El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este jueves en el Senado la polémica a la ley del 'solo sí es sí', que a su juicio ha supuesto "un cambio de paradigma al incluir el consentimiento afirmativo como eje y elemento esencial" frente a los de delitos de violencia sexual, en línea con los postulados del Convenio de Estambul, "al tiempo que incorpora medidas preventivas, de protección y de reparación".

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este jueves en el Senado la polémica ley del 'sólo sí es sí'. A su juicio ha supuesto "un cambio de paradigma al incluir el consentimiento afirmativo como eje y elemento esencial" frente a los de delitos de violencia sexual, en línea con los postulados del Convenio de Estambul, "al tiempo que incorpora medidas preventivas, de protección y de reparación".

Durante su discurso inicial en la Comisión de Justicia del Senado, García Ortiz ha subrayado que "una víctima asistida, protegida, amparada, empoderada y con recursos suficientes puede afrontar con mejores herramientas la dureza del proceso penal". Ello conlleva beneficios no solo para la propia víctima, sino también para el procedimiento, pues asegura "una prueba de cargo imprescindible para la persecución y castigo del delito, evitando espacios de impunidad", ha subrayado.

Tras afirmar que no puede ser ajeno al debate político, social y mediático sobre los aspectos punitivos de la ley, el fiscal general ha afirmado que la postura de los fiscales sobre este asunto está bien definida y plasmada en el Decreto que dictó el pasado noviembre, que es el que establece que no se revisarán las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia sea susceptible de serlo también con arreglo al nuevo marco legal resultante de la reforma.

Sobre esta postura de su departamento, y en respuesta al senador 'popular' Fernando de Rosa, el fiscal general ha puntualizado que aún siguen esperando conocer la postura del Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado sobre la revisión a la baja de las condenas en ejecución por parte de otros órganos sino únicamente sobre los recursos que llegan en casación a su Sala de lo Penal, lo que es diferente.

En relación con su decreto del pasado mes de noviembre, ha defendido que busca la seguridad jurídica, para añadir que hay que pensar que un agresor sexual no debe estar privilegiado frente a cualquier otro delincuente a la hora de la aplicación retroactiva de la norma que le sea más favorable, como dio a entender que está ocurriendo.

Escasa respuesta sobre abusos de la Iglesia

En su primera intervención, a la que siguieron las preguntas de los diputados, García Ortiz se ha referido a los posibles abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, y ha informado a los diputados que por el momento ha habido contestación por parte de 29 de las 70 diócesis, con respuestas de modelo, la mayoría afirmando no tener abiertos casos en procesos canónicos, mientras que en otros supuestos se remitían a lo ya enviado a las fiscalías provinciales.

"A la vista de la escasísima información recibida, en los próximos días remitiremos los oficios oportunos a las entidades y congregaciones religiosas a las que aluden las contestaciones de la Conferencia Episcopal para recabar datos sobre abusos de los que la fiscalía todavía carece y sobre los que no ha sido informada", ha señalado.

Nuevas medidas contra la corrupción

Por otra parte, ha anunciado que su departamento trabaja "intensamente" en la elaboración de toda una batería de disposiciones "llamadas a conformar una verdadera doctrina de la Fiscalía General del Estado en materia de lucha contra la corrupción", que prevé publicar en los próximos meses.

"Desde la Fiscalía General del Estado se va a reforzar esta lucha, al tiempo que se ofrece toda la colaboración institucional para el impulso de las medidas necesarias para la simplificación y agilización del procedimiento penal, el favorecimiento de la colaboración, la protección de los testigos y los alertadores", ha añadido, para citar a continuación la importancia del fomento de los canales de denuncia ante incumplimientos internos o los mecanismos de control de la contratación pública.

Durante su comparecencia en la Cámara alta, García Ortiz ha aprovechado para anunciar sus objetivos para los próximos meses y ha citado la interpretación realizada recientemente para limitar el alcance de la reforma de la malversación. El criterio establecido pasa por definir como ánimo de lucro todos los casos en los que el responsable actúe con conciencia y voluntad de disponer de patrimonio, lo que fue incluido en el Decreto el pasado 25 de diciembre y será desarrollado en una futura Circular sobre la materia que prepara.

En este punto, y a preguntas del varios diputados, ha incidido en que la reforma está empezando a tener incidencia en los procedimientos en curso, si bien desde el ministerio público se realizó un "estudio riguroso" para llegar a una conclusión: "Se puede evitar cualquier espacio de impunidad, así de sencillo, porque todo atentado contra los caudales públicos tiene respuesta". 

Aval de las conformidades

En sus intervenciones los portavoces parlamentarios se interesaron por los asuntos que les afectan más de cerca. El más directo fue Josep Maria Cervera, en representación del grupo en el que se encuadra Junts, que centró sus preguntas en las conformidades alcanzadas por la fiscalía con coacusados en el juicio al que se enfrenta la presidenta de su partido, Laura Borràs. 

Según el senador catalán, eso “puede llevar a cualquiera a la cárcel, porque bastará una buena oferta para que declare lo que convenga (…) a espaldas del tribunal”. Sin querer pronunciarse sobre el caso concreto para “no inquietar a los jueces” que dictarán la sentencia, el fiscal general aseguró que las conformidades son un “instrumento reglado” sometido “al control de legalidad”.

Y a la de ERC, la senadora Laura Castel, le negó que la fiscalía actúe con sesgo. Y respondió a su pregunta de qué “grupo terrorista es el movimiento violento independentista catalán”, señalando que "lo que persigue el ministerio público es la violencia". Explicó que el Estado de derecho permite acudir a los tribunales cuando las decisiones del fiscal no gustan, con lo que respondió sin citar ningún caso concreto, entre otras, a las preguntas concretas sobre el espionaje con Pegasus a líderes independentistas catalanes.

Álvaro García aprovechó también su presencia ante los senadores para reclamar la necesidad de modificar la ley de enjuiciamiento criminal para dar la instrucción a los fiscales. Mientras tanto aseguró que intentarán “ganarse la confianza de la sociedad” con “las armas” existentes para dar a conocer su labor y demostrar que el ministerio público “no comete arbitrariedades”, porque se está en un Estado de derecho.