma el tratamiento penitenciario", ha advertido.

Las movilizaciones, han anunciado los sindicatos, comenzarán en breve si la Administración no presenta una oferta que permita "reiniciar la negociación".