Tras meses de polémica por los "efectos no deseados" de la denominada ley del "sólo sí es sí", el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves entrar en el asunto y pedir a los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales todas las resoluciones dictadas en aplicación de la norma, lo que permitirá conocer tanto las rebajas como las decisiones que mantienen las condenas de los agresores sexuales.

La propuesta se ha adoptado por el Pleno del órgano y ha partido de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona. Tiene como objetivo hacer un análisis detallado de las incidencias surgidas en la aplicación de la ley y poder ofrecer datos contrastados de manera transparente, ha informado el órgano.

Con este objeto, el Pleno ha acordado que la Comisión Permanente provea al Observatorio de los medios materiales y personales necesarios para realizar esa labor. La propuesta, incluida en el turno de ruegos y preguntas del Pleno extraordinario convocado este jueves, no se ha sometido a votación como tal, pero tampoco ha despertado oposición de ninguno de los vocales, han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de este órgano.

Al menos 507 rebajas

Hasta el momento, y según una recopilación no oficial basada en los órganos que facilitan estos datos a los medios de comunicación, el número de condenados por delitos sexuales que se ha visto beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley impulsada por Igualdad asciende al menos a 507, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma, informa Europa Press. Desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal, se ha ordenado la excarcelación de 42 personas.

En todas las resoluciones de rebaja acordadas acordadas hasta ahora, los magistrados explican que estas revisiones se hacen porque el propio Código Penal, en su artículo 2.2, establece que siempre deberá aplicarse la ley "más favorable" al reo.

La ausencia de números oficiales dificultaba hasta el momento lograr una visión global del impacto de la ley de garantía integral de la libertad sexual puesto que muchos tribunales superiores y audiencias provinciales no facilitan datos concretos a la prensa, ya que no tienen obligación de hacerlo. Entre ellos encuentran órganos con gran volumen de asuntos, como son los de las cuatro provincias catalanas o la Audiencia Provincial de Sevilla.

La propia Montero calificó de "inaudito” el pasado domingo que aún no existan datos oficiales de cuántas sentencias se han revisado y cuántas no» y cuántas son firmes o no”.

Fracaso del pleno extraordinario

Por otra parte, el Pleno extraordinario celebrado este jueves para tratar de consensuar una respuesta frente al colapso del Tribunal Supremo, con el objetivo de pedir a las Cortes la modificación "urgente" de la reforma que impide a este órgano hacer nombramientos en la cúpula judicial, ha resultado un fracaso.

La reunión se planteó para abordar de forma monográfica qué decisiones adoptar ante lo que se considera una situación "insostenible" especialmente en el Tribunal Supremo, que acumula ya un total de 19 plazas sin cubrir -la cuarta parte de su plantilla-. Pero ni la propuesta elaborada por la Comisión Permanente ni otro texto alternativo han logrado los apoyos suficientes para salir adelante.

La propuesta "oficial", que ha obtenido únicamente 8 apoyos frente a 11, proponía remitir al Congreso y al Senado un informe elaborado por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo sobre el impacto que para la actividad de cada Sala provoca la actual situación, así como un segundo documento técnico en relación con las vacantes existentes en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales.

También instaba al Congreso y al Senado a proveer lo necesario para la inmediata renovación del Consejo y, en caso de no producirse esta, a devolver al órgano de gobierno de los jueces la competencia para efectuar nombramientos discrecionales. Los vocales Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Nuria Abad y Juan Martínez Moya, todos ellos miembros de la Comisión Permanente, han firmado un voto particular en el que insisten en la necesidad de hacer una declaración institucional y facilitar los datos a las Cortes para que procedan a actuar dada la gravedad de la situación.

La propuesta alternativa, a iniciativa de los vocales Enrique Lucas y Gerardo Martínez Tristán, sugería pedir a las Cámaras una habilitación expresa para realizar nombramientos en el Tribunal Supremo en tanto en cuanto el Consejo siga sin renovarse. La idea tampoco ha logrado los apoyos suficientes para salir adelante, pues la apoyaron únicamente ocho vocales.