El pleno del Tribunal Constitucional ha seguido el criterio que marcó este martes al rechazar la abstención de la magistrada Concepción Espejel y ha rechazado de plano por falta de legitimación el escrito de cinco diputados del PP, encabezados por el exministro Federico Trillo, que intentaba apartar por distintos motivos al presidente, Cándido Conde-Pumpido, y a los magistrados Inmaculada Montalbán y a Juan Carlos Campo de las deliberaciones relativas al recurso del aborto.

De esta forma el pleno evita quedarse sin quórum, lo que habría obligado a devolver al cajón el recurso más longevo de los que aguardan resolución en el tribunal de garantías. Habría sido la consecuencia de haber apartado a cuatro de los 11 magistrados que componen en la actualidad el órgano.

La inadmisión a trámite se fundamenta en que los exdiputados firmantes carecen de legitimación a título particular y en su propio nombre para solicitar la recusación pues, conforme los artículos 162.1 de la Constitución y 32.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, esta sólo corresponde a la agrupación de 50 o más diputados que interpusieron hace casi 13 años el recurso de inconstitucionalidad, en cuyo nombre no actuaban los cinco recusantes.

Cada uno por sí solo

Por lo tanto, cada uno de los recurrentes de forma individual carecen de legitimación para interponer de forma autónoma, en su propio nombre, pretensión alguna en el procedimiento, como reclamaban. La magistrada Concepción Espejel ha anunciado un voto particular, como este martes hicieron los magistrados de también tendencia conservadora César Tolosa, Ricardo Enríquez y Enrique Arnaldo con la decisión de la mayoría del pleno de no aceptar que se apartara Espejel.

Sus compañeros del Constitucional entendieron que el haber participado en la preparación del informe del Consejo General del Poder Judicial hace 12 años, cuando se aprobó el anteproyecto de la ley, no es motivo para abstenerse de las deliberaciones ahora. Y más teniendo en cuenta que el informe nunca se llegó a remitir al Ejecutivo. La recusación de Montalbán se basaba en el mismo motivo, porque ambas fueron vocales del CGPJ en el mismo mandato. La de Campo, por haber sido secretario de Estado de Justicia cuando se aprobó el anteproyecto y la de Conde-Pumpido como fiscal general del Estado, condición con la que el Consejo Fiscal remitió su informe al Gobierno.

Entrar en el fondo

Rechazada la recusación, los 11 magistrados comenzaron este martes a debatir el fondo del recurso contra la ley del aborto que lleva funcionando desde hace más de una década después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sustituyera el sistema de supuestos de 1985 por el de plazos: permite el aborto dentro de las 14 primeras de gestación y en las 22 primeras, por motivos terapéuticos.

El debate, que continuará este jueves, parte de la ponencia que ha empezado a ser discutida este miércoles. Solo cuestiona la ley en ciertos puntos, no en lo fundamental: los plazos. Discute la constitucionalidad de la práctica de entregar un sobre a la mujer gestante que quiere abortar con información. A juicio del ponente, esta circunstancia no garantiza la prestación del consentimiento informado porque no permite garantizar que haya leído los documentos, y por ello no se asegura la protección de los derechos fundamentales en conflicto.

Otros puntos de la ponencia disconformes con la ley son la regulación relativa a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, para que esta se garantice antes y también de su intervención; y una propuesta para que el aborto por malformaciones del feto no se apoye en el concepto de "salud social".

La ponencia es difícil que salga adelante tal cual. En ese caso, Arnaldo realizará una nueva propuesta, que es la práctica habitual en el Constitucional, o cederá el relevo a un compañero partidario de la posición mayoritaria, tras escuchar la postura de los 11 magistrados que componen el pleno.