Hacienda anuló una adjudicación de 4,5 millones a una contratista del 'Leopard' expedientada por amañar licitaciones

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un órgano no jurisdiccional de carácter independiente integrado en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, anuló el pasado 10 de marzo la adjudicación del Ministerio de Defensa de un contrato de 4,5 millones de euros a la empresa Comercial Hernando Moreno (Cohemo) para el mantenimiento de los sistemas contraincendios y antiexplosión en instalaciones y vehículos, entre ellos los diferentes tipos de carros de combate 'Leopard', según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Tanto la compañía madrileña Cohemo como su matriz, Hernando Moreno Cartera de Valores, S.L, están inmersas en una investigación que inició en junio de 2021 la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). A partir de la información recabada tras inspeccionar las sedes de las empresas, la Dirección de Competencia incoó un expediente sancionador el 30 de diciembre de 2021 contra estas y otras contratistas del Ministerio de Defensa, así como seis directivos "por manipular licitaciones relacionadas con el material militar".

La orden de investigación apunta que las empresas procedieron a repartirse de forma presuntamente irregular contratos "del Ministerio de Defensa, al menos desde 2012 hasta la actualidad, que podrían constituir prácticas restrictivas prohibidas". Al mismo tiempo, la CNMC detectó "intercambios de información sensible de los contratos objeto de licitación, normalmente con carácter previo a su adjudicación, así como de contactos frecuentes tanto por vía telefónica como por correo electrónico", prosigue el escrito de Competencia.

"Reparto de licitaciones"

Las otras firmas incluidas en las pesquisas de la CNMC "por posibles prácticas restrictivas de la competencia, consistentes en acuerdos para la manipulación y reparto de licitaciones convocadas en España para el suministro, mantenimiento y la modernización del material militar" son Casli, S.A. (Casli) y, la matriz de esta Inversiones Certin 5, S.L. (IC5), Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios JPG, S.A. y Star Defence Logistics & Engineering, S.L.

En concreto, en el caso del contrato de 4,5 millones para el mantenimiento de los sistemas contraincendios de los 'Leopard' y otros vehículos del Ejército de Tierra, el tribunal del Ministerio de Hacienda estimó de forma parcial el recurso que había interpuesto la empresa GLR Servicios y Sistemas contra Incendios SL, que había quedado segunda en el concurso. Esta sociedad consideraba contraria a derecho la decisión de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra de adjudicar los servicios a Cohemo.

La resolución del tribunal obligó al Ministerio de Defensa a anular la adjudicación y excluir a la ganadora, que fue expulsada por no aportar en su oferta "documento alguno" que probara que estaba habilitada "como instaladora y mantenedora de equipos de protección contra incendios que empleen halones como agente extintor", completa la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que previamente había suspendido el procedimiento de contratación.

La normativa que rige este contrato establece que en el caso de los gases denominados 'halones', uno de los requisitos que tenían las firmas candidatas al contrato era que tenían que estar inscritas en el registro de empresas instaladoras-mantenedoras de sistemas de protección contra incendios. Y este requisito no lo cumplía la empresa Cohemo, y pese a ello resultó adjudicataria en un primer momento.

"Recurso estimado"

"Dado que ninguno de los certificados aportados autoriza para el empleo de halones como agente extintor, como exige el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), este motivo de recurso debe ser estimado, anulándose la resolución de adjudicación, y retrotrayendo el procedimiento para que la empresa Cohemo pueda acreditar que ella misma, o alguna de las empresas que integre con ella su solvencia técnica, está habilitada por la comunidad autónoma para operar con halones, conforme al Real Decreto 115/2017", indicaba de forma textual en un primer momento el tribunal de Hacienda.

Pero esta empresa no fue expulsada simplemente por no tener la documentación exigida, sino que el tribunal tomó esa decisión porque pese a que fue avisada de que no cumplía los requisitos, después no hizo nada para solucionarlo: "El recurso debe ser estimado y, como ya se ha dado a la empresa Cohemo la posibilidad de subsanación, procede excluir a la empresa adjudicataria, por no ser admisible conceder un segundo trámite", concluye la resolución.

Un informe favorable

La adjudicación a Cohemo había recibido el informe favorable del comandante Antonio de Andrés Labrandero, en calidad de representante del Ministerio de Defensa, que había dado por bueno que otra empresa, que era fabricante de los equipos de extinción, pusiera a disposición de la adjudicataria sus propios medios para la ejecución del contrato de los carros de combate.

Tanto las empresas aludidas como el Ministerio de Defensa han declinado el ofrecimiento de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA de plasmar su versión de los hechos.