Ya se han implantado las primeras pulseras de control telemático de agresores sexuales excarcelados por una rebaja de pena con motivo de la aplicación de la ley del sólo sí es sí. El Ministerio de Igualdad ha confirmado este miércoles que ya se han instalado todos aquellos dispositivos que han sido solicitados por la justicia.

"Se han instalado todos los que nos han pedido judicialmente", ha anunciado en rueda de prensa la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien no ha precisado el número concreto de dispositivos por cuestiones de confidencialidad.

En diciembre, tras las "revisiones sorpresivas" y las "excarcelaciones imprevistas", la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género transmitió a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial que ponía a su disposición estas pulseras para dar tranquilidad a las víctimas de esos agresores que iban a salir de prisión antes de lo inicialmente previsto.

Desde entonces, son varias las pulseras ya instaladas. Se trata del dispositivo Cometa, que permite geolocalizar de forma telemática tanto al agresor como a la víctima para garantizar que el primero cumple la orden de alejamiento impuesta.

Si quebranta ese alejamiento, el sistema alerta a las autoridades.

Hasta este año, estas pulseras sólo estaban disponibles para casos de violencia de género en el ámbito de la pareja o la expareja, pero Rosell ordenó que se pusieran también a disposición de la justicia para estos casos de reducciones de pena por delitos sexuales, con el objetivo de dar tranquilidad a las víctimas.

El fin, ha dicho, es "dar seguridad a las víctimas a las que estas revisiones imprevistas o sorpresivas hayan generado inseguridad y una revictimización adicional".

Además, ha continuado, la implantación del dispositivo manda al agresor "el mensaje claro" de que no ha terminado su condena y sigue vigilado, por lo que de esta manera se contribuye a la disuasión de la reincidencia.

El año que viene estas pulseras ampliarán su ámbito de actuación a la violencia sexual, pues en el primer trimestre de 2024 los tribunales podrán decretar su uso en las condenas de delitos sexuales, cómo establece la ley del sólo sí es sí.

Según la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer, el 85 % de los agresores de violencia sexual son conocidos de la víctima. Rosell ha precisado que las penas por delitos sexuales deben llevar una orden de alejamiento superior a la pena de prisión, de uno a diez años más que el tiempo de cárcel, de ahí la utilidad del control de la geolocalización.

Las revisiones del solo sí es sí

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha lamentado que tras la entrada en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual se estén viendo "revisiones automáticas" a la baja sin tener en cuenta la reforma legal en su totalidad, que obliga por ejemplo a que se haya cumplido la mitad de la pena en prisión antes de acceder al tercer grado que permite la excarcelación.

O, en el caso de víctimas menores, la ley del sólo sí es sí establece que los agresores asistan a un programa de rehabilitación de violencia sexual antes de poder pasar al tercer grado.

"No se pueden aplicar los trozos más favorables y olvidarse del resto de la ley", ha denunciado, para añadir que el Gobierno respeta las resoluciones judiciales aunque no las comparta.

Rosell ha incidido en que son más las condenas de delitos sexuales que no se han revisado que aquellas en las que los agresores se han beneficiado de una rebaja de la pena por la aplicación del nuevo Código Penal.

La delegada ha asegurado que el ministerio fiscal se está oponiendo a la mayoría de las modificaciones y ha recordado que las condenas por delitos sexuales no sólo llevan aparejada una pena de prisión, también pueden incluir otras accesorias como son el alejamiento, la inhabilitación para determinadas profesiones y, en el caso de víctimas menores de edad, la exigencia de haber asistido a un curso de rehabilitación de violencia sexual.

Rosell ha insistido en que la ley del sólo sí es sí "va a proteger de manera mucho más clara a las mujeres", puesto que no sólo implica un cambio en el procesamiento judicial de los delitos, también en el acompañamiento a las víctimas antes, durante y después del procedimiento judicial para lograr su recuperación y reparación.

Ha reconocido que la entrada en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual ha provocado un "momento de difícil impacto" y de "desajuste" porque supone "cambio de sistema que aún tiene que cuajar en muchas mentalidades", ya que pone el consentimiento en el centro y deja de cuestionar la violencia sufrida por las víctimas, que hasta ahora afrontaban un "calvario probatorio": "Al cambiar la perspectiva no se preguntará a la mujer cuánto se resistió".

"Van a llegar más denuncias, más mujeres van a acceder a las denuncias. Deberían producirse más condenas y ser más eficaces. (...) Con la ley del sólo sí es sí, las víctimas van a sentirse más seguras y acompañadas en ese tránsito", ha aseverado.